Con la sanción de la ley ómnibus y la reforma fiscal, Javier Milei tiene las herramientas para cumplir con sus palabras. “Soy el que destruye el Estado desde adentro”, dijo el Presidente. En esta línea, el detalle del desguace de los organismos nacionales en la Provincia.

Pese a que ejerce la más alta responsabilidad, el presidente Javier Milei tiene una cruzada indisimulable en contra del Estado. Semanas atrás, el libertario dijo que ama ser el que lo destruye desde adentro. Entre risas, aseguró: “Amo. Amo ser el topo dentro del Estado. Soy el que destruye el Estado desde adentro”, aseveró Milei en una entrevista que concedió en San Francisco, Estados Unidos, al medio Free Press.

“Es como estar infiltrado en las filas enemigas. La reforma del Estado la tiene que hacer alguien que odie el Estado y yo odio tanto al Estado que estoy dispuesto a soportar todo este tipo de calumnias (...) con tal de destruir al Estado”, indicó.

"Soy el que destruye el Estado desde adentro”, reconoció Milei.

En este sentido, luego de la sanción definitiva de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados y de cara a una nueva tanda de renovaciones y ceses de contratos de la dotación de empleados de la Administración Pública Nacional (APN), Milei podrá profundizar una de sus actividades favoritas, el desguace de los aparatos estatales. En pos de continuar con su esquema de reducción de la planta pública, con el fin de reducir el gasto fiscal, el Gobierno pretende conquistar los 75.000 desplazados para fin de año.

A finales de diciembre del 2023 se dieron de baja cerca de 7000 contratos que habían ingresado en ese año en diversos organismos. Luego de que se dieran tres meses de prórroga, el Gobierno finalizó su auditoría interna y efectuó una baja de empleados cercana a los 18.000 empleados. De cara a un nuevo vencimiento de contratos, la gestión libertaria puede profundizar el tendal de despedidos. Si bien no se sabe a cuanto estiraran el número, si a 50 mil o 75 mil, desde ATE PBA consideran que 11.000 corresponden a personal que se desempeña en la provincia de Buenos Aires. En este contexto, los telegramas de despidos comenzaron a llegar a las casillas de los trabajadores.

Como ha señalado La Tecla en notas anteriores, la provincia de Buenos Aires es una de las principales víctimas en la poda de la motosierra libertaria. Por un lado, debido a que por sus características demográficas gran parte de las dependencias pertenecientes al Estado se encuentran en suelo bonaerense. Por otro lado, el empecinamiento del Presidente contra el gobernador Axel Kicillof se traduce en desfinanciamiento lo que no le permite a la Provincia salir al rescate de las dependencias de Nación. Que, a su vez, son sostén de la población bonaerense en un contexto crítico.

Radiografía del desguace

ANSES y CDR

Aquellos organismos que sostienen la seguridad social de los argentinos fueron los principales afectados. Con el justificativo de que son cajas de la política y aguantaderos de militantes el Ministerio de Capital Humano avanzó con el cierre de 59 Centros de Referencia (CDR) y dependencias de ANSES.

En la provincia de Buenos Aires hay 183 dependencias de ANSES, más 16 en CABA, de las cuales a fines de mayo 19 ya habían bajado sus persianas definitivamente.

En el interior: Salliqueló, Tres Lomas, 25 de Mayo, Mar del Plata y San Nicolás.

En el Gran Buenos Aires: Ezpeleta en Quilmes, Fiorito en Lomas de Zamora, Spegazzini en Ezeiza, William Morris en Hurlingham, Ciudad Evita y Gonzalez Catán en La Matanza, Monte Chingolo en Lanús, Libertad en Merlo, Libertador en Tres de Febrero, Cuartel V en Moreno, Derqui en Pilar, Garin en Escobar, Boulogne en San Isidro y la de San Vicente.

En territorio bonaerense, los CDR se encuentran en Luján, Mercedes, Navarro, San Fernando, Pergamino, San Nicolás, Arrecifes, San Pedro, General Villegas, Junín, Trenque Lauquen, Nueve de Julio, Ayacucho, Chascomús, Chivilcoy, Dolores, Mar del Plata, Necochea, Tandil, Bahía Blanca, Tres Arroyos, Olavarría, La Plata y Escobar con la intención de ayudar a la población en la gestión de trámites que mayormente se harían las ciudades cabecera.

Obviando esta tarea, aquellas oficinas que apagaron sus luces definitivamente fueron las de Salliqueló y Ciudad Evita (Buenos Aires).

Con este nuevo vencimiento de contratos, el resto de los CDR distribuidos en toda la Provincia se ven amenazados nuevamente. El intendente de Salliqueló, Ariel Sucurro, evidenció de primera mano lo que sucede en el territorio. “Trabajamos durante muchos años para que el municipio tenga la oficina de Anses, sin esa oficina los vecinos tienen que trasladarse 100 kilómetros hasta Trenque Lauquen y eso implica tiempo, combustible y el medio para poder ir”, apuntó.

Correo Argentino

El Correo Argentino tuvo, hasta el arribo de Javier Milei a la Presidencia, 1452 oficinas y 16.800 empleados en todo el país. Como anunciaron desde el Gobierno, el plan es reducir el plantel a 500 oficinas y 9500 trabajadores. En esta línea, con retiros anticipados y despidos unos 3500 empleados fueron desvinculados, otros 377 fueron despedidos y al menos 50 sucursales fueron cerradas.

En este contexto, las sucursales que cerraron fueron las de Leandro N. Alem, Alberdi, Morse (Junín), Rafael Obligado (Rojas), Baigorrita, Zárate, San Nicolás, Ramallo, San Pedro y San Fernando, lo que ha dejado a amplias zonas de la Provincia sin acceso a un servicio postal básico y eficiente.

INTA y SENASA

Si bien el INTA y el SENASA cuentan con el acompañamiento de los exportadores de las provincias nucleadas en el Consejo Federal Agropecuario (CFA), entre las que se encuentra Buenos Aires, y que son actores con un peso importante, esto no significa que ambos organismos escapen a la amenaza latente que es la poda de la motosierra de Javier Milei. “Todos los empleados del Estado están en revisión permanente” fueron las palabras pronunciadas desde la administración libertaria, una amenaza que tiene como objetivo borrar más 35 años de historia.

La provincia de Buenos Aires alberga 77 (10 en el AMBA, 28 Buenos Aires Norte y 39 Buenos Aires Sur). Esto hace que el INTA atraviese tangencialmente la producción agropecuaria pero que, además, acompañe a las comunidades en el desarrollo de huertas propias en la búsqueda de la soberanía alimentaria.

En tanto, el SENASA sufrió el embate de la motosierra, a través de la Resolución 683/2024 se dispuso cerrar 20 oficinas del SENASA diseminadas por todo el país. En detalle, en la provincia de Buenos Aires, el centro de atención de Berisso pasa a formar parte del de La Plata, el de Capilla del Señor a San Andrés de Giles, el de Coronel Rosales a Bahía Blanca, el de Henderson a Daireaux, la oficina de San Nicolás se integra a la de Ramallo y la de Liniers (CABA) pasa a Palermo.

De esta manera, ahora quedan 112 oficinas locales del SENASA en territorio bonaerense.

CAJ

En la tercera semana de mayo hubo una nueva caza de brujas por parte del Gobierno. En aquella oportunidad, desde el Ministerio de Justicia de la Nación confirmaron el cierre de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) en todo el país, de los 97 en total, a causa de ser “ineficientes y un gasto para los contribuyentes”.

Bajo el lema “se cierra otra caja de la política”, la cartera que dirige Mariano CúneoLibarona expresó que estas dependencias estatales acumulaban empleados de distintas gestiones anteriores “sin demostrar resultados y duplicando funciones”.

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— Ministerio de Justicia (@jusgobar) June 10, 2024

Las consecuencias podrían ser severas, cerrados los 44 CAJ de la Provincia con todas sus dependencias, las miles de denuncias tramitadas por año en los centros no tendrían otro lugar que ir más que a los juzgados, las fiscalías, las defensorías y los juzgados de paz de los municipios.

Una de las trabajadoras de los Centros de Acceso a la Justicia de CABA, quien por la delicada situación prefirió no dar su identidad, detalló la realidad y las consecuencias del cierre de los centros.

“Esto implica que 400 personas, empleados y empleadas estatales, 400 familias, no sepamos qué va a pasar con nuestra continuidad laboral. No solamente porque no está claro, dijeron que iba a haber una redistribución y demás cuestiones, que iba a quedar un CAJ por provincia, de lo cual no sabemos cómo va a ser el proceso, ni cuándo, ni cómo, ni dónde, pero también sabemos que no hay lugar para 400 personas en otros lugares del ministerio”, precisó.

En la misma línea, agregó: “Así que implica la incertidumbre en cuanto a la continuidad laboral y que cada vez las personas tengan menos acceso a sus derechos principales, identidad y legal”.

Por último, señaló que hay un ensañamiento con la provincia de Buenos Aires. “Más allá del ajuste del Estado hay una diferencia ideológica con respecto a la Provincia y está claro que se la ataca por esta razón. Creo que todos corremos riesgos, pero en la provincia de Buenos Aires hay un condicionamiento ideológico también”, advirtió.

Reactores y centrales

Las centrales nucleares Atucha 1 y 2, junto al Carem, no han logrado esquivar la aplanadora del Estado que es la gestión libertaria. Al igual que en otras áreas, el recorte de fondos empuja al sector nuclear a una situación crítica en la que, como advirtió la Comisión Nacional de Energía Atómica, sólo podrían operar hasta finales de junio.

Otra de las consecuencias del desmantelamiento del complejo nuclear ubicado en Lima (Zárate) son el tendal de despedidos, a la fecha se contabilizan alrededor de 70 trabajadores (de los 160 que recibieron los telegramas) desafectados de sus tareas. Si bien intervino el Ministerio de Trabajo de la Provincia, dictando una conciliación obligatoria provincial, el gobierno nacional hizo caso omiso y decidió finalizar el contrato de los 70 obreros.

Desde la Uocra advierten que otros 500 trabajadores podrían ser desligados de las obras, con lo cual la cifra de despedidos rondaría los 570 obreros en total, lo que siginificaría la suspensión total de la construcción del Carem.

Lo que viene

En su última conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni aseguró no tener todavía certezas de cuántos serán los despidos que se concretarán a partir del lunes, sin embargo advirtió: “El 30 de junio es otra barrida y otra limpieza”. Como muchos anuncios del Gobierno, todo es inexacto debido a la falta de precisión más que las frases de Milei, sin embargo todas los organismos del Estado, junto a sus trabajadores, se encuentran bajo el filo de la motosierra.

Lo cierto es que todo el personal pasible a ser despedido en los próximos días es aquel que pertenece a regímenes de contratación transitoria u otros específicos diferentes al de la planta permanente. Ejemplo de estos son los empleados regidos por el artículo 9° de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional (en relación de dependencia, pero planta transitoria), del Decreto N°1109/27 (monotributistas estatales) y de otras modalidades.

De acuerdo a las cifras de la Oficina Nacional de Empleo Públicolos ministerios más complicados serían Capital Humano (80,01%); Economía (76,2 %); Salud (44,2%) y los organismos que de estos dependen como Biblioteca Nacional (97,5%), Fabricaciones Militares (96,0%) Enacom (81,4%), Vialidad (78,8%), SENASA (67,9%), Renaper (65,8%) y Migraciones (55,3%), puesto a que gran parte de su personal está regido bajo contratos transitorios. Lejos de finalizar, la que viene será una semana cargada de despidos y , al mismo tiempo, clave para el futuro laboral de miles de empleados públicos.

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