La jueza federal Alicia Vence lleva adelante una investigación porque habría en el Concejo Deliberante empleados inexistentes a quienes les cobraría el sueldo un miembro del Legislativo local. Desde el municipio aseguran que no tienen nada que ocultar y ven un trasfondo político.

Allanaron la municipalidad de San Martín y el intendente desliga responsabilidades

La municipalidad de General San Martín fue allanada este viernes por efectivos de la Policía Federal, en cumplimiento de una orden emitida por la jueza federal Alicia Vence, quien lleva adelante una investigación surgida a partir de la denuncia de una persona que aparecía como empleado del municipio, sin serlo.

Al parecer, un empleado del Concejo Deliberante cobraba con tarjetas de débito de presuntos trabajadores, también del Concejo, pero que eran inexistentes, lo que motivó que se iniciara el proceso penal por malversación de fondos públicos. Además del allanamiento, la magistrada prohibió que el intendente Fernando Moreira salga del país.
La causa se inició en noviembre 2023 tras la denuncia de un hombre que percibía un plan social que le fue interrumpido por incompatibilidad, porque aparecía cobrando como empleado municipal unos 300 mil pesos mensuales.

Desde la comuna emitieron un comunicado oficial en el que expresaron que “el Municipio de San Martín se notificó de los hechos a través de la causa que llegó en noviembre de 2023. Se trata de una denuncia que involucra a dos personas que figuraban como empleadas del Honorable Concejo Deliberante, supuestamente sin tener conocimiento de ello. El Municipio es el principal interesado en que se esclarezca el hecho. En todo este tiempo respondió y colaboró con todo lo solicitado por la Justicia. De hecho, el 22 de marzo, se presentó como querellante en la causa. Continuaron las diligencias procesales hasta el allanamiento de hoy en el Palacio Municipal, donde nuevamente el Municipio se prestó a toda colaboración para contribuir a la causa”.

“Son dos tarjetas, no es un sistema ni un método, ni nada que se le parezca”, dijeron extraoficialmente colaboradores de Moreira, quienes además aseveraron que “en todo este tiempo el municipio respondió y colaboró con todo lo que pidió la Justicia”.

Sin embargo, no deja de llamar la atención que sea hayan realizado los allanamientos en la Muncipalidad cuando el asunto se centraría en el Concejo Deliberante. Pero sucede que las dos tarjetas pertenecen a dos personas que fueron nombradas en un decreto de un total de 13. Esos dos fueron nombrados en el Concejo Deliberante y el resto en distintas áreas del municipio.

Además, antes que el intendente hay una cadena de firmas, entre ellos el director de recursos humanos y el sectretario Legal y Técnico. “Un intendente firma decena de decretos por día, así lo establece la ley orgánica municipal de la Provincia de Buenos Aires y el Tribunal de Cuentas”, dijeron voceros del distrito, para recordar que, por ley, el intendente también rubrica los decretos de asignaciones en el Concejo.

Tampoco faltan las sospechas de una movida política para embarrar al jefe comunal. “No se entiende por qué actúa la Justicia Federal, no se entiende el porqué de semejante medida y la prohibición de salida del país al intendente”, se quejaron cerca de Moreira, donde reafirmaron que “el municipio es el principal interesado en que se esclarezca el hecho”.

También hay otro aspecto que inquieta en el peronismo de San Martín. El 22 de marzo el municipio se presentó como querellante en la causa, pero la jueza lo rechazó. El municipio apeló y la Cámara le dio la razón a la magistrada. “El municipio se presenta por ser víctima y porque no tiene nada que ocultar”.

Además, causó malestar en la comuna que el allanamiento se realizara con el aviso a algunos medios de comunicación, que tuvieron la “primicia” de filmar en vivo el procedimiento solicitado por la jueza Vence.

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