Como hicieron Axel Kicillof y Verónica Magario días atrás, el ministro Bianco volvió a eludir un apoyo del Gobierno a la iniciativa de La Cámpora para modificar el cálculo de indemnizaciones laborales. El Senado y un panorama complejo, con críticas internas y externas.

Bianco Pilatos: el Ejecutivo se vuelve a lavar las manos con un polémico proyecto

Impulsado por La Cámpora, de manera especial, el proyecto para modificar el cálculo de las indemnizaciones laborales en la provincia de Buenos Aires sigue levantando polvareda, dentro y fuera de Unión por la Patria.

La iniciativa de las legisladoras Maite Alvado y Soledad Alonso pasó con éxito en Diputados, gracias al apoyo del bloque libertario “dialoguista”, contando con el rechazo del resto de la oposición.

Sin embargo, no parecería tener una recepción positiva en la Cámara alta, que viene postergando su tratamiento, mientras se suceden las expresiones de rechazo a la posibilidad de que, como advierten algunos sectores, se produzca un efecto demoledor en las Pymes por la anunciada multiplicación por siete que podrían sufrir algunas indemnizaciones por despido.

Al rechazo de la UCR, el PRO, los libertarios mileístas y de -por lo bajo- varios legisladores del oficialismo, se suma una posición indiferente, cuando no contraria, de parte del Ejecutivo provincial.

A comienzos del mes de julio, el gobernador visitó Ituzaingó, desde donde consideró que la propuesta camporista “se está discutiendo”, y se mostró partidario de que se busque un equilibrio.

Maite Alvado, diputada provincial de Unión por la Patria y referente del camporismo.

Fue días después de que la vicegobernadora Verónica Magario asegurase que el proyecto no pertenece al Ejecutivo, el mismo argumento que utilizó esta mañana el ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco, para tomar distancia de la iniciativa.

“No es un proyecto del Ejecutivo, sabemos de qué se trata y se está tratando en la Legislatura, pero no es un proyecto del Ejecutivo”, respondió con actitud de Poncio Pilatos, aquel personaje bíblico a quien adjudican no hacerse responsable de la decisión de crucificar a Jesús.

Mientras tanto, el panorama en el Senado aparece más complicado que en la Cámara baja. De las 46 bancas, el oficialismo cuenta con 21 voluntades, debiendo sumar al menos tres para llegar a la mayoría, o dos y forzar un doble voto de la presidenta del cuerpo, Verónica Magario.

Sin apoyo del interbloque que conforman el PRO, los radicales y sus socios margaritos y monzoístas, ni de los diferentes sectores libertarios, el oficialismo no pierde las esperanzas y explora alternativas como la de las “ausencias repentinas” para favorecer el número.

Tampoco han sido suaves las críticas de sectores productivos como las empresas o el campo que, a través de la Mesa de Enlace Bonaerense, dirigió una carta al Senado para manifestar su preocupación sobre la normativa, alertando sobre las problemáticas que puede conllevar su aprobación.

Pese a que reconocen “la importancia de proteger los derechos de los trabajadores”, consideraron advertir “sobre los efectos adversos que esta medida podría generar para la economía provincial, particularmente en sectores esenciales como el agropecuario”.

Allí expresaron: “El incremento propuesto en los intereses sobre créditos laborales impactaría de manera significativa en los costos operativos de las empresas, lo que, de sancionarse la ley, podría derivar en una disminución de las contrataciones, reducciones de personal e incluso en el cierre de empresas, afectando directamente tanto a empleadores como a trabajadores”.

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