La difícil situación económica impulsó a algunos intendentes de la provincia de Buenos Aires a buscar recursos en el campo, a través de ordenanzas que incrementan la presión impositiva sobre los productores de sus distritos.
Así, representantes de Carbap encabezaron una movilización al Concejo Deliberante de Bolívar para expresar su rechazo a los cambios a la ordenanza Fiscal e Impositiva que contempla un aumento del 500% en las tasas municipales.
Las modificaciones fueron sancionadas por mayoría con la que cuenta el oficialismo que responde al intendente Marcos Pisano (Unión por la Patria) y el aval de un edil de La Libertad Avanza, aunque los cambios deberán ser avalados por la Asamblea de concejales y Mayores Contribuyentes.
En sus redes sociales, la Sociedad Rural local había manifestado que dicho incremento es “desmedido” y, al mismo tiempo, que no recibieron informes de la proyección de trabajos e informes para el año 2024.
Además, la Sociedad Rural de General Guido -gobernado por el peronista Carlos Rocha- rechazó la creación de una sobretasa por parte del municipio que pretende cobrar, entre otras cosas, cada emisión de guías de traslado de hacienda.
La ordenanza explica que el monto recaudado será para mantenimiento de espacios públicos. Si bien lo que se recaude dependerá del trámite que se haga, solo para la venta de terneros se estima que los productores deberán hacer un desembolso extra de $90 millones.
Vale recordar que el cobro de la tasa vial tiene la contraprestación por parte del Ejecutivo municipal de brindar el servicio de mantenimiento de los caminos rurales.
En el distrito, el 100% es zona de cría (unos 600 kilómetros aproximadamente), que, según dijeron, su estado es “deplorable”. El partido cuenta con un total de 320 ganaderos.
José G. Erreca, exintendente y actual titular de la Sociedad Rural de Bolívar.
Sin embargo, desde las entidades rurales hicieron saber que los reclamos podrían escalar y llegar a los tribunales, judicializando el reclamo contra la decisión de los jefes comunales.
Así, el presidente de la Sociedad Rural bolivarense, el exintendente José Gabriel Erreca, aseguró: "Nosotros teníamos una propuesta alternativa, que se la hicimos saber al intendente teniendo en cuenta el escenario económico e incluía volver a rediscutir en mayo, para que el aumento sea razonable y el municipio pueda mejorar el servicio".
Acerca de la posibilidad de judicializar el aumento de la tasa vial, sostuvo que "es una herramienta válida que el contribuyente busca por la falta de equivalencia entre lo que se paga y lo que se recibe", abriendo la puerta a las presentaciones judiciales.
Un antecedente esperanzador
En septiembre de 2023, un fallo de la Cámara de San Martín, en segunda instancia, contra el municipio de Carlos Casares, sobre el cobro de las tasas Vial y de Seguridad e Higiene, benefició a la productora Andrea Passerini.
En el fallo de 1º Instancia, el juez en lo Contencioso Administrativo N°1 de Trenque Lauquen, Pablo Germain, había dicho en las dos causas (una por la tasa vial y otro por la tasa de seguridad e higiene) que el municipio de Carlos Casares no prestó los servicios correspondientes a la tasa”, tanto en conservación, reparación y mejorado de la red vial municipal como en seguridad e higiene, durante 2016, 2017 y 2018, por lo que “deviene ilegítima e inconstitucional la pretensión fiscal y/o pago del tributo por los períodos mencionados”.
Tras la apelación de ambos fallos del municipio, la Cámara de Apelaciones de San Martín rechazó los recursos. Y finalmente, el municipio decidió no recurrir por vía extraordinaria a la Corte provincial, por lo que el fallo quedó firme.
Horacio Salaverri, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), señaló, en aquel momento, que “fallos como este son muy necesarios para interpretar correctamente la teoría tributaria que separa con claridad lo que es una tasa tributiva de servicios y un impuesto”.
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