El intendente pidió que se incluyan nuevas medidas de prueba. Su par de Tres de Febrero planteó que los datos del Censo 2022 son un elemento “probatorio” de la adulteración de los datos en 2010

Los últimos movimientos de Montenegro y Valenzuela en la causa que investiga la población de La Matanza

Vía La Tecla Mar del Plata

Las repercusiones por los datos provisorios del Censo 2022 llegaron a la Justicia, donde el intendente Guillermo Montenegro y Diego Valenzuela, su par de Tres de Febrero, realizaron nuevos pedidos para que avance la investigación por presunta adulteración de la población de La Matanza en 2010.

“El Censo 2022 se transformó en un elemento probatorio clave para demostrar la adulteración de datos en la población de La Matanza en 2010”, señaló Valenzuela.

Como es sabido, los nuevos datos expusieron una gran diferencia entre los habitantes que proyectaba tener La Matanza en 2022 (según el Censo 2010 iban a ser 2.374.149) con respecto a la realidad (1.837.774). Esas 536.000 personas de más y el impacto en el reparto por la coparticipación, representarían ,desde la óptica de Juntos, unos $85.000 millones que se deberían devolver a los otros 134 distritos bonaerenses.

En este sentido, Valenzuela pidió exponer ante la Justicia para detallar los perjuicios económicos que sufrieron los otros municipios. En el caso de General Pueyrredon, en el Ejecutivo estiman que le corresponderían unos $3.600 millones por lo que se habría llevado de más La Matanza en estos 12 años.

Asimismo, el jefe comunal de Tres de Febrero pidió que se convoque para prestar declaración testimonial a Mauro Infantino y Federico Tíberti, investigadores que pusieron en evidencia las inconsistencias respecto de la población del distrito de la tercera sección electoral.

En la misma línea, Montenegro solicitó al Juzgado en lo Criminal Correccional Federal N°11, donde está radicada la denuncia, que se incluyan como medidas de prueba en la causa las últimas variaciones en la población de La Matanza; un pedido de informe al Indec “para corroborar cada una de las cifras expuestas”; y la realización de una pericia contable “que confirme o deniegue la existencia de perjuicio económico”.

¿Por qué se sigue de cerca la cantidad de habitantes del distrito de la tercera sección? La Ley Provincial N°10.559 establece que la distribución de los recursos coparticipables se efectúa de acuerdo al CUD (Coeficiente Único de Distribución) que el Ministerio de Hacienda y Finanzas establece de manera anual para cada localidad. El 58% de esas partidas se distribuyen entre los municipios según tres criterios, siendo el principal la población, representando el 62% de dicho ítem.

En lo que respecta a los municipios de la Costa, Pinamar, Villa Gesell y Monte Hermoso se hace una excepción: se toma como población la resultante de la suma de los residentes permanentes en el lugar, más la doceava parte del caudal turístico receptado. En este apartado el gobierno pide una revisión al entender que General Pueyrredon, cabecera del turismo provincial y nacional- recibe una gran cantidad de visitantes estacionales, lo que también abriría una puerta para mejorar las transferencias de Gobernación.

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