La motosierra pasó sobre la Ley Ómnibus: cuáles son los nuevos cambios en el proyecto

La motosierra llegó al polémico proyecto de Ley Omnibus, donde la gestión de Javier Milei envió al Congreso de la Nación las modificaciones negociadas en puntos clave como retenciones, movilidad jubilatoria y privatización de empresas públicas. En este sentido, desaparecen 141 artículos del texto del proyecto, que pasa de 664 iniciales a 523 en esta última etapa.

Respecto a las jubilaciones, se aplicará la fórmula actual de movilidad previsional hasta abril y luego actualizará por la inflación calculada por el INDEC. Con este esquema, no se poroduciría la disminución del haber que percibe el beneficiario o la beneficiaria, aclara el documento.

El texto elimina las jubilaciones de privilegio para Presidente y Vicepresidente, que se habían mantenido cuando el gobierno de Alberto Fernández eliminó otras jubilaciones de privilegio a inicios de 2020. No obstante, continuarán existiendo las jubilaciones de privilegio para jueces de la Corte Suprema.

Asimismo, se eliminó la posibilidad de privatizar YPF del listado. Para Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT se estableció que el Estado solamente puede realizar una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa.

También se formularon retenciones del 0% para las economías regionales. De la misma manera, se elimina la facultad del Poder Ejecutivo de poder subir los derechos de exportación. Solamente se mantiene la facultad para poder reducirlas.

Además, el presidente acordó posponer una serie de temáticas contempladas en el texto original a ser tratada a partir de marzo, en el período de sesiones ordinarias, entre los que destacan los cambios en la ley de sociedades, la discusión sobre el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad, los temas de salud mental y de la reforma electoral (secciones uninominales, el futuro de las PASO y el régimen de partidos políticos).

Otro de los puntos tiene que ver con los plazos de emergencia y blanqueo de capitale. De acuerdo a los cambios en el blanqueo de capitales, el proyecto estableció que los sujetos no residentes que adhieran al presente Régimen de Regulación de Activos “no podrán declarar bienes que se encuentren en posesión, anotados, registrados o depositados a nombre de terceros”, incorpora como sujetos excluidos a los funcionarios que se hayan desempeñado en el rol en los últimos 5 años; "se excluye a los agentes de retención con procesamiento firme y se define que lo producido del Impuesto Especial de Regularización se destinará a la capitalización del Banco Central de la República Argentina”.

El detalle de los cambios.