La recta final hacia el cierre de año político obliga a dirigir la mirada hacia la Legislatura bonaerense, donde se librará la gran batalla de cada ciclo: la del Presupuesto.
El marco general muestra unas cámaras fraccionadas, que obligarán a díalogo y consensos, y un Ejecutivo que ratificó en las urnas su hegemonía a nivel provincial para reelegir a Axel Kicillof.
En medio de este complejo tablero, la sombra de la motosierra genera incertidumbre y preocupación. Un eventual triunfo de Javier Milei en el balotaje del domingo próximo proyecta miles de preguntas con respecto al futuro de la administración provincial.
Por estas horas, en el Gobierno bonaerense aseguran que no han definido los trazos gruesos de la denominada "ley de leyes", a la espera del desenlace. "Si gana Milei no sabemos cómo seguirá esto, porque puede cumplir sus amenazas y perjudicar a los bonaerenses con recortes de fondos coparticipables", señaló un algo funcionario.
Aunque algunos datos indicarían que al menos un borrador existe. Uno de ellos es la presencia del ministro de Economía, Pablo López, en las últimas reuniones que Kicillof mantuvo con intendentes de Unión por la Patria.
Legislatura bonaerense, territorio de la batalla
Según trascendió, el próximo 22 de noviembre sería la fecha que el Ejecutivo evalúa para enviar el texto del cálculo de gastos y recursos para 2024, a la espera de lo que las urnas dicten dentro de una semana.
El mismo estado de inquietud provoca en los intendentes una posible victoria libertaria, habida cuenta de que, a través de sus legisladores, deberán negociar los fondos que se destinarán a los territorios.
En este aspecto, los jefes comunales de la oposición siguen afinando el lápiz para consolidar todas las deudas que Kicillof mantiene con ellos por diversos ítems, como los fondos de obras y seguridad, IOMA, IPS y otros. Aunque admiten que en los últimos días comenzó a fluir algo de dinero, están lejos de cubrir los adeudos.
Una decisión primaria estará en juego: si habrá o no un fondo para obras el próximo año. Denominado programa "Municipios a la obra", el ex FIM es rechazado por el Ejecutivo, a pesar de que aceptó incluirlo este año, a regañadientes.
En la lista de exigencias para dar el visto bueno al Presupuesto, los intendentes opositores incluirán el pago -incumplido, hasta hoy- de compensar a los distritos por el desvío inflacionario de 2023, además de un monto para quienes perdieron ante del cambio en el cálculo del Coeficiente Único de Distribución (CUD), un compromiso que había asumido el hasta hace poco jefe de Gabinete, Martín Insaurralde.
Este coeficiente, que toma como datos de cálculo la población, la cantidad de camas hospitalarias, la extensión territorial y otras variables, también está en la mira de los mandamases de Juntos por el Cambio.
Uno de los cuestionamientos está centrado en los indicadores que se vienen tomando para confeccionarlo. "Ya el del año pasado, como los anteriores, nos dejó muchas dudas. Por eso a comienzos de año pedimos que se integre una mesa técnica entre intendentes, ministro de Economía, Infraestructura, legisladores, etc, para estudiar la mejor manera de que sea representativo de las necesidades de cada territorio. Pero hasta hoy, que ya termina el año, no nos dieron pelota", aseguró con resignación un alcalde del radicalismo.
En tal sentido, indicaron además que este año deberá realizarse el cálculo tomando como base el Censo 2022, que dejó enormes dudas sobre su fiabilidad y la certeza de los datos recogidos.
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