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11 de abril de 2023
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Seguridad en el transporte: varios actores y cientos de millones… ¿evaporados?

La Provincia asegura que puso casi 2.700 millones para instalar cámaras en los micros. Las empresas argumentan que debieron usar los fondos para gastos corrientes. Intimaciones y el costo social de medidas más contundentes.

Seguridad en el transporte: varios actores y cientos de millones… ¿evaporados?
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Funcionarios provinciales, empresas de transporte y la UTA se sentaron ayer, por segunda vez, a la mesa de diálogo creada tras el asesinato de Daniel Barrientos,  chofer de la línea 620, en La Matanza.

El hecho violento que sufrió el ministro de Seguridad, Sergio Berni, por parte de los trabajadores compañeros de la víctima activó las alarmas y movilizó a las partes para buscar una solución.

El gobernador Axel Kicillof, acompañado por el propio Berni y el responsable de Transporte, Jorge D´Onofrio y por el jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, encabezó la reunión con las cinco cámaras de empresas de transporte (CTPBA); (CEAP); (CETUBA); (CEUTUPBA)y (AAETA) y los representantes gremiales de los choferes.

El resultado fue la promesa de activar la conexión al Centro de Monitoreo de las cámaras que ya están instaladas en colectivos, y la colocación de botones antipánico en aquellas unidades que todavía no cuentan con monitoreo. 

Abordados por los periodistas luego de un par de horas de debate a puertas cerradas, las cámaras patronales se mostraron lacónicas y no respondieron a la que es, tal vez, la mayor de las incógnitas por estos días: ¿qué destino tuvieron los casi 2.700 millones de pesos que la Provincia les otorgó para instalar las cámaras de seguridad en las unidades? “Es un tema complejo”, repetían una y otra vez, para perderse luego entre los amplios pasillos de la Gobernación provincial.

Desde la cartera que conduce el massista D´Onofrio aseguraron a La Tecla.info que, tras la aprobación de la ley durante la gestión de María Eugenia Vidal (fue un proyecto del entonces oficialista Sergio Domínguez Yelpo), la gestión de la ahora diputada nacional no se controló que las empresas avanzaran en la implementación de los sistemas de seguridad en las unidades.

“Tras el cambio de gobierno, se apunta a que se centren las medidas en la colocación de cámaras de videovigilancia”, sostienen desde el Ejecutivo de Axel Kicillof, en referencia a la resolución que se firma entre el mandatario, Berni y el entonces secretario de Transporte (no existía el ministerio), Alejo Supply.

Eran 1.200 cámaras que se instalarían a bordo de los colectivos a modo de prueba, que continuaron luego de que D´Onofrio ocupase la recién creada cartera, produciéndose lo que se conoce como “cambio de parque automotor”, que permitió actualizar la información referente a cantidad de micros, número de patente y de chasis y otros datos de cada empresa.

“Fue en ese momento cuando se transparenta que las empresas no habían colocado las cámaras prometidas”, aseguran desde Transporte provincial, a pesar de que el aporte de la Provincia subió de 166 a 190 millones de pesos mensuales. Y se intimó a las compañías a poner las barbas en remojo.

Sin embargo, las patronales aseguran que los subsidios que otorgó la Provincia son insuficientes como para solventar sus gastos corrientes, entre los que se encuentran el costo del combustible, cambio de cubiertas o reparaciones en general. “No tuvimos otra opción que destinar ese dinero a mantener las unidades”, señalan desde los empresarios del sector.

En un comunicado, incluso, las empresas reconocen la difícil situación y sostienen que la inflación desactualizó los montos, aunque en la reunión, según pudo saber este medio, D´Onofrio los cruzó para recordarles que un decreto actualizó las cifras y hasta se aprobó una compensación retroactiva.

“En el momento en que se les enviaba el dinero, más de 160 millones de pesos todos los meses, les alcanzaba para comprar las cámaras, pero usaron el dinero para otras cosas”, reclamaron desde el Ejecutivo. Y reafirmaron que, a partir de ahora, no habrá más líneas de crédito ni ninguna otra ayuda hasta que se cumpla lo pactado con respecto al monitoreo.

Desde algunos sectores apuntaron también a cierta “desidia” por parte de la Provincia en reclamar, de manera más firme, que las empresas coloquen las cámaras comprometidas. O que se tomen medidas para sancionar a las que no cumplieron con los acuerdos.

“Se los intimó, pero el paso siguiente es sacarla la concesión, y eso significaba dejar a la población sin 7.000 colectivos. Les arruinamos la vida”, replicaron. Y señalan que “la Provincia ha hecho un esfuerzo, hay una cantidad importante de cámaras instaladas.
Obviamente no la que todos queremos. La reunión no tiene que ver con establecer responsabilidades o intimar a alguien, sino cómo le mostramos a la sociedad que vamos a tener estos elementos a disposición. Está claro que no se va a pagar dos veces por lo mismo”.
 

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