El tema volvió a estar en agenda a propuesta del gobernador, Ignacio Torres. El proyecto para mudar la capital al distrito Viedma-Carmen de Patagones tendría el consenso para que el Consejo de Mayo avance. Cómo es la iniciatva y cómo funciona el nuevo organismo

Resurge un viejo anhelo para mudar la capital al sur

Durante el fin de semana cobró relevancia nuevamente la idea de mudar la capital a Viedma, proyecto que tiene décadas y que el ex presidente Raúl Alfonsín fue el impulsor durante su gestión de que esto sea realidad.

Originalmente, Alfonsín firmó el 8 de junio de 1987 la Ley 23.512 de traslado de la Capital Federal a las ciudades de Viedma, Carmen de Patagones y Guardia mitre, en el marco de una refundación de la república por la recuperación de la democracia.

Los argumentos de ahora también se remiten a los de aquel entonces, y se trata de descentralizar de Buenos Aires todo el movimiento político, administrativo y económico del país, y también se remarca el acto de federalismo que esto implicaría.

Este proyecto fue presentado varias veces desde 1987 hasta la fecha, y en dos oportunidades concretamente fue la ahora senadora rionegrina, Silvina García Larraburu, que presentó en 2016 y en 2018 el proyecto en el Senado para que la capital de la república sea trasladada al distrito Viedma, Carmen de Patagones y Guardia Mitre.

La senadora destacaba en sus proyectos algunos puntos como, por ejemplo, que los trabajadores de la administración pública que se vieran afectados por la ley “no podrán ser traslados sin su previo y expreso consentimiento, manteniendo en todo caso la garantía de estabilidad. Los agentes que no acepten el traslado serán re ubicados en otros organismos en la forma y plazos que determine la reglamentación”, y reforzaba la idea de que “la Patagonia y su infinidad de riquezas serán potenciadas con una decisión de estas características, lo que además llevará al resto del territorio argentino hacia el mutuo fortalecimiento. Viedma, al igual que hace tres décadas, es la mejor candidata para el traslado y está sumamente preparada en infraestructura y en lo administrativo” sentenciaba García Larraburu en el año 2018.

Uno de los objetivos que también plantean quienes están a favor de que se traslade la capital, tiene que ver con pensar en un desarrollo productivo que suceda de una manera más equitativa, es decir que la mayor parte del trabajo de las provincias “no se vaya para Buenos Aires”.

En esta oportunidad, el proyecto volvió a resonar en el último tiempo, pero cobró relevancia durante el fin de semana cuando el gobernador de Chubut, Nacho Torres, anunció en el programa de Mirtha Legrand que ya estaría presentado el proyecto para mudar la capital al distrito Viedma, Carmen de Patagones, y Guardia Mitre, y aseguró que ya estaba el consenso para que se convierta en un hecho concreto.

Si bien el mandatario chubutense se refirió a un acuerdo con senadores y el gobierno nacional, la realidad es que, según relatan los senadores, el proyecto no fue presentado en la Cámara Alta y no será tratado a través del Senado, sino que será el Consejo de Mayo creado a partir de la firma del Pacto de Mayo, quien decidirá sobre este planteo.

El Consejo de Mayo, tal cual detalla su publicación en el Boletín Oficial, se conforma con una figura de presidente, y seis consejeros, uno en representación del Ejecutivo, uno en representación de las provincias, uno en representación del Senado, uno en representación de Diputados, uno en representación de los sindicatos, y uno por el sector empresarial.

Hasta el momento hay varias confirmaciones de representantes, entre ellos el presidente del Consejo será el Jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, el representante del Ejecutivo será Federico Sturzenegger, por parte de las provincias anunciaron que hay consenso para que el representante sea el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

Por parte de los sindicatos, será Gerardo Martínez de la UOCRA quien personifique a los gremios en el Consejo, y lo que todavía esta en disputa son los senadores, diputados, y empresarios para negociar a quien van a designar.

En diputados el nombre que suena con mayor fuerza es el del presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo. Mientras que en el Senado, hay una disputa entre la senadora cordobesa Alejandra Vigo de Unidad Federal, y el salteño Juan Carlos Romero de Cambio Federal.

Los empresarios están definiendo la pulseada dentro de Grupo Seis, que integran Daniel Funes de Rioja (Unión Industrial Argentina), Gustavo Weiss (Cámara Argentina de la Construcción), Javier Bolzico (Asociación de Bancos Argentinos), Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio de Buenos Aires), Natalio Mario Grinman (Cámara Argentina de Comercio) y Nicolás Pino (Sociedad Rural Argentina), pero no confirmaron nombre hasta el momento.

En sus facultades el Consejo trata los proyectos que se corresponden con los 10 ítems que se firmaron en el Pacto, y no se tratan como proyectos de ley mediante votación, sino que trabaja con la lógica del consenso, y en caso de no llegar al acuerdo se traspasa la potestad de decisión al presidente de la Nación, en este caso Javier Milei.

En este marco, el nuevo interbloque Provincias Unidas presentó dos proyectos similares pero que proponen dos capitales diferentes. Por un lado, el entrerriano Edgardo Kueider sugiere trasladar la capital a la ciudad de Paraná, mientras que la chubutense Edith Terenzi propone que sea “un área entre Carmen de Patagones (Buenos Aires), y Viedma y Guardia Vieja (Río Negro)”.

El proyecto de la Senadora de la Patagonia retoma en mayor medida el planteado por Alfonsín en el inicio del retorno a la democracia, y justamente quiere que el traslado sea hacía la región sur del país. La finalidad del proyecto es “descongestionar el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y generar una nueva dinámica de desarrollo en el sur del país, una región históricamente relegada”.

Además de los senadores mencionados, ambas iniciativas son acompañadas por el resto de legisladores que integran el bloque entre los que están la neuquina Lucila Crexell, Carlos Espínola (Corrientes), Alejandra Vigo (Córdoba), y Juan Carlos Romero (Salta).

A esto se suma una encuesta reciente de la consultora Zuban Córdoba, que midió la aprobación de la gente a trasladar la capital a otras zonas del país y el 45,3% aseguró que está a favor, un 32,5% en contra, y un 22,2% no sabe. En la pregunta específica de a qué lugar la trasladarían Viedma se llevó el primer lugar con el 26,7% de adhesiones, y le siguieron Córdoba 20,4%, Tucumán 6,4%, Rosario 4,4%, y otra localidad 29,8%.

Una de las contras muy grandes que recibe este proyecto, tanto en los recintos de la Cámara Alta y Baja, como en el resto del arco político y la sociedad en general, es la urgencia de otras demandas que se presentan en el país en medio de una crisis económica muy grande.

Pero en este marco, el gobernador Nacho Torres hizo principal hincapié y señaló que justamente habría una reducción de gastos considerable a partir de la descentralización de varias dependencias, como por ejemplo el Poder Judicial.

En este sentido, también detalló que se trata de un plan a largo plazo y que podría tardar en concluirse entre 10 y 12 años, porque implica una adecuación de infraestructura sobre todo para la ciudad que pasaría a ser la nueva capital.

Por último, señaló que se trataría de un proyecto con un “proceso austero”, y como ya se mencionó en varias ocasiones sobre el tema, es algo que se llevó adelante en otros países como Brasil, Estados Unidos y Australia, y fue con el mismo objetivo de descentralizar y federalizar.

Con respecto a los apoyos en la Patagonia, el consenso entre gobernadores e intendentes es casi total, sobre todo en la provincia de Río Negro que sería el punto central en la idea que pone a Viedma en el epicentro.

El intendente de dicha localidad, Marcos Castro, le comentó a La Tecla Patagonia su postura al respecto y señaló que mientras “debatir este proyecto implique debatir más federalismo, menos concentración, más descentralización, menos burocracia, bienvenido sea. Es decir, en esos conceptos, y obviamente los fundamentos que se tuvo en su momento para impulsar la ley allá por el año 86, nosotros los suscribimos en su totalidad”, y agregó por otro lado que “obviamente hay un montón de cuestiones que una vez que esa decisión política exista, si es que existe, que requiere empezar a trabajarse. Más que nada vinculada a los recursos, a lo que implicaría el traslado y todo lo que ello conlleva”.

Los próximos días podrían darse mayores definiciones o detalles sobre el tema, con respecto a si será tratado en el Consejo de Mayo como se dijo, o si cambiará la lógica del debate. Sobre el consenso político para incluir el tema en la agenda, y además si las localidades jugarán o no para tener mayor peso entre las opciones que se podrían discutir.

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