La Tecla
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En el último mes, la evaluación de la gestión nacional de Javier Milei ha mostrado una mejora notable, aumentando su aprobación del 48% al 51%, según el último informe de Opina Argentina. Este crecimiento en la aprobación refleja una ligera recomposición en todas las áreas de gestión relevadas, con incrementos que oscilan entre 1 y 3 puntos porcentuales en comparación con la medición anterior.
A pesar de esta mejora general, las políticas específicas de la administración de Milei reciben evaluaciones mixtas. La política económica, por ejemplo, es percibida como mala por el 51% de los encuestados, mientras que un 46% la considera buena. Similar es el caso de la política de seguridad, con un 51% de desaprobación frente a un 44% de aprobación. Las políticas de ayuda hacia los más pobres obtienen una mejor valoración, con un 49% de aprobación frente a un 41% de desaprobación. En cuanto a la política exterior, el apoyo es casi un empate, con un 49% de aprobación y un 48% de desaprobación.
Uno de los temas más controvertidos es la propuesta dolarización. Esta idea, que fue un pilar de Milei, cuenta con un apoyo minoritario entre la población, que disminuyó del 38% al 31% desde la última medición en febrero. No obstante, entre aquellos que tienen una buena imagen del Gobierno, el acuerdo con la dolarización alcanza el 60%. Este dato subraya la división de opiniones en torno a esta medida económica crucial.
La percepción sobre la Ley Bases enviada por el Gobierno también ha cambiado. En el último mes, el porcentaje de personas que cree que el Congreso debería aprobar el proyecto sin cambios aumentó del 39% al 42%. Sin embargo, se observa una tendencia donde el apoyo a la aprobación de la Ley Bases disminuye con la edad. Esta situación resalta la complejidad del apoyo legislativo y la variabilidad en la aceptación de las políticas del Gobierno entre diferentes grupos demográficos.
Por último, la polémica en torno a la distribución de alimentos por parte del ministerio de Capital Humano divide opiniones. La mitad de los encuestados exculpa al gobierno, ya sea porque se enfoca en la corrupción de los movimientos sociales (35%) o porque cree que se trató de un error involuntario (16%). La otra mitad, sin embargo, atribuye el problema a la insensibilidad social (36%) o a un déficit de gestión (10%). Esta controversia destaca los desafíos que enfrenta la administración de Milei en términos de percepción pública y gestión de crisis.