Mar del Plata: los pendientes del Concejo Deliberante
Con la campaña, la elección general y el hipotético balotaje mediante, el Legislativo encara el último cuatrimestre del año con varios temas de peso en el tintero.
El 2023 entra en el terreno de sus cuatro meses finales con la campaña y las elecciones generales como plato principal. El Honorable Concejo Deliberante (HCD) de General Pueyrredon, cuya actividad mermó en la previa de las PASO, ingresará al período con algunas cuentas pendientes. Si bien el resultado de octubre es una incógnita, ya se sabe quiénes no continuarán y quiénes tienen mayores chances de ocupar una banca a partir de diciembre ¿Cuáles son los desafíos que quedan para el cuerpo deliberativo actual?
El Legislativo afrontará expedientes que buscan convertirse en ordenanza, así como jornadas de trabajo y comisiones especiales. No obstante, lo hará en un contexto tumultuoso: el próximo 2 de septiembre comenzará la campaña formal, mientras que el 22 de octubre serán las elecciones generales. El vuelco de la política hacia la actividad proselitista podría continuar hasta noviembre, en un hipotético balotaje. Al momento, el HCD contó con seis sesiones públicas ordinarias y cuatro especiales.
Remitido a fines del 2022, el pliego del Servicio Integral de Transporte Urbano (SITU) fue sindicado por todas las fuerzas como el principal expediente del período 2023. Sin embargo, hasta el momento solo tuvo dos tratamientos efectivos, de los cuales no se desprendieron definiciones. La movilidad urbana es una de las áreas sensibles del Municipio, por su visibilidad e impacto directo en la gente. La política ya mostró las dificultades para llegar a un acuerdo en el 2021, la última vez en la que se había puesto a disposición un pliego. Desde entonces, y hasta diciembre de este año, la concesión del servicio fue prorrogada.
La llegada de las plataformas digitales de transporte a la ciudad se convirtió en un tema de largo aliento, que tuvo al conflicto con choferes de taxis y remises como principal emergente. La cuestión de las apps perdió visibilidad de forma proporcional a la merma del conflicto que mantiene la Comuna con los taxistas. No obstante, los dos proyectos relativos al tema se encuentran freezados desde hace meses. El original busca crear un registro de prestadores de dicho servicio; y el segundo, diseñado a raíz de la beligerencia y la falta de acuerdo, postula un plebiscito para determinar la llegada de las plataformas a la ciudad. El poroteo en Legislación, desfavorable para el oficialismo, aparece como la principal razón. ¿Apostarán a la nueva disposición del Concejo a partir de diciembre?
La explotación publicitaria del mobiliario urbano de la ciudad generó ruido apenas ingresada, en julio de este año. La misma busca licitar los espacios públicos para propaganda por los próximos diez años. Al igual que ocurrió en el 2021, el empresariado local del rubro consideró “excluyentes” las cláusulas del pliego y aseguró que pedirán la Banca 25. El despacho, que pasará por seis comisiones - una cantidad inusual en el Concejo-, todavía no tuvo tratamiento efectivo.
A su vez, el órgano parlamentario adeuda la resolución de cuestiones extraordinarias o que exceden al trabajo diario. Una de ellas es la municipalización de Mogotes, que tuvo un primer encuentro entre ediles y funcionarios, donde se trazaron puntos por venir. La otra es la regulación de la actividad de los cuidacoches, que, si bien cuenta con antecedentes, adolece de una reglamentación actualizada. En la misma línea, la comisión de compensaciones urbanísticas busca elaborar una ordenanza marco.
Las elecciones de la Defensoría del Pueblo, donde la política también mueve fichas, dependen del Concejo, que fija la fecha y la estructura del método de votación. El proyecto para la reducción de tres a un defensor, todavía no probó la madera del recinto de sesiones.
Mogotes, ¿antes de fin de año?
El traspaso del complejo balneario y comercial de manos de Provincia a la Comuna es un tema de larga data en el Legislativo tanto local como bonarense. La primera jornada de la Mesa de Trabajo, realizada en julio, dejó como principal conclusión que el haber que mantiene la Administración Punta Mogotes (APM) con el Estado provincial -y que deberá pagarse para que vuelva a la órbita municipal- es de $14.177.000. El monto fue calificado desde las filas del Ejecutivo como “accesible”. El futuro de la planta de la APM y de los contratos de los actuales concesionarios fue la principal duda que los ediles buscaron desactivar ante los administradores.
De aquel encuentro surgieron como puntos a seguir una reunión con los empresarios actuales del complejo y, por el otro lado, la definición de cómo se llevaría adelante el pago, una cuestión atravesada por lo jurídico. Una nota particular del debate fue que, en el marco de lo electoral y la grieta, los ediles de todas las fuerzas coincidieron en la importancia de la restitución de la administración de los 24 balnearios y sus derivados. No obstante, varios actores señalan que un punto central en el debate es quién ocupará el sillón de Dardo Rocha a partir de diciembre del 2023.
El poroteo en tiempos de campaña
Con el advenimiento de las elecciones, las relaciones de fuerza, las alianzas y tensiones internas comienzan a jugar un rol más preponderante en las votaciones del Concejo Deliberante. En la composición actual, el oficialismo no cuenta con mayoría propia. La oposición, por su parte, requiere de una unificación total para dar vuelta el conteo en las sesiones, algo que, sin embargo, no aconteció en el último plenario. En varios proyectos, UP y Acción Marplatense, socios en lo electoral, votaron de forma diferente. Carrancio y Lauría mecharon apoyos y negativas.
Compensaciones urbanísticas: en busca de una ordenanza general
En 2021 se aprobó la ordenanza 25.114, que estableció el Régimen Promocional para la Reactivación de la Industria de la Construcción, aplicable a los distritos contemplados en el Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.). En lo concreto implicó la flexibilización de indicadores urbanísticos para alentar a los desarrolladores a iniciar obras. Durante 2022 y 2023, la agenda legislativa incluyó numerosas excepciones a los indicadores urbanísticos, en especial sobre la línea de costa y el casco urbano histórico de la ciudad. Con la puesta en valor de edificios patrimoniales, las empresas obtuvieron mayor cantidad de metros o usos de suelos más variados.
Como complemento de los incentivos se sancionó la ordenanza 25.115, que creó la “Comisión para el Análisis de un Sistema de Compensaciones Urbanísticas”. Dicha instancia, dependiente de la comisión de Obras, tendría dos años desde su constitución para elaborar una ordenanza general que regule todas las situaciones. No obstante, a menos de 80 días para que dicho plazo se cumpla, la comisión apenas tuvo actividad y no existe un boceto del proyecto.
La polémica en torno a las compensaciones tiene varias aristas. Una es la de quién fija el monto y en base a qué precios de referencia. Otra es en qué porcentaje y hacia dónde son destinadas. En los proyectos aprobados este año se dirigieron hacia el Distrito Tecnológico. Hay antecedentes en los que la compensación fue utilizada para refaccionar o equipar espacios públicos, como plazas. Un sector de la oposición, por su parte, solicitó que se tengan en cuenta barrios populares de la ciudad. En todos estos debates, la falta de actualización, la carencia de normas generales o un horizonte gris en materia de planificación aparecen como un eje transversal en una rama que puede nutrir al Municipio de capital y empleo.
Las claves
Renovación. De los 12 ediles en juego, solo tres irán por la renovación (Neme, Romero y Taccone). En este sentido, siete serían los concejales nuevos en el período 2023-2025.
Sesiones. Siguiendo el calendario legislativo habría ocho plenarios hasta fin de año (dos por mes). Esta cantidad dependerá de los despachosy de factores externos.
Expedientes. Desde el 9 de enero hasta el 25 de agosto, entre ediles y Ejecutivo presentaron 473 proyectos, mientras que los vecinos generaron 123 notas particulares.