La Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA) congregó a cinco gobernadores con el objetivo de plantar bandera contra la Ley Bases y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Axel Kicillof fue de la partida y así coronó otra acción como uno de los principales opositores al presidente, Javier Milei.  

La cumbre convocada por el titular de SMATA, Ricardo Pignanelli, reunió también a los mandatarios de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; La Pampa, Sergio Ziliotto; La Rioja, Ricardo Quintela y Tierra del Fuego, Gustavo Melella. Además, estuvieron secretarios generales y equipos técnicos de los sindicatos industriales. 

En un documento acordado señalaron que “según datos publicados por el Banco Central de la República Argentina se dieron de baja 330.000 cuentas sueldos desde diciembre hasta fines de mayo”. Asimismo, remarcaron que “la caída en la producción industrial manufacturera alcanzó un 15,2% frente a igual periodo del año anterior, mientras que la desocupación trepó al 7,7% acompañado por una pérdida creciente y sostenida del poder adquisitivo”.

Ante este panorama, manifestaron: “Creemos necesario ratificar que el DNU 70/23, la Ley Bases, el Pacto Fiscal y muy particularmente el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) llevan a nuestro país a una acelerada disminución de la actividad industrial, de inmediato impacto en nuestras Pymes. Sobre el horizonte se proyecta una regresiva primarización extractivista de nuestros recursos naturales. Sin industrialización para la producción en origen, sin desarrollo de las cadenas de valor ni trabajo calificado”. 

“Este sendero dificulta aún más la posibilidad de acceder al primer empleo, situación por la cual insistimos en la necesidad de un acuerdo entre trabajadores, sindicatos, empresas y Estado; que genere los instrumentos necesarios para incorporar a su primer empleo a las próximas generaciones”, añadieron.

Más adelante, señalaron que "lo que se ha verificado en el primer semestre es una disminución de la producción, una caída de las manufacturas de origen industrial, despidos laborales, suspensiones, retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, recortes de horas extra, disminución de actividades y una tendiente precarización laboral, razón por la cual la pretendida modernización laboral que impulsa el actual gobierno se sostiene sobre un ostensible falseamiento de la realidad".

"Ratificamos nuestra vocación de diálogo en el marco de la plena vigencia de los derechos del trabajo expresado en los art. 14 y 14 bis de nuestra Constitución Nacional", agregaron.

Además, resaltaron que "defendemos los institutos jurídicos que aseguran a través de los convenios colectivos, paritarias libres para la discusión de los salarios, condiciones de trabajo y mejora en la distribución del ingreso como lo señala nuestra Constitución Nacional".