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Domingo, 24 noviembre 2024
Argentina
3 de noviembre de 2023
LA TECLA PATAGONIA

Cuatro funcionarios nacionales fueron procesados por la cesión de tierras a mapuches

Se trata de integrantes de la Procuración de Tesoro y del Ministerio de Defensa de Nación, a los cuales la Cámara Federal Porteña les revocó la falta de mérito y les atribuyó que dejaron “en estado de indefensión al Ejército Argentino” en el conflicto por las tierras de la fuerza en Bariloche

Cuatro funcionarios nacionales fueron procesados por la cesión de tierras a mapuches
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Vía La Tecla Patagonia 

Los funcionarios nacionales del Ministerio de Defensa, Nicolás Rodríguez Vaccarezza, Leonardo Havela, y Agustín Gasparini, fueron procesados por la Cámara Federal Porteña, ya que les acusa de incumplimiento de deberes debido a no haber presentado una apelación a tiempo en un caso relacionado con la entrega de tierras a una comunidad mapuche en cercanías de la ruta provincial 82. 

La Cámara Federal sostuvo que esta omisión dejó al Ejército Argentino en estado de indefensión y ordenó investigar si esta acción se realizó bajo instrucciones de las máximas autoridades de Defensa y de la Procuración General de la Nación. La entrega de las tierras en cuestión había sido objeto de una decisión judicial en un amparo.

El tribunal procesó a los funcionarios por haber infringido los deberes que les correspondían como funcionarios públicos y por no apelar la sentencia en tiempo. Además, se resaltó la paradoja de que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que representa a los mapuches desde el Estado, no presentó una apelación en este caso.

El conflicto en cuestión gira en torno a un predio ubicado en la ruta provincial 82 que ha sido propiedad del Ejército Nacional desde 1937, pero que las familias de Millalonco Ranquehue aseguran haber habitado desde fines del siglo XIX.

A pesar de un reconocimiento anterior por parte del Estado de estas tierras como propiedad de la comunidad, la entrega de las tierras al INAI y la comunidad mapuche a través de una sentencia en un amparo desencadenó este conflicto judicial y la posterior omisión de presentar la apelación por parte de los funcionarios ahora procesados. El caso se encuentra actualmente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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