Los salarios y la asistencia a los sectores vulnerables insumen cada vez más recursos frente a la caída de la recaudación y el ajuste de Nación. Kicillof hace esfuerzos para sostener obras. Las áreas más resentidas

Entre sueldos y gestión, el partido más difícil del Gobernador

Por Hernán Sánchez y Andrés Sosa

Desde el inicio de su mandato, Axel Kicillof evitó confrontaciones con los sindicatos y los empleados estatales recuperaron poder adquisitivo. Ante el ascenso del libertario Javier Milei a la presidencia, el Gobernador hizo público su compromiso de que los sueldos acompañarían a la inflación. Tras la devaluación de diciembre, la disparada de precios de enero y el proceso recesivo que atravesó el primer semestre de 2024, la Provincia hace esfuerzos por honrar la promesa, tantos que en post de evitar conflictos gremiales infla de recursos la masa salarial sin poder llegar al objetivo de empatarle al Índice de Precios al Consumidor, a la vez que se ve obligada a incrementar la ayuda social. En paralelo, la recaudación continúa en picada, la salida al mercado de créditos está cada vez más difícil y el Gobierno nacional sigue sin asistir a las provincias.

La resultante del combo explosivo es que el pago de sueldos y la ayuda social (con obligaciones que tomó Provincia porque Nación no las cumplía) tiene cada vez más peso sobre un presupuesto híper ajustado, y esto conlleva a limitaciones en la gestión. “Es una prioridad que el salario no pague el ajuste”, dicen en calle 6. “Debemos cuidar el salario a fondo, con lo que nos queda hacer lo que podamos, y preparar bien el 2025 para no quedarnos a pie, con la misma prioridad sobre salud, seguridad, educación y obra pública”, aseguró una fuente cercana a Kicillof. En el Ejecutivo insisten en que, pese a todo, quedó un colchón de obras en ejecución del año pasado, y algunas iniciativas ministeriales con las cuales mostrar gestión más allá de la administración de la crisis, cuestión sobre la cual también se autoelogian. “Si no hubiésemos gestionado bien estos cuatro años hoy sí no podríamos pagar sueldos”, aseveró un ministro.

Como se sabe, Nación dejó de mandar partidas extraordinarias, pero además la caída de la actividad económica impacta en los recursos coparticipables. “Con este Gobierno nacional todas las provincias pierden, pero la PBA es, ampliamente, la más perjudicada. Entre el desplome de la coparticipación y las transferencias obligatorias, el recorte a la Provincia supera el 1,3 billón de pesos y multiplica x10 la pérdida provincial promedio”, se quejó públicamente el ministro de Economía bonaerense, Pablo López. Calcula que la merma de los recursos coparticipables de nación oscila el 14%. Sin embargo, el impacto para las arcas nacionales es menor, porque cayeron fuerte los impuestos coparticipables pero no tanto aquellos que quedan totalmente para las arcas del Estado central.

A esa pérdida debe sumarse una retracción de la recaudación propia, que bajó alrededor del 5% en términos reales (total de lo recaudado menos la inflación) en el primer semestre de 2024. Aún cuando lo recaudado por Ingresos Brutos en términos reales fue levemente positivo. La suba en este impuesto obedece principalmente a medidas de política tributaria que tomó la Provincia y que impactaron favorablemente en los primeros seis meses del año. Algunas de esas medidas fueron el adelanto de ese tributo que se les pidió las grandes empresas, el aumento a los cableoperadores, y la restitución de impuestos a los pases entre bancos (Lelics). En contrapartida, hay una notoria merma en el Impuesto a los Sellos; y menos recaudación de contribuciones patrimoniales (inmobiliario y patentes), que si bien no están atadas a la actividad económica sufren las consecuencias de la recesión y la inflación, que obliga a optar muchas veces entre afrontar obligaciones tributarias o cubrir necesidades básicas.

La Provincia ha dejado de percibir en el primer semestre entre 15 y 16% en términos reales. Además, se hizo cargo de cuestiones que dejó de financiar el Gobierno nacional, como el subsidio al transporte del interior, la tarifa social, remedios oncológicos, entre otros. Por ahí también se aprieta la caja, y pese a ello se mantuvo la política de abrir las paritarias casi todos los meses. Con porcentajes variables, hubo aumentos en enero, febrero, marzo, abril, mayo y julio. De acuerdo a los gremios, el acumulado es de un 69% respecto a diciembre, es decir 10 puntos menos que la inflación acumulada del primer trimestre. De modo que los sueldos perdieron frente al inflación, pero mucho menos que lo perdido por el jefe de los empleados estatales en cuanto a ingresos. Así y todo, tendría que destrozarse mucho más la recaudación para que Kicillof cambie esta postura respecto a los salarios. Recién la modificaría, a riesgo de entrar en conflicto con los gremios, si verdaderamente se tornara imposible pagar ante un flujo de ingresos que siga cayendo.

Afinidades políticas hacen que los sindicatos sigan bancando la parada. También se escudan en que “todo aumento que propone el gobierno es porque hay una planificación presupuestaria que avala que se pueda cumplir. Sí creemos que hay una restricción presupuestaria impuesta por el gobierno nacional que hace que en ese marco se otorguen los mejores aumentos posibles, no los deseados”, dijeron desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Los gremios reconocen que el Ejecutivo viene planteando que no hay futuro en términos de planificación salarial, es mes a mes, por las imposibilidades concretas de proyectar mucho más allá. “El argumento es que no saben con qué caja cuentan, todos los días se encuentran con una decisión distinta del gobierno nacional que afecta los recursos de la Provincia, entonces no se pueden comprometer a una propuesta salarial que exceda más de un mes o tal vez dos”, le dijo a La Tecla un miembro de la mesa paritaria.

También reconocen que el Ejecutivo bonaerense sostiene la política salarial muy por encima de Nación, donde los sueldos son variable de ajuste. El último incremento ofrecido por la administración Milei fue del un 9,1% acumulativo (2% retroactivo a abril y 7% para mayo). UPCN lo firmó mientras que ATE lo rechazó. Los otros aumentos percibidos por la Administración Pública Nacional fueron tres en este año: 16% en enero, 12% en febrero y 8% en marzo, siendo estos dos últimos rechazados por ATE y aceptados por el otro gremio signatario del convenio 214/06. La diferencia es notoria a favor de la Provincia.

La contracara es el lado inevitable por el que el que ciñe el zapato. Hay algunos insumos que se han comprado en otros años y ahora, por una cuestión presupuestaria, no se van a adquirir; o programas discontinuados, como sucedió con el viaje de egresados. Además de un montón de compras sobre las que hay incertidumbre acerca de si se realizarán o no. Un caso son los celulares con georeferenciamiento para la policía, que era una de las prioridades del ministerio de Seguridad, pero su alto costos haría postergar la compra. Todavía este año no se licitaron patrulleros, aunque ya está en marcha un proceso por el que se adquirían alrededor de mil vehículos para la policía, que se sumarán a los 5.000 de la primera gestión.

Tampoco se han sumado ambulancias ni hay una orden enviada en tal sentido al Organismo Provincial de Contrataciones (OPC). Serán necesarias si la Legislatura finalmente aprueba la creación de la empresa estatal de emergencias, pese a que hay algunas compradas desde el año pasado sin entregar. Y un dato curioso es que hasta ahora (y no está previsto en breve) no se ha comprado en 2024 un solo auto para los equipos de trabajo de los ministerios, cuando algunos necesitan renovar parte de su flota. Sí se abrirá una licitación para la adquisición de minibuses para el traslado de alumnos con discapacidades que asisten a escuelas bonaerenses. Se hará a través de una licitación por convenio marco que dura más de un año. Será por 60 unidades, pero este año no se comprarían más de 30. En 2023 llegaron 60 de estos vehículos para distintos ministerios.

La mayoría de las licitaciones sobre las que trabajó el OPC en el primer semestre fueron para la compra de alimentos e insumos de ayuda social. En tanto, el ministerio de Salud debió ampliar partidas para la compra de medicamentos al hacerse cargo de remedios oncológicos que dejó de proveer Nación.

El 1 de septiembre se suma otra dificultad: el pago de la segunda cuota de 2024 de la renegociación de la deuda (ver aparte). Mientras tanto, se busca reactivar parte de la obra pública, no sólo detenida en los primeros meses del año por restricciones presupuestarias, sino porque en muchos casos se perdieron precios de referencia que hicieron retraer a los proveedores y también abrir procesos de redeterminación de partidas, que demandaron entre tres y cuatro meses.

En el Gobierno aseguran que tratan de “mantener el gasto en relación al andar de los ingresos”, y reafirman que el impacto no es mayor porque hubo una gestión ordenada que les permite hoy poder sostener las partidas del gasto en torno a los niveles de ingresos. Argumentan, además, que haber logrado eso echa por tierra las versiones de que la Provincia dependía de las transferencias no automáticas recibidas durante la presidencia de Alberto Fernández. De todos modos, ese dinero se extraña, y se necesita.

TRABAJOS YA INICIADOS
La obra pública comenzó a volver a un ritmo marcado por la recesión

De a poco, la obra pública volvió a reactivarse en la provincia de Buenos Aires. Las que están en marcha vienen de arrastre del año pasado, y serán muy pocas las nuevas que se inicien. Aquellas que empiecen serán mediante créditos de los organismos multilaterales de crédito. Mientras tanto, el motor comenzó a andar con lo ya licitado, tras varios meses que por distintos motivos hubo un parate provocado por la disparada del dólar y la inflación, que obligaron a redeterminar precios.

Entre los trabajos más destacados están la nueva planta potabilizadora de La Plata, con una inversión de 105.356 millones de pesos, parada en febrero y reiniciada el mes pasado; el nuevo puente sobre el río Reconquista; y distintos CAPS. También se retomaron obras en escuelas, está ingresando material tecnológico para hospitales de licitaciones realizadas en 2023, que además en muchos casos necesitan readecuaciones en los edificios de los nosocomios.

En cuanto a la reactivación parcial, pero en avance, “por ahí una empresa que tenía cuatro o cinco obras ahora tiene dos o tres, pero todas las constructoras que tenían licitaciones ganadas en la Provincia están trabajando, la rueda ha comenzado a funcionar”, aseguraron a La Tecla desde el Ejecutivo.

El ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, además, se encuentra en negociaciones con el Gobierno nacional para que la Provincia lleve adelante trabajos que son de suma importancia para los bonaerenses, que el propio Katopodis inició cuando era ministro de Obras Públicas de la Nación, y la administración Milei decidió no continuar. Son obras que están a mitad de camino.

Por su parte, la Provincia se ha comprometido a terminar las 8.000 viviendas que están en marcha desde el ejercicio anterior. Un remante, en casi todos los casos, que al Gobernador le servirá para mostrar hechos de gestión, aunque no en la medida que él quisiera. El problema será de cara al futuro, para el año electoral que se avecina. Casi sin posibilidad de abrir nuevas licitaciones en este ejercicio tendrá que realizar llamados ni bien comience 2025 y agudizar el ingenio para tener una activa agenda de inauguraciones antes de la próxima contienda legislativa.

VENCIMIENTO MILLONARIO
El compromiso de la deuda, un escollo más en el camino de espinas

Con la toma de deuda ya aprobada por la Nación pero sin que se haya abierto el proceso de emisión por parte de la Provincia, lo que busca Economía es contar con el dinero para pagarle a los acreedores externos el primero de septiembre. Si para afrontar ese compromiso debiera recurrir a la caja propia, igualmente necesitará endeudarse para los gastos corrientes del último trimestre. Sin el endeudamiento o no paga las obligaciones asumidas con los acreedores (algo impensado por estas horas y totalmente descartado desde el Ejecutivo) o tendrá dificultades para el funcionamiento básico de la administración pública a fin de año.

El bono será en pesos para el mercado local, pero precisamente la volatilidad financiera de las últimas dos semanas demoró la salida y Provincia no apurará su emisión hasta que no haya mejores condiciones.

Por otra parte, Kicillof necesita que Nación le permita comprar los dólares y euros para cumplir con el compromiso. Se analiza en la Provincia la posibilidad de solicitarle al Gobierno nacional que permita comprar los dólares ahora, como hizo la administración Milei de cara a los vencimientos que tiene en enero, en una medida demasiado anticipada pero casi obligada para calmar a los mercados en medio de una escalada del dólar paralelo, suba del riesgo país y caída de los bonos soberanos. Más allá de esas circunstancias, lo concreto es que en el Ejecutivo bonaerense plantean que “si ellos lo hicieron también nos deberían permitir que nosotros compremos los dólares ahora.

El segundo y último vencimiento de deuda de este año es por 332,7 millones de dólares y 14,9 millones de euros.

CREATIVIDAD EN LA GESTION
Kicillof le pidió a sus ministros un plan de acción para el año electoral

“Por suerte el año pasado nos habíamos preparado para esto. Hay ambulancias, motos y patrulleros que vienen de licitaciones de 2023 y llegan este año”, dijo un miembro del gabinete, quien admitió que no se están iniciando procesos de compra nuevos, lo que hace que se hayan reducido las licitaciones. Ese backup le permite al Gobernador y a los ministros poder mostrar acciones de gestión sin gastar del presupuesto de este año. Pero, como toda reserva, eso se termina y en algún momento tendrán que volver a comprar.

Para atajar la situación antes de tiempo, en medio de la incertidumbre política y económica que envuelve al segundo semestre de Milei, y por añadidura al inicio de 2025, Kicillof intensifica tanto su agenda política como de gestión. Ya les pidió a los miembros del gabinete que comiencen a armar el plan de acción para el próximo ejercicio, que tiene el condimento de ser año electoral.

Antes, durante y después de la campaña para las Legislativas, el Gobierno necesitará sí o sí tener un plan de gestión que le permita mostrar una administración activa y capaz de seguir cortando cintas más allá de las restricciones económicas. “Debemos tener un plan de acción en Seguri-dad, Educación, Infraestructura, Vivienda, para tener el año que viene un año con acción” reafirman en calle 6.

Desde hace tiempo el mandatario solicita “creatividad” para sostener la gestión más allá de las vicisitudes económicas.

EFECTO MILEI EN PBA
La pobreza apremia y la Provincia incrementa partidas para alimentos

El gobierno de Axel Kicillof afina el lápiz presupuestario y cada decisión que desembolse fondos es evaluada con detenimiento en un contexto en el que el ahogamiento económico de Nación impacta de lleno en las arcas provinciales. En ese sentido, uno de los principales objetivos del Gobernador es contener la crisis social que se profundiza a raíz del rumbo económico adoptado por el presidente Javier Milei, y no escatima recursos para la seguridad alimentaria.

Desde el ministerio de Desarrollo de la Comunidad recordaron que en marzo se implementó un aumento en las prestaciones de los programas de Servicio Alimentario Escolar (SAE) y MESA Bonaerense (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria). La inversión mensual pasó de $27.092 millones a $52.564 millones, lo que implicó un aumento del 94%. Las prestaciones alcanzan a 2,4 millones de destinatarios en todo el territorio bonaerense.
En tanto, ese mismo mes se anunció un incremento del 76 % en el monto de becas y prestaciones de programas sociales y del 118,7 % en las becas del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA). En esa oportunidad, el Estado provincial elevó la inversión de $ 5.500 millones a más de $10.700 millones mensuales.

La medida alcanza a más de 550.000 destinatarios enmarcados en infancias, juventudes, personas con discapacidad y adultos mayores vinculados a espacios comunitarios e instituciones con roles de contención en la comunidad.

Meses después, en junio, la Provincia subió 100% el monto de prestaciones de acompañamiento alimentario y, sumado a las anteriores actualizaciones, alcanzó un acumulado de 250% en lo que va del año. La suba impacta en los destinatarios de los programas Más Vida y de acompañamiento alimentario para personas con celiaquía (PAAC) y las que viven con VIH (PAAI).

En términos mensuales, con los dos aumentos establecidos durante este año, en el Plan Más Vida se pasó de una inversión de $468,4 a $937 millones. En el PAAC, en tanto, de $110,5 millones se incrementó a $221. En el PAAI la inversión creció de $118,8 a $237,6 millones. De esta manera, en el caso de los programas PAAC y PAAI el monto mensual destinado a cubrir la compra de alimentos pasa de $18.700 por persona a $37.400, y el Más Vida de $12.300 a $24.600.

NUEVA MODALIDAD
Sólo se abren licitaciones si hay dinero disponible

En la Provincia son meticulosos también en la apertura de licitaciones, sobre todo en el plano de los convenios marco, que no necesitan una afectación presupuestaria para la adjudicación. “Hasta el año pasado no había problemas, pero este año no podemos exponer a los proveedores a hacerlos ofertar, contratar seguros de mantenimiento de oferta (que es una caución) y que después no haya plata”, comentó una fuente del Ejecutivo.

En ese sentido, antes de lanzar un convenio marco, el Organismo Provincial de Contrataciones se asegura que los ministerios que se servirán de la licitación tengan la aprobación de Economía y la seguridad que contarán con el dinero para afrontar el costo. Aseguran que se trata de un cambio de sistema para no perjudicar a los proveedores, que de otra manera deben hacer frente a muchos costos sin tener precisiones acerca de si el gobierno les va a comprar o no.

QUE DICEN LOS GREMIOS
La prioridad es el pago de sueldos y los aumentos pierden terreno

La relación entre el gobernador Axel Kicillof y los gremios estatales, docentes, médicos y judiciales siempre fue de cercanía. Incluso muchos de los sindicatos -casi en su totalidad- se encuadran dentro de Unión por la Patria (UP) con dirigentes que forman parte del gabinete o son legisladores. En plena crisis económica, el vínculo sigue intacto a pesar de las dificultades que muestra el Gobierno para acompañar los aumentos al ritmo de la inflación.
Las medidas de fuerza son cosa del pasado, salvo algunas excepciones contadas con los dedos de una mano, la provincia de Buenos Aires goza de licencias al momento de plantear negociaciones salariales. De hecho, en lo que va del 2024 la inflación le gana a los incrementos de sueldos brindados y no hay lugar a reclamos estruendosos por parte de las conducciones gremiales.

La dinámica de las paritarias en este año se caracterizó por reuniones informales en la previa a sentarse a rubricar los acuerdos. Ya se tornó habitual que el ministro de Economía, Pablo López, junte a los diferentes sindicatos con el objetivo de compartirles el estado de situación de las arcas provinciales en un contexto macroeconómico más que adverso. Por supuesto, el panorama complejo obliga a forzar la creatividad para que las ofertas sean un poco más seductoras para las bases.

“Nosotros vemos que la situación cada vez se agrava más. La recaudación cada vez está peor y las iniciativas a nivel nacional no están dando resultado”, reconoce una fuente de un gremio de peso a La Tecla. En esa línea indicó que “el mercado no está viendo perspectivas que esto sea viable en el tiempo”.

Sobre la suba de precios, el dirigente gremial señaló que “es cierto que está bajando la inflación, pero con una depresión económica descomunal. Por lo tanto, nos preocupa sobremanera la situación de la Provincia y del financiamiento que tiene”.

En cuanto alas perspectivas para el segundo semestre en torno a la cuestión salarial, manifestó que “sabemos que está muy dificultoso todo. Entendemos que los salarios no están en peligro”. De este modo, despeja una de las grandes dudas que siempre surgen en tiempos crisis: el pago de sueldos.

“Por un lado, entendemos la situación económica que está atravesando la Provincia porque lo vemos a través de nuestros afiliados”, indicó; y añadió: “Pero, por otro lado, tenemos la necesidad de nuestros afiliados de no solamente contar con el cobro en tiempo y forma de los salarios, sino con una actualización de los haberes y una recuperación de los puntos de inflación perdidos”.

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La reunión con Pablo López duró poco más de media hora, fue áspera, y desde la UCR y el Pro dijeron que discutirán la Ley de Leyes recién cuando se pague el Fondo de Fortalecimiento Fiscal y la deuda de IOMA con los municipios, entre otros temas. El compromiso que asumió el ministro y el fuerte reclamo amarillo por lo que sucedió con la Impositiva 2024.

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