El Ejecutivo de 9 de Julio dio luz verde a la ordenanza que, por unanimidad, había aprobado el Concejo Deliberante. Establece zonas de exclusión y de amortiguación, y crea un registro de fiscalizadores.

Distrito PRO promulgó ordenanza sobre uso de agroquímicos

La sanción de una ley que regule el uso de agroquímicos en la provincia de Buenos Aires es una deuda de la política bonaerense, que viene demorando los acuerdos que permitan unificar criterios.

Mientras tanto, el municipio de 9 de Julio, comandado por la intendenta María José Gentile (PRO), promulgó el proyecto aprobado por unanimidad por el Concejo Deliberante para establecer normas respecto de la aplicación de fitosanitarios.

La normativa establece una zona de exclusión de 200 metros para la aplicación terrestre y de 2.000 metros para la aplicación aérea, votada por unanimidad en el deliberativo local.

"Es una ordenanza que fue trabajada aproximadamente durante dos años, con toda la evidencia puesta sobre la mesa y un trabajo a conciencia realizado, donde cada uno de los actores pudo volcar sus inquietudes y trabajar en esto" explicó Gentile a Radio Amanecer.

La jefa comunal recordó que su compromiso con esta normativa surgió durante la campaña electoral, coincidiendo en la necesidad de una legislación local ante la ausencia de una normativa nacional y provincial contundente.

La nueva ordenanza define, además, una zona de amortiguación también de 200 metros, donde la aplicación de fitosanitarios estará permitida bajo control y cumplimiento de ciertas normativas específicas.

María José Gentile, intendenta de 9 de Julio.

Entre estas, destaca la incorporación de la figura del fiscalizador, además de crear un registro de fiscalizadores, que en su mayoría serán ingenieros agrónomos y será gestionado por el municipio, siendo designados por sorteo.

De acuerdo con la ordenanza, el productor deberá convocar al fiscalizador con 48 horas de antelación a la aplicación, presentando toda la documentación necesaria, incluyendo las firmas del propietario del campo, del aplicador y del fiscalizador.

Para la elaboración del texto de la norma participaron diversos sectores, como la Sociedad Rural, el Círculo de Ingenieros Agrónomos, Regional Aapresid 9 de Julio-Casares, CREA, INTA 9 de Julio, y la ONG Conciencia Agroecológica.

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