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La Tecla
Redacción
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Clientelismo electoral: más procesados en la causa que envuelve a intendente radical
La Cámara Electoral Nacional confirmó la decisión sobre cinco nuevos implicados en el proceso que investiga manipulación de comicios en el distrito de Maipú y que tiene contra las cuerdas a Matías Rappallini. Los detalles de la resolución.
La Cámara Nacional Electoral (CNE) confirmó nuevos procesamientos en el marco de la causa por clientelismo electoral en el distrito bonaerense de Maipú y tiene implicado al intendente Matías Rappallini. Ahora se sumaron otras cinco personas vinculadas a la Municipalidad que retuvieron los documentos de al menos 27 votantes en las elecciones de 2019.
La investigación ya cuenta con un total de 13 procesados por ser presuntos responsables de haber manipulado los comicios municipales en los que el alcalde radical resultó victorioso por 50 votos. El año pasado, en una resolución con similares argumentos, los mismos jueces ratificaron los primeros seis procesamientos dictados por el Juzgado Federal de Primera Instancia, a cargo de Alejo Ramos Padilla.
Ahora se rechazaron las apelaciones por prescripción e incompetencia del fuero que habían presentado Manuela Llona, Juan Cruz Cardozo, Mariana Lorena Correa, Horacio Oscar Escot y Carmen Beatriz Nievas y confirmaron de esa forma su participación delictiva. En tanto, el expediente regresa ahora al juzgado de origen para que continúe con la investigación.
Los camaristas Santiago Hernán Corcuera, Alberto Ricardo Dalla Vía y Daniel Bejas argumentaron, en la resolución que firmaron el 12 de septiembre y a la que tuvo acceso La Tecla, que “si bien la investigación se encuentra en pleno desarrollo, coexisten en la pesquisa una serie de elementos a partir de los cuales resulta posible acreditar, con el estándar propio de la instancia, que efectivamente existió un mecanismo coordinado y gestado desde esferas jerárquicas de poder del gobierno municipal, dirigido a manipular la voluntad de una serie de ciudadanos de la localidad de Maipú, y así intervenir ilícitamente en los comicios desarrollados el 27 de octubre de 2019, todo ello bajo la modalidad de masivas retenciones de documentos de identidad, mediante proliferación –en algunos casos- de amenazas de diversa índole, y como principal herramienta de explotación y engaño la vulnerabilidad que caracterizaba, según su propio relato, a la situación socio-económica de las víctimas”.
La causa que complica a Matías Rappallini
La causa se inició el 27 de octubre de 2019, el día que se llevaron a cabo las elecciones generales. En aquel entonces vecinos de Maipú denunciaron que habían entregado su DNI a personas vinculadas a la Municipalidad a cambio de dinero, elementos para la construcción, alimentos u otros bienes, o bajo la promesa de que iban a ingresar a programas estatales. Además, algunos expresaron que recibieron amenazas.
Los denunciados les habrían retenido el documento a cambio de que votaran al candidato a intendente de Juntos por el Cambio, Matías Rapallini. Lo que suma mayor atención también es que ganó las elecciones por una diferencia de 50 votos.
La metodología implementada consistía en entregar la boleta del postulante y una parte del dinero asegurándoles que cuando les mostraran el comprobante de emisión les darían el resto. Como si fuera poco, les pedían que se filmaran mientras metían la boleta en el sobre. Además, las víctimas eran objeto de intimidaciones cuando les pedían que su documentación les fuera devuelta.
La intervención de la Justicia tras el escándalo
El juez Alejo Ramos Padilla procesó en mayo de 2022 a Raúl Esteban Ibarra, Miguel Ángel Silva, María Alejandra Fernández, César Javier Nievas, Carlos Enrique Villalba, Franco Miluzzi y Diego Leonardo Miluzzi por retención indebida de documentos de terceros y por inducir a electores con engaños a abstenerse de votar. El magistrado consideró que se había puesto en práctica un “mecanismo gestado y coordinado desde esferas jerárquicas de poder del gobierno municipal dirigido a manipular la voluntad de una serie de ciudadanos de la localidad de Maipú”.
En los casos de Ibarra, Villalba y Silva, además, les sumó los delitos de impedir el ejercicio del derecho al sufragio mediante violencia o intimidación.
Excepto Franco Miluzzi, los imputados apelaron la decisión del juez, que fue rechazada por el máximo tribunal electoral. Los camaristas indicaron que “no caben dudas que el caso presenta particularidades propias según las cuales pudo advertirse un complejo dispositivo que conjugó diversas formas de condicionamiento -cuya capacidad para restringir o anular la autodeterminación de los aquí denunciantes quedó demostrada-, las cuales fueron utilizadas por un conjunto de individuos relacionados con el gobierno municipal a los fines de desdibujar y tergiversar los más elementales valores, principios y derechos del régimen representativo, conquistas cuya defensa debe primar en todo Estado democrático y constitucional como el nuestro”.
Además, el Tribunal recordó varios fallos en los que ya había advertido que “las prácticas clientelares conspiran precisamente contra la expresión de libre voluntad que constituye un presupuesto indispensable del ejercicio del sufragio”.
Clientelismo electoral en Maipú: la resolución completa de la CNE
La investigación ya cuenta con un total de 13 procesados por ser presuntos responsables de haber manipulado los comicios municipales en los que el alcalde radical resultó victorioso por 50 votos. El año pasado, en una resolución con similares argumentos, los mismos jueces ratificaron los primeros seis procesamientos dictados por el Juzgado Federal de Primera Instancia, a cargo de Alejo Ramos Padilla.
Ahora se rechazaron las apelaciones por prescripción e incompetencia del fuero que habían presentado Manuela Llona, Juan Cruz Cardozo, Mariana Lorena Correa, Horacio Oscar Escot y Carmen Beatriz Nievas y confirmaron de esa forma su participación delictiva. En tanto, el expediente regresa ahora al juzgado de origen para que continúe con la investigación.
Los camaristas Santiago Hernán Corcuera, Alberto Ricardo Dalla Vía y Daniel Bejas argumentaron, en la resolución que firmaron el 12 de septiembre y a la que tuvo acceso La Tecla, que “si bien la investigación se encuentra en pleno desarrollo, coexisten en la pesquisa una serie de elementos a partir de los cuales resulta posible acreditar, con el estándar propio de la instancia, que efectivamente existió un mecanismo coordinado y gestado desde esferas jerárquicas de poder del gobierno municipal, dirigido a manipular la voluntad de una serie de ciudadanos de la localidad de Maipú, y así intervenir ilícitamente en los comicios desarrollados el 27 de octubre de 2019, todo ello bajo la modalidad de masivas retenciones de documentos de identidad, mediante proliferación –en algunos casos- de amenazas de diversa índole, y como principal herramienta de explotación y engaño la vulnerabilidad que caracterizaba, según su propio relato, a la situación socio-económica de las víctimas”.
La causa que complica a Matías Rappallini
La causa se inició el 27 de octubre de 2019, el día que se llevaron a cabo las elecciones generales. En aquel entonces vecinos de Maipú denunciaron que habían entregado su DNI a personas vinculadas a la Municipalidad a cambio de dinero, elementos para la construcción, alimentos u otros bienes, o bajo la promesa de que iban a ingresar a programas estatales. Además, algunos expresaron que recibieron amenazas.
Los denunciados les habrían retenido el documento a cambio de que votaran al candidato a intendente de Juntos por el Cambio, Matías Rapallini. Lo que suma mayor atención también es que ganó las elecciones por una diferencia de 50 votos.
La metodología implementada consistía en entregar la boleta del postulante y una parte del dinero asegurándoles que cuando les mostraran el comprobante de emisión les darían el resto. Como si fuera poco, les pedían que se filmaran mientras metían la boleta en el sobre. Además, las víctimas eran objeto de intimidaciones cuando les pedían que su documentación les fuera devuelta.
La intervención de la Justicia tras el escándalo
El juez Alejo Ramos Padilla procesó en mayo de 2022 a Raúl Esteban Ibarra, Miguel Ángel Silva, María Alejandra Fernández, César Javier Nievas, Carlos Enrique Villalba, Franco Miluzzi y Diego Leonardo Miluzzi por retención indebida de documentos de terceros y por inducir a electores con engaños a abstenerse de votar. El magistrado consideró que se había puesto en práctica un “mecanismo gestado y coordinado desde esferas jerárquicas de poder del gobierno municipal dirigido a manipular la voluntad de una serie de ciudadanos de la localidad de Maipú”.
En los casos de Ibarra, Villalba y Silva, además, les sumó los delitos de impedir el ejercicio del derecho al sufragio mediante violencia o intimidación.
Excepto Franco Miluzzi, los imputados apelaron la decisión del juez, que fue rechazada por el máximo tribunal electoral. Los camaristas indicaron que “no caben dudas que el caso presenta particularidades propias según las cuales pudo advertirse un complejo dispositivo que conjugó diversas formas de condicionamiento -cuya capacidad para restringir o anular la autodeterminación de los aquí denunciantes quedó demostrada-, las cuales fueron utilizadas por un conjunto de individuos relacionados con el gobierno municipal a los fines de desdibujar y tergiversar los más elementales valores, principios y derechos del régimen representativo, conquistas cuya defensa debe primar en todo Estado democrático y constitucional como el nuestro”.
Además, el Tribunal recordó varios fallos en los que ya había advertido que “las prácticas clientelares conspiran precisamente contra la expresión de libre voluntad que constituye un presupuesto indispensable del ejercicio del sufragio”.
Clientelismo electoral en Maipú: la resolución completa de la CNE