El Ejecutivo presentó la iniciativa por la cual busca expropiar la denominada “Quinta de los Méndez”, en Tandil, donde se instaurará un establecimiento de promoción de Derechos Humanos, cuya construcción está prevista en diez años.

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El Poder Ejecutivo bonaerense envió esta semana el primer proyecto de ley del año a la Legislatura bonaerense, para que apruebe la expropiación de un predio donde se creará un “Centro de la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos”.

Mediante la iniciativa se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble ubicado la ciudad de Tandil, para ser asignado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos. El lugar es denominado como “Quinta de los Méndez”, está ubicado en el paraje “Los Laureles” de la ciudad de Tandil, y allí funcionó un centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico militar.

En su discurso de apertura de sesiones, el gobernador Axel Kicillof había adelantado que era una de las iniciativas que enviaría el Ejecutivo para el tratamiento en el Parlamento este año y se convirtió en el proyecto de ley A1 de 2023.

El artículo primero declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble y en el artículo segundo se consigna que “será destinado para la construcción, en el plazo de diez (10) años, del ‘Centro de la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos’, el que funcionará en la órbita de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”.

Entre los fundamentos que acompañan el proyecto se consigna que “la finalidad es la preservación del lugar que funcionó como centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico militar, incluyendo su infraestructura, el resguardo de fondos documentales, base de datos y otras fuentes de información que den cuenta del funcionamiento represivo ilegal, como así también a la labor pedagógica y toda acción destinada a la transmisión de la memoria y la promoción de los derechos humanos”.

En otro párrafo de los extensos argumentos por lo que se promueve la ley se subraya que “la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación del inmueble ya aludido está orientada a constituirse en una medida de reparación y una acción que promueva la memoria, el derecho a la verdad, la dignificación de las víctimas del terrorismo de Estado y a difundir la perspectiva de derechos humanos como horizonte de sentido para la construcción de una democracia justa, igualitaria e inclusiva”.

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