31 de diciembre de 1969
Informe
Polémica Provincia - Nación por la despenalización
El gobernador Scioli salió al cruce de la propuesta en la que trabaja el ministro Aníbal Fernández para modificar la ley de Estupefacientes. La opinión de personas que, de una u otra manera, están relacionadas con el tema
Esta semana Daniel Scioli ratificó su rechazo a la despenalización de la tenencia de drogas para uso personal. Incluso de las consideradas blandas.
“Estoy en contra de la despenalización. No quiero la droga en ninguna de sus formas. Soy muy claro. No puedo quedar bien con todo el mundo: o defiendo a la gente, o defiendo la vida, o defiendo la droga. Y yo tengo muy clara mi posición”, sostuvo el mandatario bonaerense.
La postura del Gobernador se contrapone con la del Ejecutivo nacional, que impulsa, a través del ministerio de Justicia -el encargado de redactar el proyecto es el Comité Científico Asesor en materia de Drogas y Narcotráfico-, un cambio en la ley de Estupefacientes, con la idea de “dejar de criminalizar al consumidor de drogas y armar una red social y laboral para que el Estado deje de gastar millones en perseguir adictos beneficiando al narcotráfico”.
Consultadas por La Tecla, fuentes de esa cartera descartaron responder los dichos de Scioli. Aseguraron que “no se van a rebatir las declaraciones de Scioli porque, para discutir políticas públicas, existen ámbitos institucionales”. Además, aclararon que “el Gobernador, en mayo pasado, adhirió a la encuesta nacional de drogas que realizaron técnicos del INDEC con la conducción del Comité Científico”.
La idea de Nación
Desde el sector que impulsa la iniciativa de despenalización se considera injusto que la ley condene con igual tiempo de prisión al joven que fuma un porro que al narcotraficante, que lucra con el negocio ilegal. Por ello, la propuesta es efectivizar cambios en todas las políticas públicas con eje en la salud y no en la represión de los consumidores.
Un estudio del Comité de expertos señala que el 70% de las causas judiciales por violar la ley de Drogas tiene que ver con la tenencia para consumo personal (pequeñas cantidades decomisadas por la policía al registrar personas en la vía pública), y que solamente el 30% restante corresponde a personas investigadas por supuesto tráfico.
Según el relevamiento, “durante 2006, de las más de 22.000 causas penales iniciadas por supuestas infracciones a la ley de Drogas, unas 15.400 fueron expedientes en los que se investigó y acusó a usuarios y no a narcotraficantes”.
A partir de un trabajo sobre los gastos que hicieron las distintas fuerzas de seguridad que detuvieron a esas personas, el sistema carcelario, las fiscalías, juzgados y defensorías federales que actuaron durante el proceso, el mismo Comité determinó que la cifra invertida en perseguir a consumidores fue de casi 180 millones de pesos.
Los académicos sugieren que al despenalizar la tenencia para consumo, con los recursos que se ahorrarían se podrían “equilibrar los presupuestos, que durante años han priorizado la seguridad en perjuicio de la prevención”.
Por otro lado, plantearon que, en realidad, el consumo de sustancias ilegales no está tan asociado con el delito y la muerte como lo está el del alcohol.
“Las muertes producidas como consecuencia del tabaco y del alcohol superan holgadamente a las producidas por sobredosis de sustancias ilegales”, explicaron.
El anteproyecto
La aspiración del Gobierno era que antes de fin de año el Congreso empezara a trabajar sobre un proyecto de ley oficial que reforme la ley de Drogas y no penalice al adicto que es sorprendido por la policía con sustancias en su poder para consumo personal, sino que facilite su tratamiento.
Pero, si bien ya existe un borrador que modifica la ley 23.747, sería tratado en 2009.
“El concepto es no usar al Estado para perseguir a los adictos sino al narcotráfico. El 80% de los recursos se gastan en causas judiciales que investigan a consumidores de marihuana”, explicó una fuente del área de Justicia. La propuesta oficial es, entonces, que la cartera que comanda Fernández se dedique con toda dureza a la persecución e investigación del que organiza, trafica, vende, financia e integra la red de tráfico, y que, en paralelo, se asista a los adictos.