Con el respaldo de la experiencia internacional, legisladores provinciales buscan dar un marco normativo a esta práctica judicial. De qué se trata y qué implica este concepto.
Víctimas y comunidad siendo parte de la resolución de conflictos es la piedra basal de la justicia restaurativa, un nuevo paradigma para el tratamiento del delito juvenil. Aplicada ya en varios municipios de la provincia de Buenos Aires con diferente alcance, es una práctica recomendada por la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad) y las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la Justicia de adolescentes.
En el municipio de San Martín fueron pioneros en este tipo de prácticas. “Si analizamos el comportamiento de los adolescentes vemos que no necesariamente cambia frente a la sanción o la amenaza de la sanción. Los adolescentes no responden a la amenaza, no como un adulto. Teníamos que encontrar algo que funcionase mejor que el proceso penal tradicional. Lo que pretende la restauración es, además, reparar el vínculo que se dañó al cometerse un delito o transgresión”, aseveró Horacio Monsalvo, director de Mediación de esa comuna.
Extendido a varios territorios, ahora es la Legislatura bonaerense la que recoge el guante, con la idea de convertir en ley esta visión disruptiva en el tema del delito juvenil. Para llevar adelante esta política se tomaron como ejemplo las experiencias de los países europeos, incluidos los anglosajones. Y dos de especial influencia: Bélgica y Cataluña.
Según el Ministerio Público Fiscal bonaerense, las mediciones penales, entre ellas las restaurativas, suponen “entender el delito como un conflicto, brindando la oportunidad de un abordaje que posibilite la asunción de responsabilidad del joven y el reconocimie nto y reparación del daño ocasionado”.
En varios departamentos judiciales existen grupos especializados en esta modalidad, contando con protocolos de actuación elaborados a partir de sus prácticas. Entre ellos, Zárate-Campana, Lomas de Zamora, La Matanza y San Martín. Además se realizan abordajes juveniles en las Oficinas de Resolución Alternativa de Conflictos (ORAC) de Bahía Blanca, Junín, Mar del Plata, Moreno, Necochea, Pergamino, San Nicolás, Trenque Lauquen y Tres Arroyos.
INDICADORES
La mediación, camino para otro modelo de Justicia en la Provincia
Sin datos oficiales, La Tecla pudo saber que sobre el total de casos finalizados en el mes de febrero de 2023 (38), el 34,21% (13) se hizo posible con la mediación, alcanzándose acuerdos en el 92,3% de los mismos. Desde la Procuración bonaerense aseguran que aún no fueron convocados para participar del proceso iniciado en la Legislatura, aunque indican que ya se aplica la metodología de justicia restaurativa en niños, niñas y adolescentes. De los datos finales de 2021 se desprende que en la Provincia se mediaron 6.067 casos, de los cuales 4.588 se cerraron con acuerdos. Hubo 323 prácticas restaurativas, con 166 casos mediados y 141 de ellos con acuerdos.
Según se registra en las ORAC, la mayor cantidad de acuerdos alcanzados fueron por delitos como amenazas, lesiones culposas y leves, daño, hurto, usurpación de inmueble, estafa, impedimento de contacto, alimentos, denuncias, lesiones en conducción de automotor, defraudación por retención indebida y averiguación de ilícito.
ALFREDO FISHER (FDT)
“Hay experiencias donde se ven índices más bajos de reincidencia”
El senador Alfredo Fisher (FdT) afirmó: “La justicia restaurativa implica que la persona ofendida -en la justicia ordinaria, la víctima- y, también, el ofensor, el victimario, puedan encontrar, con la regulación del Estado a través de un facilitador o mediador, un camino para que se subsanen las consecuencias de un delito penal”. Además consideró: “Hay experiencias donde se ven índices más bajos de reincidencia cuando el ofensor reconoce su ofensa, se compromete a una determinada restauración para con la persona ofendida, la cumple y, tanto el ofendido como su familia, su entorno y la comunidad, aceptan que el ofensor cumplió con esos compromisos asumidos. En este proceso se da lo que llamamos la restauración hacia la persona ofendida, puede ser una familia o una comunidad, y, también, hacia la sociedad que lo contiene”. El exintendente de Laprida explicó: “Estamos tratando de conformar el texto que nos pueda ayudar a resolver problemas referidos a juventud y niñeces en la Provincia. No va a sustituir al sistema jurídico formal, queremos que contribuya, en casos especiales, a resolver esto sin llegar a un mal mayor”.
Fisher agregó que ofensores y ofendidos “deben manifestar de manera taxativa y documentada su voluntad de ingresar en un proceso de este tipo. En ese momento ingresa el facilitador, que va a ir encontrando el camino para que el Estado pueda avalar un acuerdo entre dos partes”.
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