En el marco de la causa que investiga al intendente de Campana, Sebastián Abella, por malversación de fondos, comenzaron las declaraciones testimoniales. Buscan determinar si hubo triangulación entre proveedores municipales y sponsors del auto de carreras del Jefe Comunal.

Avanza en la Justicia la denuncia contra un intendente por malversación de fondos

La Fiscalía de Delitos Complejos, a cargo de Alejandro Irigoyen, avanza en la investigación por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de fondos, por parte del intendente de Campana, Sebastián Abella.

El pasado lunes fue citada a declarar la concejal opositora Paola Garello (UxP) y se espera que en los próximos días concurran también las autoridades municipales y los principales proveedores del gobierno local.

Abella es intendente de Campana desde 2015 y propietario de un local de venta y reparación de motos. A fines de 2023, tras ser reelecto, anunció “el salto” hacia la categoría principal, el TC.

Las sospechas de triangulación surge cuando el auto de competición, un Chevrolet del equipo de Laureano Campanera (LCA Racing) presentó proveedores municipales.

Ellos son La Catedral, que se ocupa de catering, con facturas de entre un millón y un millón y medio de pesos, el distribuidor local de baterías Morobat y la casa de electrodomésticos Chiche Art, propiedad del concejal del PRO Octavio “Chiche” Lagar.

Entre los ejes de la investigación, también se analiza la posible violación de la Ley de Ética Pública (Ley 25.188), la cual al referirse de incompatibilidades y conflicto de intereses en el ejercicio de la función pública (artículo 13), sostiene que es incompatible “dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades”.

Respecto a ello, la investigación deberá establecer si Abella, siendo funcionario público, representó y/o prestó un servicio publicitario a proveedores municipales, los cuales a su vez se vieron beneficiados por la contratación de diferentes servicios a los mismos.

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