18 de diciembre de 2023
CONFLICTO
Uruguay replica el modelo argentino para eliminar a las franquicias inmobiliarias
La Cámara Uruguaya de Marcas y Empresas Inmobiliarias (CUMEI) advirtió que detrás del proyecto está la influencia de Martilleros del Mercosur y de Aníbal Fortuna, un dirigente argentino de la Asociación Americana que busca expulsar a las franquicias de la región.
Las gremiales uruguayas más representativas del sector inmobiliario dieron recientemente un paso importante hacia lo que llaman un “ordenamiento” del mercado en ese país. Luego de varios meses de discusiones, el pasado 15 de noviembre, la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley del Operador Inmobiliario.
La iniciativa busca formalizar y profesionalizar el sector a través de la creación de un registro que permita regular legalmente a los operadores inmobiliarios. Según la CIU, en la actualidad, más del 60% del sector opera en la informalidad.
Si bien el proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados y cuenta con el aval de varias asociaciones del sector, otros actores ven con inquietud el avance de la regulación. Las principales objeciones surgieron desde la Cámara Uruguaya de Marcas y Empresas Inmobiliarias (CUMEI), organización que agrupa a empresas como RE/MAX, Keller Williams, Century 21, Coldwell Banker y Engel & Völkers.
La CUMEI también advirtió que detrás del proyecto está la influencia de Martilleros del Mercosur, una organización surgida este año en el seno de la Asociación Americana, que busca implantar el modelo inmobiliario argentino a Uruguay. El referente de Martilleros del Mercosur es Aníbal Fortuna, un cuestionado dirigente argentino, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de La Plata.
Fortuna, que lleva 20 años como presidente del colegio platense, es conocido por su radicalizado activismo antifranquicias. A mediados de este año, el dirigente asumió como Vicepresidente 1º de la Asociación Americana e impulsó la creación de Martilleros del Mercosur.
De acuerdo con sus declaraciones a la prensa, el objetivo de Fortuna es usar dicho espacio para expandir su cruzada antifranquicia e influir en las políticas regulatorias de los países de la región.
Desde la CIU niegan que el proyecto de ley busque limitar la competencia de las diversas empresas inmobiliarias que operan en Uruguay y afirman que las plataformas tecnológicas “no son un problema sino un aliado” para el sector. Sin embargo, la CIU reconoce que “el problema podría estar si la plataforma opera como inmobiliaria y se confunden los roles”.
Para la CUMEI el proyecto de ley es especialmente ambiguo en este punto ya que no especifica de manera clara si contempla o no el modelo de negocio de las franquicias en su regulación. En este sentido, los dirigentes de la Cámara Uruguaya de Marcas y Empresas Inmobiliarias temen que el nuevo registro propuesto por la CIU y la libre interpretación de la normativa habilite acciones persecutorias por parte de las cámaras gremiales tradicionales.
La creación del mencionado registro tiene como objetivo identificar a cada uno de los actores que participan del mercado uruguayo de bienes raíces, como así también limitar el riesgo de blanqueo o lavado de activos favorecido por la actual falta de controles y regulaciones en el sector.
El registro de operadores inmobiliarios contemplado en el proyecto de ley funcionaría bajo la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y sería administrado por una Comisión formada por integrantes del Poder Ejecutivo y de las gremiales inmobiliarias. A su vez, esta Comisión tendría la facultad de administrar y expedir las matrículas, controlar la actividad, cobrar los registros y ejecutar las sanciones cuando sean necesarias.
El proyecto de Ley del Operador Inmobiliario prevé además que para obtener la matrícula todos los operadores deberán realizar un curso obligatorio en una institución avalada por el Ministerio de Educación y Cultura. Dicho curso, que tendría una duración de dos años, alcanza a todos los actores del sector como “comisionistas, agentes, corredores, brókers, operadores, empresas prestadoras o prestadores de servicios inmobiliarios y empresas prestadoras o prestadores de servicios inmobiliarios turísticos” según detalla la ley.
No obstante, la CUMEI insiste con que el espíritu del proyecto de regulación es engañoso. Desde la Cámara se argumentó que el discurso de “bajar la informalidad y defender la libre competencia” en el fondo “es un disfraz” que tiene como objetivo exactamente lo contrario: eliminar a las franquicias del mercado.
Los argumentos y objeciones planteadas por la CUMEI durante el debate parlamentario del proyecto de ley fueron desestimados.