Un grupo de entidades del campo bonaerense anunció que no pagarán el tributo hasta que no se revierta el aumento en las boletas, que consideran por encima de lo que estipula la ley. Podrían extender la medida al Inmobiliario urbano y las patentes.

Las sociedades rurales “rebeldes” se pintan la cara y llaman a no pagar el Inmobiliario

La ciudad de Salto fue escenario de una nueva reunión de las sociedades rurales del Norte, a las que se conoce como “las rebeldes” por su posición radicalizada respecto de las posturas que adopta Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap).

En esta ocasión fueron convocados para analizar la situación producida por lo que consideran aumentos exorbitantes en las boletas del Inmobiliario Rural, que sobrepasan el 200% aprobado por los legisladores en la Ley Fiscal Impositiva.

Desde la Mesa de Enlace bonaerense (Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria Argentina, Carbap y Coninagro) reclamaron al gobernador, Axel Kicillof, una prórroga en el vencimiento de la primera cuota de dicho impuesto, "dada la enorme cantidad de inconsistencias encontradas en las boletas emitidas por ARBA".

En ese sentido exigieron que se "retrotraigan las cuotas a un máximo de 200% de aumento, se restituya el descuento por buen cumplimiento y débito automático y se elimine la quinta cuota, aun sin implementar".

En Salto, las regionales “díscolas” aseguraron que el incremento recae, además, sobre bienes inmobiliarios, urbano edificado y tierra rural, y que en algunos casos los contribuyentes recibieron boletas con aumentos de más del 500%.

Los ruralistas expresaron su negativa a abonar las cuotas actuales "hasta que se revierta el incremento al máximo del 200%, se reestablezca el descuento por buen cumplimiento y débito automático y se elimine la quinta cuota, incluso si aún no ha sido implementada".

En ese sentido, advirtieron que, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria, convocarán "a una reacción más amplia e inclusiva que considere también la situación del inmobiliario urbano y las patentes".

Del cónclave participaron representantes de los distritos de Suipacha, Colón, Carmen de Areco, San Antonio de Areco, San Pedro, Baradero, Pergamino, Ramallo, Bragado, Capitán Sarmiento, Salto, Arrecifes y Rojas, además de delegados de las localidades de Pérez Millán (Ramallo) y la rojense Carabelas.

Días atrás, la Mesa de Enlace había enviado una nota al gobernador Axel Kicillof, expresando las “inconsistencias en la emisión de las boletas de pago del Impuesto Inmobiliario Rural, en las cuales, en muchos casos, se vulneran los topos aprobados en la Ley fiscal 2024 para las distintas escalas de establecimientos rurales”. Además, buscan ser recibidos por el mandatario provincial.

Las entidades solicitaron, además, posponer el vencimiento de la primera cuota de dicho impuesto “hasta tanto se regularicen las situaciones planteadas”, además de pedir “reinstaurar los beneficios por Buen Contribuyente y adhesión al débito automático o pago electrónico, que fueron quitados imprevistamente por ARBA”, y que sumados podría significar una reducción de hasta un 20 por ciento.

En la misiva, advirtieron que “el incumplimiento de lo aprobado en la Ley Fiscal, excediendo la capacidad contributiva del productor agropecuario, ocasionará un perjuicio recaudatorio a la Provincia, más allá de acciones de litigiosidad que sería evitables”.

Desde la Provincia aseguraron a La Tecla que en el territorio bonaerense hay 300 mil partidas inmobiliarias rurales y casi la totalidad tendrán un aumento que no supera el 200%. De hecho, todas estarán por debajo de la inflación del período.

En el desmenuzado, unas 2 mil partidas, que representan sólo el 0,7% del total (7 de cada 10.000), tendrán una suba de hasta el 315%. Los mismos son inmuebles cuya base imponible es superior a $198.940.000 y, por lo tanto, no tienen tope. En valores de mercado, son campos de varios millones de dólares.

Asimismo, el tributo se abona en 4 cuotas al año (marzo, junio, septiembre, noviembre) y el resultante será la sumatoria del que corresponda a la tierra rural más el impuesto correspondiente al del edificio y mejoras. Para los edificios y mejoras, no podrá superar el 200% de aumento.

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