El Gobierno nacional oficializó la medida para dejar sin efecto unos siete mil contratos de personal que ingresó en enero de 2023. Los detalles de la medida.

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Con la firma del presidente Javier Milei, este martes 26 de diciembre fue publicado en el Boletín Oficial el Decreto 84/2023 que confirma la baja de empleados públicos que ingresaron a partir del 1° de enero 2023. Asimismo, se revisará la situación de los trabajadores del Estado que están en funciones desde antes de esa fecha.

El artículo 1° establece que “las contrataciones de personas que hayan iniciado a prestar servicios a partir del 1 de enero de 2023, en los organismos comprendidos en los incisos a) y c) del artículo 8° de la ley 24.156, no serán renovadas”.

De esta manera, se abarca a los empleados transitorios “y de toda otra modalidad de contratación que concluya al 31 de diciembre de 2023″, de toda la administración nacional, así como también de los entes públicos, incluidos, por ejemplo, la ANSeS, el PAMI y la AFIP.

La decisión alcanzaría a cerca de siete mil empleados de distintas áreas del Gobierno. Son excluidos únicamente aquellos que cumplen funciones en empresas o sociedades estatales

A su vez, la medida exceptúa a las siguientes contrataciones:

Las derivadas de cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales

Personal que haya estado prestando tareas con fecha previa al 1° de enero de 2023 y haya cambiado su modalidad de contratación

Personal que el titular de cada jurisdicción evalúe que resulte indispensable para el funcionamiento de la jurisdicción, de manera restrictiva y fundada y que su continuidad es necesaria por razones impostergables de funcionamiento

Además, la resolución ordenó instruir "a las autoridades competentes de cada jurisdicción mencionada en el artículo 1° a que, en el plazo establecido en el artículo precedente, realicen un relevamiento exhaustivo del personal contratado cuya fecha de ingreso a la Administración sea previa al 1° de enero de 2023 con el fin de evaluar la renovación de las
contrataciones mencionadas precedentemente".

"En el caso de que las autoridades decidan renovar dichos contratos, deberán fundar la decisión demostrando la necesidad de continuar con la contratación". concluyó la normativa.

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