El presidente electo, Javier Milei, hizo polémicas declaraciones durante la campaña electoral que encendieron las luces de alarma en la región patagónica. Habló de “privatizar Vaca Muerta”, algo técnicamente imposible ya que los recursos naturales son potestad de las provincias y el Gobierno nacional no podría avanzar en este sentido.
Además, en Vaca Muerta, tienen la explotación de las áreas varias empresas de capitales privados y mayormente, YPF, la compañía de bandera estatal que el libertario confirmó que intentará privatizar, aunque no en el corto plazo.
YPF tiene una importante presencia en todas las cuencas petroleras. En el yacimiento neuquino, la petrolera estatal tiene casi el 60% de la producción. Más abajo vienen Vista Oil y Shell.
En recientes declaraciones, el presidente electo, confirmó la decisión: “En la transición que estamos pensando en la cuestión energética, YPF y Enarsa tienen un rol. Mientras se racionalicen esas estructuras, se las pone a crear valor para que se las pueda vender de una manera muy beneficiosa para los argentinos”.
¿Qué necesita para privatizarla?
Para entender el complejo doble proceso que debería ocurrir para que YPF pueda ser nuevamente privatizada hay que mirar su estructura accionaria.
Hay diferentes tipos de acciones dentro de la petrolera. Las clase A se corresponden con 3.764 acciones de propiedad del Estado Nacional; las clase B se corresponden con 7.624 acciones de propiedad de las Provincias; las acciones Clase C, se corresponden con 40.422 del Fondo de Empleados; y las acciones expropiadas clase D representan el 51% del capital social y serán distribuidas del siguiente modo: el cincuenta y un por ciento (51%) a la República Argentina y el cuarenta y nueve por ciento (49%) restante se distribuirá entre las provincias integrantes de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos.
Es decir que para privatizar nuevamente una porción mayoritaria de las acciones (51%) debería primero pasar por el Congreso nacional donde no tiene mayoría y requeriría dos tercios de los votos. Pero, además, necesitaría el aval de las provincias petroleras que integran la Ofephi, que al mismo tiempo requerirían de avales de sus respectivas legislaturas.
La Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos se formó en 1984 y está integrada por las diez provincias que, actualmente, realizan emprendimientos de exploración y explotación de gas y petróleo: Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Mendoza, Salta, Jujuy y Formosa.
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