Con apoyo de los libertarios dialoguistas se dio media sanción al cambio del cálculo de las indemnizaciones laborales. También dio luz verde al proyecto de SOS Rural. La UCR declinó pedir la interpelación a Cristian Girard, titular de ARBA.

La UCR no avanzó con la interpelación y se aprobó la modificación de indemnizaciones

La Cámara de Diputados bonaerense, presidida por el peronista Alejandro Dichiara, lleva adelante una nueva sesión ordinaria, con varios temas de relevancia en el menú.

Al inicio, y con la ausencia de la libertaria Constanza Moragues Santos y el peronista Naldo Brunelli, el radical Diego Garciarena solicitó modificar el orden del día para rendir homenaje al fallecido dirigente y ex legislador Sergio Panella.

Como informó La Tecla.info, el radicalismo buscó despacharse con un pedido de interpelación al Director General de ARBA, Cristian Girard, en virtud de lo que consideran un “impuestazo que castiga a los bonaerenses y la discriminación de aplicar actualización por inflación a los inmuebles urbanos y dejar sin efecto el mismo sobre inmuebles rurales en forma absolutamente discrecional”.

Finalmente, el bloque comandado por Garciarena (UCR-Cambio Federal) retiró la solicitud y acordó una próxima visita del funcionario a la Cámara baja para dar explicaciones sobre la polémica abierta por los tributos provinciales.

Maite Alvado, diputada provincial bloque Unión por la Patria.

En el debate, se aprobó el veto parcial del Poder Ejecutivo al proyecto del radical Emiliano Balbín para exceptuar a los residentes del pago de la Caja de Previsión y Seguro Médico.

Además, se dio sanción al proyecto de crear un sistema de identificación de tranqueras, denominado SOS Rural, presentado por la exlegisladora del oficialismo Natalia Sánchez Jáuregui (Partido FE), que había sido modificado por el Senado.

La iniciativa prevé que cada tranquera de acceso a los establecimientos rurales deberá colocar una chapa identificadora que será georeferenciada.

Por otra parte, se aprobó el veto total del Ejecutivo la iniciativa del exdiputado provincial y actual senador nacional Maximiliano Abad, transfiriendo inmuebles a la Facultad de Derecho de la Universidad de Mar del Plata.

En tanto, se dio luz verde a un proyecto de la diputada de Unión por la Patria, la camporista Maite Alvado (su par Soledad Alonso fue coautora) para reemplazar la tasa activa, con la que actualmente se calculan los intereses de las indemnizaciones laborales (queda casi siempre por debajo), por la tasa Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) para actualizarlas por inflación.

A pesar de la oposición del interbloque opositor, que conforman el PRO, la UCR y la Coalición Cívica (presentaron un despacho de minoría), el proyecto tuvo despacho en la comisión de Legislación General gracias a los votos de los representantes de Unión por la Patria y los libertarios "acuerdistas" que lidera Gustavo Cuervo, bajo el nombre de "Unión Renovación y Fe".

En el recinto, los mileístas que conduce Nahuel Sotelo votaron en contra, lo mismo que el libertario Guillermo Castello. Igual postura adoptaron la Coalición Cívica y el PRO. En el caso de la UCR "oficial" que conduce Diego Garciarena (consideran que “no es competencia de la legislatura el tema de las indemnizaciones, la materia laboral pertenece al fuero federal y en todo caso del Congreso”) se abstuvo, lo mismo que los boina blanca que responden a Facundo Manes y que preside Claudio Frangul.

Los 10 votos del sector "dialoguista" le dieron el número al oficialismo para dar media sanción a la propuesta, además de las dos manos con que cuenta el Frente de Izquierda.

Gustavo Cuervo, titular del bloque Unión, Renovación y Fe.

El proyecto de Alvado busca modificar el artículo 48 de la Ley de los Tribunales de Trabajo (N°11.653) para eliminar el postulado que establece la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires para determinar los intereses que le adicionan a las indemnizaciones laborales al momento del pago.

La propia autora de la iniciativa aseguró que cuenta con el respaldo del Ministerio de Trabajo bonaerense, y de abogados y magistrados laboristas, explicando que el CER tiene una relación “más realista” con la inflación.

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