11 de enero de 2024
LA TECLA PATAGONIA
Los mandatarios sureños pidieron arreglos en más de 30 artículos de la Ley Ómnibus
Finalizada la cumbre de gobernadores patagónicos, se emitió un documento centrado en la defensa de los recursos hidrocarburiferos de la región, en la que, si bien se dejó claro que esperan cambios en el marco jurídico para atraer más inversores, repararon que “tampoco nos queremos convertir en una colonia de la cual se continúen extrayendo recursos naturales baratos a cambio de una pobre compensación”
Tal como se esperaba, después de la cumbre que reunió a los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa; Alberto Weretilneck, Río Negro; Ignacio "Nacho" Torres, Chubut; Gustavo Melella; Tierra del Fuego; y Sergio Ziliotto, de La Pampa, los mandatarios sureños emitieron un documento en conjunto, que principalmente pide por la modificación de 30 artículos de la Ley Ómnibus que tienen estrecha relación con la extracción de gas y petróleo en la región.
En el texto se aborda específicamente el capítulo IX de la propuesta del Ejecutivo, sobre energía y la ley de hidrocarburos. En ese marco, los gobernadores expresaron su compromiso con la defensa del dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales en sus territorios, conforme al artículo 124 de la Constitución Nacional.
La declaración destaca varios puntos clave, incluyendo la revisión del proyecto de ley para garantizar un marco jurídico que genere empleo y actividad económica en sus provincias. También apoyan iniciativas que incentiven inversiones y aumenten la producción de petróleo y gas para fortalecer la seguridad energética y las exportaciones nacionales.
Además, se oponen a convertirse en una "colonia" que exporta recursos naturales a cambio de una compensación inadecuada y defienden precios justos para los recursos energéticos suministrados a la nación. Solicitan la modificación de más de 30 artículos que otorgan al Poder Ejecutivo Nacional la autoridad sobre la legislación hidrocarburífera, considerando esto como rozando la inconstitucionalidad.
Abogan por la sustentabilidad económica, social y ambiental en el desarrollo de la industria, asegurando el bienestar de las poblaciones y las regiones afectadas. También piden la modificación de varios artículos específicos relacionados con derechos de exportación, cánones de exploración y explotación, entre otros, para asegurar condiciones equitativas.