¿JUNTOS O SEPARADOS?
La Tecla
Redacción
Todos los derechos reservados
Serga.NET
La Justicia Electoral procesó a apoderados de partidos que presentaron candidatos truchos para financiarse
El Juez Federal con competencia electoral de la Provincia avanzó con la investigación sobre los sellos que tenían personas muertas en las listas con el objetivo de cobrar dinero del Estado. El caso inicio durante el proceso electoral del 2023.
Este lunes 19 de agosto se conoció que la Justicia Federal procesó a cuatro apoderados de partidos políticos que presentaron listas en las PASO 2023 con personas muertas o que no habían prestado consentimiento. El objetivo de la maniobra era para financiarse a través del Estado con los aportes que se realizan por ley.
Según pudo confirmar La Tecla, la resolución que lleva la firma del juez electoral de la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla se dio luego de una investigación iniciada durante el proceso electoral que se realizó el año pasado. En julio de 2023, el magistrado había solicitado los espacios que presentaran informes sobre las boletas para tener detalles al respecto.
La resolución a la que tuvo acceso este medio tiene 180 páginas y dispuso el procesamiento de los apoderados de los partidos Encuentro Republicano Federal, Justicia y Dignidad Patriótica, Proyecto Joven y Esperanza del Pueblo. La decisión es sin prisión preventiva, pero les prohibió la salida del país y se embargaron sus bienes.
La información que figura en el fallo al que tuvo acceso La Tecla
Los procesados son Ernesto Raúl Habra, Sergio Jesús Medrano, Yamil Eloy Salerno y Matías Mauricio Burgos. En los fundamentos se explicó que se detectaron “maniobras fraudulentas desplegadas por un conjunto de apoderados y autoridades partidarias que consistió en la conformación de partidos políticos sin representación ni vocación política real”, para “acceder a las herramientas de financiamiento que legítimamente corresponden a las agrupaciones para su funcionamiento y participación en la contienda electoral”.
Además, se pudo conocer que “un grupo de apoderados y autoridades partidarias utilizaban datos de ciudadanos para conformar el cuerpo de afiliados y los órganos partidarios, y así constituir agrupaciones políticas”. Lo llamativo es que algunos precandidatos ya se encontraban fallecidos hace más de diez años y otros no sabían que formaban parte de las listas.
Con los recursos que obtenían de manera ilegal habrían mandado a imprimir las boletas a una imprenta de la ciudad de Santa Fe, de la que es socio el propio Habra. De hecho, en la resolución se detalló que “se lograron determinar vínculos entre dichos apoderados y autoridades partidarias con la imprenta que era seleccionada para la impresión de boletas por los partidos involucrados en esta investigación”.
En cuanto al dinero que Estado distribuye a los partidos, se constató que la Dirección Nacional Electoral (DINE) a Proyecto Joven le asignó $352.050.020,32 en concepto de aportes de campaña e impresión de boletas para las categorías diputados nacionales, parlamentarios del Mercosur distrito Regional, y senadores Nacionales. Asimismo, se les dio otro aporte por ir a internas y por cada categoría se otorgó $76.566.885,12.
Por su parte, a Justicia y Dignidad Patriótica le distribuyeron $124.224.124,30 por las mismas categorías.
En tanto, a Esperanza del Pueblo la DINE asignó a la categoría diputados nacionales $38.283.442,56 en boletas y como aportes de campaña $4.545.683,42. Para parlamentarios del Mercosur distrito Regional $38.283.442,56 para la impresión de boletas y como aportes de campaña $427.644,19. Además, para senadores nacionales se asignaron $38.283.442,56 para imprimir boletas y $4.400.469,01 para aportes de campaña. De todos modos, el partido no cobró el dinero tras rechazar la justicia electoral las listas de precandidatos presentadas.
Encuentro Republicano Federal tampoco recibió los fondos porque sus listas fueron rechazadas. Sin embargo, se le había designado para diputados nacionales $38.283.442,56 para la impresión de boletas y como aportes de campaña $5.688.175,35. Para parlamentarios del Mercosur distrito Regional $38.283.442,56 para la impresión de boletas y como aportes de campaña $342.115,35. A su vez, en senadores nacionales había asignado la suma de $38.283.442,56 para la impresión de boletas y la suma de $3.520.375,20 en concepto de aportes de campaña.
Proliferación de listas internas
"En contraste con la postulación de precandidatos falsos y la conformación de órganos partidarios aparentes, se observa que los partidos mencionados solicitaron la aprobación de numerosas listas internas para competir en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del año 2023", explicó la resolución judicial.
Entonces, se remarcó que "para tener una referencia, las agrupaciones políticas con mayor número de afiliados y las que superaron el umbral de las PASO presentaron dos listas internas o lista única en las elecciones de agosto de 2023, en este distrito electoral. Sin embargo, los partidos involucrados presentaron entre 3 y 5 listas internas, dependiendo el
caso".
"Esta sobre proliferación de listas internas, llamativamente, se da en partidos que no participaron en ningún momento de elecciones internas competitivas, ni resulta clara cuál es la diferencia de facciones internas intrapartidarias que justificaría que hasta 5 listas compitan entre ellas; es decir, cuáles son sus referentes, sus distintas ideas políticas, etc.", añadió.
Asimismo, recordaron que a partir del fallo de la C.S.J.N. en la causa "Apoderados de la Alianza Frente Patriota Bandera Vecinal Distrito Buenos Aires”, el Máximo Tribunal revocó el criterio antes establecido por la Cámara Nacional Electoral, y consolidó una interpretación del art. 32 de la ley 26.571 que "implica garantizar a cada lista interna el financiamiento estatal para imprimir el equivalente a una boleta por elector".
Además, se fundamentó, que "con el criterio vigente y aplicado en las últimas elecciones, por cada lista interna que presenta una agrupación política, ésta multiplica el monto asignado para impresión de boletas. Sólo por dar un ejemplo, el partido Proyecto Joven, únicamente por la presentación de 3 listas internas, recibió $229.700.655,36 más de lo que hubiera recibido si no hubiera presentado competencia interna".
"Teniendo en cuenta la falsedad de las precandidaturas y los órganos partidarios mencionados, en los casos de los partidos aquí involucrados, existen elementos para concluir que la multiplicidad de listas internas presentadas no se vinculaba con una vocación real de dirimir internas partidarias, sino de multiplicar ilegítimamente los recursos que la Dirección Nacional Electoral les asignaría a los partidos involucrados", afirmó la resolución.
Los acusados y procesados
Ernesto Habra, apoderado del partido Encuentro Republicano Federal, es acusado como organizador de toda la ingeniera armada por los cuatro partidos en cuestión. En ese sentido, se lo procesó por “defraudación a la administración pública en concurso ideal con falsedad ideológica” en cuatro oportunidades.
Sergio Medrano (Justicia y Dignidad Patriótica), Yamil Salerno (Proyecto Joven) y Matías Burgos (Esperanza del Pueblo) fueron procesados bajo las mismas figuras penales. Los miembros de las juntas electorales que fueron indagados y desconocieron sus firmas en las actas, se les dictó la falta de mérito por el momento. No obstante, se ordenaron pericias caligráficas y otras medidas para corroborar sus descargos.
El pedido de Ramos Padilla y el inicio de la investigación
A pocos días de la oficialización de las precandidaturas, en julio de 2023 el juzgado federal de La Plata ordenó a los partidos la confección de informes preliminares sobre las listas y un entrecruzamiento de todos los precandidatos. Por ese motivo, detectó que los partidos ahora en la mira tenían entre sus postulantes a personas muertas.
En ese sentido, se abrieron cuatro causas penales que se acumularon en el expediente 7215/2023. Allí se investigó si cometieron otro tipo de irregularidades, se convocó a la AFIP para que haga un seguimiento de los gastos de cada uno de los partidos y se elevó un informe a la Cámara Nacional Electoral. Ante esta situación, se dio cuenta de la proliferación de partidos “sin vocación política” y se planteó la necesidad de “reanalizar los estándares de asignación de recursos económicos” fijados por la C.S.J.N. en el 2017 en el caso “Biondini”.
Durante la causa penal, el juez Ramos Padilla convocó a prestar declaración a todos los precandidatos de las cuatro agrupaciones investigadas. Luego se determinó que 170 de ellos no habían dado consentimiento y, por supuesto, desconocían la existencia de los partidos en los que figuraban como precandidatos.
A raíz de las irregularidades, el magistrado citó a prestar declaración indagatoria a los apoderados y a los miembros de las juntas electorales partidarias. En sintonía con varios de los que declararon, negaron haber aprobado las listas investigadas y algunos indicaron que no conocían que formaban parte del partido y que cumplían funciones en los órganos partidarios.
Desde el juzgado electoral de La Plata se ordenaron allanamientos y se encontró documentación electoral relacionada con decenas de partidos políticos en los domicilios de Habra.
La resolución de la Justicia Federal
Según pudo confirmar La Tecla, la resolución que lleva la firma del juez electoral de la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla se dio luego de una investigación iniciada durante el proceso electoral que se realizó el año pasado. En julio de 2023, el magistrado había solicitado los espacios que presentaran informes sobre las boletas para tener detalles al respecto.
La resolución a la que tuvo acceso este medio tiene 180 páginas y dispuso el procesamiento de los apoderados de los partidos Encuentro Republicano Federal, Justicia y Dignidad Patriótica, Proyecto Joven y Esperanza del Pueblo. La decisión es sin prisión preventiva, pero les prohibió la salida del país y se embargaron sus bienes.
La información que figura en el fallo al que tuvo acceso La Tecla
Los procesados son Ernesto Raúl Habra, Sergio Jesús Medrano, Yamil Eloy Salerno y Matías Mauricio Burgos. En los fundamentos se explicó que se detectaron “maniobras fraudulentas desplegadas por un conjunto de apoderados y autoridades partidarias que consistió en la conformación de partidos políticos sin representación ni vocación política real”, para “acceder a las herramientas de financiamiento que legítimamente corresponden a las agrupaciones para su funcionamiento y participación en la contienda electoral”.
Además, se pudo conocer que “un grupo de apoderados y autoridades partidarias utilizaban datos de ciudadanos para conformar el cuerpo de afiliados y los órganos partidarios, y así constituir agrupaciones políticas”. Lo llamativo es que algunos precandidatos ya se encontraban fallecidos hace más de diez años y otros no sabían que formaban parte de las listas.
Con los recursos que obtenían de manera ilegal habrían mandado a imprimir las boletas a una imprenta de la ciudad de Santa Fe, de la que es socio el propio Habra. De hecho, en la resolución se detalló que “se lograron determinar vínculos entre dichos apoderados y autoridades partidarias con la imprenta que era seleccionada para la impresión de boletas por los partidos involucrados en esta investigación”.
En cuanto al dinero que Estado distribuye a los partidos, se constató que la Dirección Nacional Electoral (DINE) a Proyecto Joven le asignó $352.050.020,32 en concepto de aportes de campaña e impresión de boletas para las categorías diputados nacionales, parlamentarios del Mercosur distrito Regional, y senadores Nacionales. Asimismo, se les dio otro aporte por ir a internas y por cada categoría se otorgó $76.566.885,12.
Por su parte, a Justicia y Dignidad Patriótica le distribuyeron $124.224.124,30 por las mismas categorías.
En tanto, a Esperanza del Pueblo la DINE asignó a la categoría diputados nacionales $38.283.442,56 en boletas y como aportes de campaña $4.545.683,42. Para parlamentarios del Mercosur distrito Regional $38.283.442,56 para la impresión de boletas y como aportes de campaña $427.644,19. Además, para senadores nacionales se asignaron $38.283.442,56 para imprimir boletas y $4.400.469,01 para aportes de campaña. De todos modos, el partido no cobró el dinero tras rechazar la justicia electoral las listas de precandidatos presentadas.
Encuentro Republicano Federal tampoco recibió los fondos porque sus listas fueron rechazadas. Sin embargo, se le había designado para diputados nacionales $38.283.442,56 para la impresión de boletas y como aportes de campaña $5.688.175,35. Para parlamentarios del Mercosur distrito Regional $38.283.442,56 para la impresión de boletas y como aportes de campaña $342.115,35. A su vez, en senadores nacionales había asignado la suma de $38.283.442,56 para la impresión de boletas y la suma de $3.520.375,20 en concepto de aportes de campaña.
Proliferación de listas internas
"En contraste con la postulación de precandidatos falsos y la conformación de órganos partidarios aparentes, se observa que los partidos mencionados solicitaron la aprobación de numerosas listas internas para competir en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del año 2023", explicó la resolución judicial.
Entonces, se remarcó que "para tener una referencia, las agrupaciones políticas con mayor número de afiliados y las que superaron el umbral de las PASO presentaron dos listas internas o lista única en las elecciones de agosto de 2023, en este distrito electoral. Sin embargo, los partidos involucrados presentaron entre 3 y 5 listas internas, dependiendo el
caso".
"Esta sobre proliferación de listas internas, llamativamente, se da en partidos que no participaron en ningún momento de elecciones internas competitivas, ni resulta clara cuál es la diferencia de facciones internas intrapartidarias que justificaría que hasta 5 listas compitan entre ellas; es decir, cuáles son sus referentes, sus distintas ideas políticas, etc.", añadió.
Asimismo, recordaron que a partir del fallo de la C.S.J.N. en la causa "Apoderados de la Alianza Frente Patriota Bandera Vecinal Distrito Buenos Aires”, el Máximo Tribunal revocó el criterio antes establecido por la Cámara Nacional Electoral, y consolidó una interpretación del art. 32 de la ley 26.571 que "implica garantizar a cada lista interna el financiamiento estatal para imprimir el equivalente a una boleta por elector".
Además, se fundamentó, que "con el criterio vigente y aplicado en las últimas elecciones, por cada lista interna que presenta una agrupación política, ésta multiplica el monto asignado para impresión de boletas. Sólo por dar un ejemplo, el partido Proyecto Joven, únicamente por la presentación de 3 listas internas, recibió $229.700.655,36 más de lo que hubiera recibido si no hubiera presentado competencia interna".
"Teniendo en cuenta la falsedad de las precandidaturas y los órganos partidarios mencionados, en los casos de los partidos aquí involucrados, existen elementos para concluir que la multiplicidad de listas internas presentadas no se vinculaba con una vocación real de dirimir internas partidarias, sino de multiplicar ilegítimamente los recursos que la Dirección Nacional Electoral les asignaría a los partidos involucrados", afirmó la resolución.
Los acusados y procesados
Ernesto Habra, apoderado del partido Encuentro Republicano Federal, es acusado como organizador de toda la ingeniera armada por los cuatro partidos en cuestión. En ese sentido, se lo procesó por “defraudación a la administración pública en concurso ideal con falsedad ideológica” en cuatro oportunidades.
Sergio Medrano (Justicia y Dignidad Patriótica), Yamil Salerno (Proyecto Joven) y Matías Burgos (Esperanza del Pueblo) fueron procesados bajo las mismas figuras penales. Los miembros de las juntas electorales que fueron indagados y desconocieron sus firmas en las actas, se les dictó la falta de mérito por el momento. No obstante, se ordenaron pericias caligráficas y otras medidas para corroborar sus descargos.
A pocos días de la oficialización de las precandidaturas, en julio de 2023 el juzgado federal de La Plata ordenó a los partidos la confección de informes preliminares sobre las listas y un entrecruzamiento de todos los precandidatos. Por ese motivo, detectó que los partidos ahora en la mira tenían entre sus postulantes a personas muertas.
En ese sentido, se abrieron cuatro causas penales que se acumularon en el expediente 7215/2023. Allí se investigó si cometieron otro tipo de irregularidades, se convocó a la AFIP para que haga un seguimiento de los gastos de cada uno de los partidos y se elevó un informe a la Cámara Nacional Electoral. Ante esta situación, se dio cuenta de la proliferación de partidos “sin vocación política” y se planteó la necesidad de “reanalizar los estándares de asignación de recursos económicos” fijados por la C.S.J.N. en el 2017 en el caso “Biondini”.
Durante la causa penal, el juez Ramos Padilla convocó a prestar declaración a todos los precandidatos de las cuatro agrupaciones investigadas. Luego se determinó que 170 de ellos no habían dado consentimiento y, por supuesto, desconocían la existencia de los partidos en los que figuraban como precandidatos.
A raíz de las irregularidades, el magistrado citó a prestar declaración indagatoria a los apoderados y a los miembros de las juntas electorales partidarias. En sintonía con varios de los que declararon, negaron haber aprobado las listas investigadas y algunos indicaron que no conocían que formaban parte del partido y que cumplían funciones en los órganos partidarios.
Desde el juzgado electoral de La Plata se ordenaron allanamientos y se encontró documentación electoral relacionada con decenas de partidos políticos en los domicilios de Habra.
La resolución de la Justicia Federal