Corrupción en Chubut: el juicio contra la exministra de Familia tiene fecha de inicio
Se llevó a cabo en Rawson la audiencia por el sorteo y designación de los jueces que estarán a cargo. La exfuncionaria y diputada, Cecilia Torres Otarola, será juzgada por el delito de frauda a la administración pública
En la Oficina Judicial de Rawson se llevó a cabo este miércoles, la audiencia por el sorteo y designación de los jueces que deberán actuar en el juicio contra la exministra de Familia, Cecilia Torres Otarola, acusada por el delito de fraude a la administración pública en la conocida causa "Ñoquis Calientes".
El tribunal responsable de dar un veredicto, quedó integrado por los jueces, Carlos Richeri de la ciudad de Esquel, Raquel Tassello de Comodoro Rivadavia, y Marcela Pérez Bogado, de Puerto Madryn, y como jueces suplentes, Fabio Monti, Patricia Azaro y Jose Luis Ennis.
El juicio contra Cecilia Torres Otarola comenzará el próximo 11 de marzo de 2024, así quedo establecido por la Oficina Judicial de Rawson.
El caso por corrupción en el estado, está a cargo del Fiscal Omar Rodríguez, titular de la UFE y su equipo de trabajo.
La exministra de Familia de Chubut, Cecilia Torres Otarola será juzgada por la presunta comisión del delito de “defraudación al Estado”, e “enriquecimiento ilícito”.
La investigación comenzó cuando Otarola todavía estaba en el cargo. El que destapó la olla, fue un excolaborador de la exfuncionaria: Juan Martín Sandoval, quien radicó una denuncia por extorsión contra Otarola y contó algunos detalles de su manejo con el nombramiento de personal, primero en la Legislatura, y luego en la cartera de Familia. A raíz de esto, el MPF instruyó al fiscal en jefe Omar Rodríguez, a iniciar la investigación.
La Oficina Anticorrupción del Ministerio Público Fiscal a través del fiscal Omar Rodríguez elevó la imputación en la causa caratulada “Cecilia Torres Otarola y otros p.s.a fraude a la administración pública” bajo el número 21745.
Básicamente, se intenta determinar la existencia de “asesores” y personal con cargo, que no cumplían funciones para el ministerio de Familia por un lado; y por otro, el posible cobro de “retornos” de los sueldos de estas personas, como una devolución de favores por el nombramiento.