La gestión del exalcalde de 9 de Julio firmó un convenio con la israelí Nandi para desarrollar chips destinados al ganado. La oposición descubrió a empleados de la firma trabajando antes de que se apruebe el convenio. Vínculos políticos y un posible interpelación a la vista.

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La política del distrito de 9 de Julio, comandado por la intendenta María José Gentile (PRO) se vio sacudida tras una denuncia realizada por todos los bloques (excepto el oficialismo) en el Concejo Deliberante.

El hecho está referido a un convenio que el cuerpo aprobó en octubre último para autorizar a la empresa israelí Nandi, dedicada a la tecnología aplicada al ganado, a utilizar las instalaciones del Centro San Cayetano de dicha ciudad, un polo tecnológico cuyo edificio fue adquirido por el municipo al Banco Provincia.

En concreto, el fin era impulsar la colocación de collares con chip para monitorear la salud y evolución del ganado a través de su trazabilidad, un convenio que impulsó la gestión del exintendente Mariano Barroso, también del PRO, de quien Gentile era jefa de Gabinete.

Sin embargo, el Concejo demoró el OK a la propuesta ya que no estaba clara la contraprestación por parte de la empresa, y solo mencionaba que se capacitaría a personal municipal y privado en el uso de esta tecnología sin especificar la cantidad.

“A pesar de las dudas que nos generaba, se conviene en aprobar y ratificar el convenio, pero agregando una cláusula que decía que la empresa no podrá hacer uso de las instalaciones hasta que el Consejo Deliberante ratifique los convenios específicos donde se cuantifique cuál va a ser la devolución de la empresa al municipio”, refirió la edil peronista Julia Crespo.

María José Gentile, jefa comunal de 9 de Julio.

Dicho convenio fue aprobado el 10 de octubre por el deliberativo local, pero días después dos concejales de Unión por la Patria, que visitaban el lugar destinado a la empresa, “abrieron una puerta y se encuentran con gente de Nandi trabajando”, añadió la concejala.

En tal sentido, señaló que “lo primero que hacen es informarnos de lo que estaba pasando, por lo que fuimos con la concejala Natalia Bazterra y los encontramos trabajando. Cuando les preguntamos desde cuándo estaban allí nos dijeron que desde noviembre o diciembre, casi 10 meses trabajando, aunque después dijeron que era desde marzo, pero no cambia nada”.

Tras el descubrimiento, el Concejo anuló la ordenanza e hizo intervenir al Tribunal de Cuentas, pidiendo, además, una sesión especial y conformando una comisión investigadora que ya citó a la actual intendenta. La creación de la misma contó con el apoyo de los bloques de Unión por la Patria, La Libertad Avanza, la UCR y el unibloque de Juntos Diálogo.

La situación de complica aún más cuando se hizo público que el representante de la empresa israelí en la Argentina era el empresario Sebastián Gavaldá, esposo de la concejala María Inés Ormaechea, del partido oficialista.

En cuanto a las consecuencias de este escándalo, los concejales opositores señalaron a La Tecla.info que la situación podría llegar a la Justicia. “Veremos en qué deriva todo esto, pero acá hay que saber si la empresa estaba con consentimiento de algún funcionario público, ver las implicancias y las responsabilidades del funcionario público, si corresponde o no. Y si la empresa no estaba autorizada por un funcionario público, estaba usurpando un espacio público”.

En tal sentido, el radical Ignacio Palacios evaluó que de comprobarse que los trabajadores de Nandi fueron autorizados a ingresar al edificio antes de que se apruebe el convenio, podría caber la tipificación de incumplimiento de los deberes de funcionario público para quien lo haya permitido.

Por el momento, no se descarta que la actual intendente Gentile pueda ser objeto de un pedido de interpelación en el deliberativo local.

La voz oficial

En referencia a este tema, Gentile explicó que la caída del convenio con la empresa representa “una pérdida significativa para el desarrollo económico local, así como para la generación de empleo y la capacitación de jóvenes en tecnologías avanzadas”.

En cuanto a la denuncia, consideró que “se habilitó a la empresa a poder guardar sus cosas hasta que fuera aprobado el convenio, ellos manejan elementos que se les ponen al ganado y los utilizan como sensores. En realidad estaban teniendo lugar de guardado hasta que sea habilitado por parte del Concejo Deliberante. Si esta es la irregularidad, se va a subsanar, por supuesto, la empresa está a disposición de poder pagar un alquiler o poder brindar algo a cambio por estos meses que hicieron uso del espacio, pero ni nada que pudiera ser no transparente en estas acciones”.

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