El vocero presidencial Manuel Adorni anunció que realizaron una auditoría en un organismo que funciona desde la década del 90. Hay preocupación porque el gobierno no renueva los contratos y peligra el desempeño de 900 trabajadores en todo el país.

La motosierra pasó por el Instituto de Agricultura Familiar: alerta por 900 despidos

En tiempos de recesión económica y el paso de la motosierra por diversas áreas del sector público, ahora se encendieron las alarmas por despidos masivos de trabajadores que desempeñan sus tareas en el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena.

Esta situación fue anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien manifestó que realizaron una nueva auditoría. Si bien aseguró que el Instituto fue creado en 2022 durante la gestión de Alberto Fernández, la realidad es que esta dependencia funciona desde la década del 90 y durante años vivieron irregularidades en torno a su situación laboral.

En diálogo con La Tecla, la delegada gremial de ATE en Chubut y trabajadora de la Agricultura Familiar, Ruth Guerrero, se refirió a la situación del Instituto, la problemática con los despidos y una posible migración de los trabajadores hacia la provincia de Buenos Aires.

Sobre la situación con la auditoría realizada por el gobierno nacional, la delegada gremial aseguró: “Nosotros el único acceso que tuvimos a información fue las declaraciones del vocero presidencial que dijo que el instituto era un instituto de no trabajadores, desconociendo nuestro trabajo de más de 30 años. Los contratos que históricamente han sido anuales y se renuevan automáticamente, por decreto deciden que van a ser solo de enero a marzo para revisar, ese fue el mensaje”.

“En esa revisión en marzo dejaron caer los contratos y no percibimos nunca más ingresos. Sí, nunca más. Nunca los renovaron. No solo que no los renovaron, sino que nos bajan del sistema. Nosotros tenemos un sistema, como para que entienda cualquiera que escuche, el instituto, hoy se llama instituto, empezó como programa social agropecuario en los años 90, cuando el Estado Nacional entiende que no puede tener un Ministerio de Agricultura o una Secretaría de Agricultura que no trabaje con los pequeños productores que son el motor de la agricultura familiar”, añadió.

El vocero presidencial sostuvo en la conferencia de prensa del 4 de junio que el instituto “había sido creado en el 2022 por el doctor Fernández, era administrado por militantes del Movimiento Evita y destinaba el 85% del presupuesto al pago de sueldos. Había novecientos cincuenta empleados, esta foto creo que yo ya se las había descrito hace algún tiempo atrás… Novecientos cincuenta empleados de los cuales ciento cincuenta y un empleados eran delegados gremiales”.

Sin embargo, la trabajadora chubutense sostuvo que en 2012 el estado nacional creó la Subsecretaría de Agricultura Familiar y que hace treinta años que pelean por una regularidad mayor en con respecto al empleo: “Nos dijeron, o entendimos, que era como una planta transitoria. Es decir, que posteriormente íbamos a concursar para poder entrar en los cargos formales. Bien. Bueno, eso nunca pasó. Históricamente venimos peleando por los concursos”.

En ese sentido, alertó por el futuro laboral de todos los trabajadores del área y cómo se distribuyen en todo el suelo nacional: “Nosotros somos trabajadores dispersos en todo el país. Es el único programa de todo el Ministerio de Agricultura o del Estado Nacional que tiene tal dispersión territorial y llegada a las familias hasta el último punto de la meseta de Chubut, de la cordillera, de la selva de Misiones, nosotros los técnicos garantizamos el acceso a derechos a los agricultores familiares, a las familias de agricultura familiar, estén donde estén. Y son trabajadores que tienen años de experiencia, que tienen una formación bastante particular”.

“Los 900 trabajadores se quedarían sin trabajo. Es tal que nos despidieron a todos los delegados gremiales. Ni siquiera nos reconocen por derecho la estabilidad laboral, ni siquiera eso. Así que estamos todos afuera. Los trabajadores de las provincias con los delegados gremiales. Hay algunas excepciones nada más que estaban presentadas en Medicina del Trabajo que son compañeras y compañeros que tienen o largos tratamientos o dolencias de tal severidad que implica que haya una carpeta médica y a esos no los pudieron despedir. Son los únicos compañeros que quedan”, aseguró Guerrero.

En la provincia de Buenos Aires hay una gran actividad dedicada a la agricultura familiar, distribuida en varios municipios del Conurbano y el interior del país. Otro trabajador del sector le aseguró a La Tecla que muchos colegas, personal calificado con mucha experiencia en el sector, están pensando en migrar hacia el territorio bonaerense.

Si bien el vocero presidencial desprestigió al sector asegurando que “son ñoquis” pertenecientes al Movimiento Evita, existe un peligro real por la pérdida de empleo de casi mil trabajadores de los sectores populares en un sector importantísimo para la producción de alimentos de primera calidad para los más vulnerables.

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