En el octavo mes del año, oficialismo y oposición aún no se sentaron a negociar las vacantes en la Corte, el Bapro y otros organismos. La institucionalidad y el repaso de los casilleros vacíos.

Las sillas frías de la gestión de Kicillof

Falta de muñeca política para algunos, estrategia para otros. Lo cierto es que el Ejecutivo provincial tiene en el freezer la negociación con la oposición para ocupar sillones claves en el funcionamiento institucional de la provincia de Buenos Aires.

Cuatro de las siete sillas de la Corte provincial, la mitad del directorio del Banco Provincia (tienen mandato prorrogado), el Contador General bonaerense (en igual situación que los anteriores), autoridades del Grupo Bapro y sus empresas (Provincia ART, Provincia Seguros y Provincia Vida) y decenas de cargos judiciales figuran en la abultada lista del “debe” de la política vernácula.

A nadie escapa que el oficialismo batalla en dos frentes: uno, el interno, signado por el tironeo entre kicillofistas y camporistas y las exigencias de Sergio Massa. El tigrense apela a frecuentes “llamados de atención”, como sucedió cuando Malena Galmarini quedó fuera de combate en la conducción de las empresas del Banco Provincia o para alzar la voz por la silla que resignó en el directorio de la institución financiera bonaerense.

En el otro campo de batalla, las huestes de Unión por la Patria pulsean con una oposición cada vez más atomizada, cuyos grupos y subgrupos ponen sobre la mesa sus propias ambiciones.

Al radicalismo y el PRO, los espacios tradicionales, se suman ahora los libertarios, en sus dos versiones en Diputados: los mileístas, comandados ahora por Agustín Romo, y los “dialoguistas” (a los primeros los llaman libermassistas, por sus vínculos con el Frente Renovador). En el Senado hay dos espacios, uno “parejista” y otro disidente pero no “contra”, que conduce Carlos Kikuchi.

Los de Karina Milei y Pareja se niegan a confesar sus aspiraciones, mientras que los que preside Gustavo Cuervo reclaman un lugar en el Bapro, que iría a manos de Fernando Rozas, haciendo valer un acuerdo para apoyar buena parte de las iniciativas del peronismo.

En la lista de designaciones pendientes también hay que sumar la del Sub Procurador General (a propuesta del Ejecutivo), silla reclamada por el oficialismo y vacante tras la jubilación de Juan Ángel de Oliveira; la del Defensor General, que también sería para UxP; y el de Sub Defensor General, por quien la oposición levantó la mano. Ambos deben pasar por el Consejo de la Magistratura y funcionarían por primera vez en la historia de la provincia de Buenos Aires.

DIRECTORIO DEL BAPRO
Un delicado equilibrio con varios actores pugnando por un lugar

Axel Kicillof prorrogó sin fecha el mandato de los directores del Banco Provincia que habían sido designados por dos años en 2022. Así, permanecen en la entidad la peronista Laura González, el boina blanca Carlos Fernández y el amarillo Santiago Nardelli (el bullrichista es presionado por el PRO oficial para dejar su lugar), a la vez que sigue sin cubrirse la vacante por la renuncia del luego fallecido Daniel Barrera. Dos de los lugares son para el oficialismo, con La Cámpora pugnando por mantener a González y el massismo intentando sumar a un hombre más (ya tiene a Galmarini), habida cuenta de que perdió un lugar tras la salida del fallecido Mario Meoni.

El acuerdo con los libertarios “dialoguistas” obligaría a dar un lugar a Fernando Rozas, del bloque Unión, Renovación y Fe en Diputados, mientras que la UCR mantendría su poder con la continuidad del tandilense Carlos Fernández y el PRO perdería un sillón. Además de Galmarini, tienen mandato hasta 2025 los peronistas Alejandro Formento y Humberto Vidaldo y Bruno Screnci, del PRO.

CONTADURIA GENERAL
Un alfil del PRO con mandato prorrogado

El último día hábil del 2022, el gobernador Axel Kicillof extendió por segunda vez la continuidad del Contador General de la Provincia, Carlos Baleztena, por tiempo indeterminado, y aún no hay novedades sobre su reemplazo. El funcionario fue nombrado el 10 de agosto de 2018, mediante el decreto N° 836/18, que llevó la firma de María Eugenia Vidal. Reemplazó en ese entonces a María Fernanda Inza, quien quedó seriamente involucrada en la causa de aportantes truchos.

Hasta su nombramiento, el funcionario ocupaba la Secretaría de Economía y Hacienda del Municipio de Tres de Febrero. La normativa indica que es el Senado quien debe remitir al Ejecutivo la terna para que el Gobernador elija el nombre del Contador, con mandato por 4 años.

LA JUSTICIA EN LA MIRA
Las vacantes en la Suprema Corte y los pliegos judiciales en el horno

La Corte bonaerense quedó con sólo tres de sus siete miembros: Daniel Soria (Presidente), Hilda Kogan y Sergio Torres, tras el fallecimiento de Héctor Negri y las renuncias de Eduardo De Lázzari, Eduardo Pettigiani y Luis Genoud. El oficialismo tiene pisada la rosca cortesana, que mantiene una irregularidad institucional. No faltan quienes creen que de la resolución de esta negociación dependen todos los demás acuerdos con la oposición, y que el primer paso podría darse a finales de año o bien el año próximo, que tendrá el condimento de las elecciones de medio término.

En cualquier caso, desde el Ejecutivo ya avisaron que intentarán quedarse con tres de los cuatro sillones vacantes, mientras que la oposición pugnará por repartir dos por sectores. En caso de que la hipótesis sea la del peronismo, deberá decidir a quién le cede el lugar. No sólo por tener una mejor sintonía, sino porque el PRO “colocó” a Torres, es que las mayores chances son para un candidato del radicalismo (desde diferentes estamentods del partido se expersaron en favor de que las vacantes sean cubiertas por mujeres), aunque para que ello se dilucide deberá aguardarse la resolución de la interna boina blanca provincial, que definirá al sucesor de Maximiliano Abad al frente del Comité Provincia.

Mientras tanto, el Ejecutivo aceleró en los últimos días y envió al Senado un lote de pliegos de jueces para cubrir parte los más de 700 sillones vacantes en la Justicia provincial.

CELULARES APAGADOS
La oposición espera el llamado, mientras lanza críticas al Ejecutivo

Desde la oposición se mira con cierto dejo de resignación la tardanza en encarar la negociación con el Ejecutivo. “Nos preocupa, pero hay una decisión del Gobernador que es la de no atender el problema de los bonaerenses, y sin importarle incluso que alguna de esas cuestiones lleven a una gravedad institucional a la Provincia”, aseguró el jefe del bloque del PRO en el Senado, Alejandro Rabinovich. El marplatense sostuvo que “más allá de las designaciones y todo lo que falta, estamos en una Provincia acéfala de gobierno, estamos frente a un gobernador que no le interesan los temas de la provincia de Buenos Aires, sino que lo que le interesa es hacer una carrera presidencial en vista de saber cómo cierra el peronismo y cómo alinea atrás de él a todo el kirchnerismo”.

Desde la UCR aseguraron a este medio que “ni siquiera podemos hablar del tema, no hay novedades, nadie se comunica con nosotros y no hay ningún diálogo en marcha”.

Los libertarios, en tanto, prefieren no ventilar cuestiones ligadas a negociaciones por sillas, y coinciden con los amarillos en criticar una agenda que, sostienen, privilegio proyectos con alta presencia del Estado provincial como el de crear una empresa de emergencias.

Consejo de Educación

El 14 de julio de 2022, Diputados votó la última integración del Consejo General de Cultura y Educación. Los mandatos (únicos pliegos que se aprueban en el Cámara baja) son de un año. Por lo tanto, quienes integran actualmente el organismo, presidido por el Director Gral. de Educación, Alberto Sileoni, tienen mandatos prorrogados ipso facto desde hace más de un año.

Los consejeros son 10, 6 de la política y 4 de los gremios, y todos los pliegos deben ser enviados a la Legislatura con la firma del Gobernador. Es otro de los pedidos de la oposición al Ejecutivo.

Actualmente, quienes tienen el mandato prorrogado en representación de los trabajadores docentes son Graciela Veneciano y Graciela Salvador por parte de la FEB, y Marcelo Zarlenga y Néstor Carasa por el lado de SUTEBA.

Los consejeros que vienen de la política son los oficialistas Mariana Galarza (docente y gremialista del SUTEBA de San Andrés De Giles) -vicepresidencia del cuerpo-, y el massista Diego Di Salvo. Era consejero Silvio Maffeo, pero esa silla está vacante tras su designación como Director de Inspección General.

Los tres consejeros de la oposición son los radicales Natalia Quintana (licenciada en Trabajo Social, de Vedia) y Diego Martínez (ex vicepresidente del Consejo, licenciado en Ciencias Política y magister en Relaciones Internacionales), y el politólogo Matías Lobos, dirigente del PRO de San Martín, alineado a Patricia Bullrich.

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La reunión con Pablo López duró poco más de media hora, fue áspera, y desde la UCR y el Pro dijeron que discutirán la Ley de Leyes recién cuando se pague el Fondo de Fortalecimiento Fiscal y la deuda de IOMA con los municipios, entre otros temas. El compromiso que asumió el ministro y el fuerte reclamo amarillo por lo que sucedió con la Impositiva 2024.

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