Varios intendentes de la Provincia crearon nuevos tributos a los productores o ampliaron los existentes. Entre reclamos y presentaciones judiciales, el sector rural se para de manos frente a la política
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“¿Dónde hay un mango, viejo Gómez?” es, tal vez, uno de los tangos más famosos de la historia de la canción de Buenos Aires, interpretado, entre otros, por la inolvidable Tita Merello. Y su actualidad es impactante.
La crisis económica pareciera ser lo único que derrama en esta sociedad nuestra, con fuerte repercusión en los territorios. Allí, los intendentes hacen ingentes esfuerzos para frenar la hecatombe que provocan las políticas de la motosierra, marca registrada por Javier Milei, y la galopante inflación que todo lo destruye.
Jaqueados por la caída en los fondos coparticipables y una sensible reticencia de los ciudadanos a pagar las tasas, producto de un salario golpeado y con pérdida de poder adquisitivo, apelan a “rascar” dineros de un sector siempre pujante, especialmente en el interior provincial: el campo.
Con diferentes modalidades, varios intendentes peronistas apuntaron hacia el sector rural, impulsando nuevos tributos o creando sobretasas para incrementar los ingresos de las alicaídas arcas comunales, provocando el rechazo de los productores y las organizaciones que los nuclean.
En su defensa, los jefes comunales sostienen que se ven obligados a mantener el equilibrio de las cuentas municipales, y que los nuevos tributos no alcanzan, por ejemplo, el nivel de inflación anual acumulado. En tal sentido, el alcalde de Laprida, Alfredo Fisher (Unión por la Patria), explicó a La Tecla que “el Concejo Deliberante aprobó una séptima cuota de la tasa Vial, extraordinaria, para achicar el tributo a la inflación”, precisando que “en un año de 211 por ciento de inflación, y en algunos rubros fue más todavía, la tasa se actualizó en un 80 por ciento”.
Claro que nada de lo que argumenten los jefes comunales logra calmar la furia ruralista, encabezada por las organizaciones y grupos autoconvocados en los territorios. Días atrás, Carbap reunió a su Mesa Agropecuaria Provincial, donde un tema crucial en la agenda fue la creación de tasas o el incremento de antiguos tributos por parte de las administraciones locales.
En tal sentido consideraron que las ordenanzas aprobadas tienen “un fin recaudatorio” y que no observan una contraprestación por parte de los municipios, apuntando, como es costumbre, a la falta de control en el gasto público -sueldos, por ejemplo- de las comunas.
El vicepresidente de la entidad, Roberto Cittadini, reconoció que las sociedades rurales intentan dialogar con los concejales y hasta con los intendentes. “Los instamos a explicar la realidad del productor agropecuario, porque muchos no tienen ni idea de lo que está pasando con los productores, en pueblos donde la economía depende en un 50 o un 60 por ciento del sector rural, pero no siempre son escuchados”. Así, desde las asociaciones y confederaciones aseguran que la batalla continúa, sin descartar que haya más presentaciones judiciales como las que ya se realizaron.
GENERAL GUIDO Bronca por una sobretasa para el mantenimiento de espacios públicos
El intendente de General Guido, Carlos Rocha (UP), avanzó con la creación de un tributo por mantenimiento de espacios públicos. Según explicaron desde el Municipio, la sobretasa se cobraría, por ejemplo, al momento de emitir las guías de traslado de hacienda. El texto de la iniciativa explica que lo que se recaude dependerá del trámite que se haga, estimándose que solo para la venta de terneros los productores deberán hacer un desembolso extra de unos $100 millones. La medida fue rechazada por la Sociedad Rural local, que sostuvo que “hasta los $50.000 de valor del trámite vamos a pagar $500 pesos, pero si el trámite supera ese valor,se va a pagar el 1 % de lo que costó el total del trámite. El Municipio recaudará en guías de traslados, certificados de adquisición, permisos de marcación, regularización de stock y otros conceptos”. Los productores señalan que la Comuna aumentó un 250 % la tasa Vial, por lo que ya cobra una tasa destinada a mantenimiento de caminos rurales, aunque aseguran que no se realiza ningún trabajo de reparación sobre ellos.
LAPRIDA “Alfajor Jorgito”, el inicio de un conflicto
En 2020, el entonces intendente Pablo Torres (UP) logró que se aprobara una nueva tasa simple que pagan los productores y empresas de esa ciudad. El jefe comunal aseguró que se trataba de $35 por hectárea, por única vez, comparándolo con “un alfajor Jorgito simple”. En 2023 se aprobó el cobro de una séptima cuota en la tasa Vial que debieron pagar productores agropecuarios de Laprida, destinada al mantenimiento de caminos rurales y maquinarias. Las entidades ruralistas y la oposición en el Concejo Deliberante se mostraron contrarios a esta decisión. Desde la UCR señalaron que la cuota tuvo un valor de $50 millones de pesos para la inversión en arreglos, pero se proyectó recaudar mas de $100 millones y el excedente se destinaría a gastos de libre disponibilidad.
PEHUAJO Agroquímicos, GPS, amague con la judicialización y “recule” oficial
El Concejo Deliberante de Pehuajó fue caja de resonancia de una iniciativa del intendente ultrakirchnerista, Pablo Zurro. La oposición denunció que el oficialismo presentó un polémico proyecto, cuestionado por presunta inconstitucionalidad, para cobrar un nuevo tributo al campo. Consistía en el pago de dos litros de gasoil premium por hectárea por aplicaciones, la ampliación del ejido urbano para las mismas en otros 300 metros a los existentes, más la instalación de un GPS a la maquinaria agrícola que haga estas tareas dentro de los campos.
Como era esperable, la Sociedad Rural puso el grito en el cielo y aseguró que con esta nueva regla “se deja una superficie muy grande fuera de la producción”. Afirmó, además, que los productos de uso doméstico tienen la misma peligrosidad que los fitosanitarios. Sin embargo, lo más controvertido se relacionaba con la colocación de un GPS a las máquinas que fumiguen, para que la Comuna supervise por dónde están trabajando. “Es una locura, ya que una máquina trabaja por el valor de cinco o seis litros de gasoil premium, y le añaden una tasa de dos litros. Y la contraprestación no la saben”, dijeron desde el sector rural. Tras amenazar con ir la Justicia, Zurro retrocedió y desmintió tales intenciones. ”Estoy elaborando un proyecto de ordenanza que reflejará mi postura sobre el tema (de los fitosanitarios) y buscará colaborar para generar un consenso”, aseguró el alcalde .
BOLIVAR Un gran tasazo para la Vial rural
Productores de Bolívar se movilizaron luego de que el Honorable Concejo Deliberante aprobase un aumento de entre 400 y 500 por ciento en la tasa Vial rural. Previamente las entidades agropecuarias habían pedido al intendente Eduardo “Bali” Bucca (Unión por la Patria) no incluir el valor del diésel en la base de cálculos, ya que así se gravaría cada hectárea con el precio de seis 6,27 litros de diésel premium por año para la zona 1 y 4,88 litros de diésel premium para la zona 2. De acuerdo a los cálculos realizados por la Sociedad Rural bolivarense, quienes en 2023 pagaban 2.000 pesos por hectárea por año en la zona 1 pasarían a abonar 10.350 pesos, y quienes pagaban 1.500 pesos por hectárea por año en la zona 2 pasarían a 8.100 pesos.
ROBERTO CITTADINI (CARBAP) “Si hay mejoras en caminos rurales pagamos con gusto las tasas”
El vicepresidente primero de Carbap, Roberto Cittadini, dijo: “Dentro de la provincia de Buenos Aires, casi el 70 % de los municipios tienen una alta presión de carga en lo destinado a sueldos y gasto político, incluso ese gasto supera el 80 % de su presupuesto anual. Hace poco salió a la luz un caso resonante en Puan, que dejó al desnudo una administración que se retira y hay casi un empleado cada 12 o 13 habitantes. El interior productivo vuelve a sufrir, los políticos que en campaña hablan de la producción, lo primero que hacen es subir las tasas, que perjudican directamente al sector agropecuario. El dirigente rural sostuvo que “la mayoría de los municipios han ingresado con aumentos importantes en las tasas, que no son impuestos sino una contratación de servicios, implican una contraprestación; y a algunas tasas les empiezan a agregar un sinnúmero de sobretasas, creación de tributos nuevos. Además, el intendente que se va deja a los que están, el que viene trae a los suyos, y en años de vacas flacas la termina pagando el sector agropecuario”. Además, Cittadini explicó: “Los costos del productor aumentaron; tenemos un 33 % de retenciones; la uria vale 5 kilos de trigo, cuando el valor histórico fue de 3; tenemos más costos de fertilizantes, de tecnología, y encima nos aumentan tasas. Y eso sin contar que nos juegue una mala pasada el clima”. El dirigente ruralista finalizó: “Si se es transparente con los números, presentan un plan de trabajo y se ve la mejora en los caminos rurales, que son los principales para el productor, nosotros pagamos con gusto esa tasa”.
AZUL Nuevo tributo a productores y una demanda colectiva en la Justicia
Un gran revuelo causó la creación de una tasa por Servicios Esenciales en Azul, presentada por el intendente Nelson Sombra (Unión por la Patria). El nuevo tributo sumó a los inmuebles rurales a una contribución que desde hace décadas pagan los frentistas urbanos. Tras su implementación, el Ejecutivo sostuvo que en el primer mes se recaudaron unos 100 millones de pesos, que fueron destinados, explicó, a obras en el sistema de salud. La oposición puso en duda tal cifra. Los productores rurales consideraron que los niveles de cobrabilidad (entre 35 y 40 %) son un “nuevo indicio sobre el rechazo que provocó la medida impulsada por el oficialismo”, y agregaron que muchos de los contribuyentes “optaron por el pago mensual, trimestral o hasta anual bajo protesta”.
Además, la Sociedad Rural de Azul presentó una demanda colectiva contra lo que consideran un abuso del Municipio, avalada por casi 200 productores rurales azuleños. “Tuvimos reuniones con concejales de todos los frentes y hasta con el intendente entrante, pero ellos siguieron adelante. No hubo manera de poder frenarla y la única vía fue ir a la Justicia”, explicaron. Para los inmuebles urbanos se cobra el equivalente a 2 litros de gasoil común por mes, a precio surtidor de estación de servicio YPF correspondiente al día 10 del mes en que se efectúe la liquidación. Para los inmuebles urbanos, oscila entre medio litro y un litro por mes de gasoil.
