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Jueves, 14 noviembre 2024
Argentina
14 de noviembre de 2024
GRIETA

A contramano de Milei, Kicillof oficializa ambicioso plan de obras en universidades

El Gobernador bonaerense avanza con un programa destinado a infraestructura en la educación superior. En qué consiste la respuesta a los recortes impulsados por el Presidente.

A contramano de Milei, Kicillof oficializa ambicioso plan de obras en universidades
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El gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó el Plan De Infraestructura Universitaria con la intención de reforzar el sistema educativo superior. De esta manera, el gobernador Axel Kicillof pone en marcha un programa como antítesis del ajuste impulsado por el presidente Javier Milei. 

A través del Decreto Nº 2797, publicado en el Boletín Oficial, se aprobó la iniciativa que tiene objeto “incrementar el acceso a la educación superior, expandir la infraestructura universitaria optimizando el uso del espacio y mejorar la calidad educativa a través de la infraestructura y equipos para laboratorios, bibliotecas, centros de investigación y otras instalaciones dirigidas a ese fin, fortaleciendo el funcionamiento y los servicios hospitalarios, comedores y los polos de desarrollo local, extendiendo la cobertura territorial en la provincia de Buenos Aires, para la atención de prioridades y demandas en orden al desarrollo integral de regiones y localidades de la provincia”.

Asimismo, se estableció que el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos podrá financiar “hasta el cien por ciento (100 %) del importe de los Proyectos presentados por las Universidades, con más las adecuaciones provisorias resultantes de la aplicación del sistema de redeterminación de precios aprobado por el Decreto N° 290/21 y sus modificatorios”.

Además, se indicó que “podrá financiar el saldo pendiente de ejecución de aquellas obras que se encuentren paralizadas y/o abandonadas por causas ajenas a la voluntad de las autoridades universitarias, únicamente en proporción a la parte que aún no se haya ejecutado de las mismas, limitándose la redeterminación de precios exclusivamente a los certificados emitidos con posterioridad a su reinicio”.

En este sentido, la cartera que conduce Gabriel Katopodis fue designada como Autoridad de Aplicación y se la facultó “a dictar las normas interpretativas, complementarias, aclaratorias y/o reglamentarias que resulten necesarias para su implementación”. También tendrá la tarea de “otorgar asistencia financiera a Instituciones Universitarias Nacionales y Provinciales para el desarrollo de infraestructura”.

Entre los fundamentos, se recordó que en 2025 “la República Argentina y la Corporación Andina de Fomento (CAF) suscribieron un contrato de préstamo en el marco de un programa cuyo objetivo general es apoyar al Gobierno Nacional a financiar obras de infraestructura en las Universidades Nacionales de las diferentes provincias del País con el fin de extender la cobertura y mejorar la calidad del Sistema Universitario Nacional”.

Sin embargo, remarcaron que “la finalidad del mismo se vio frustrado como consecuencia de la falta de cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado Nacional con las Universidades Nacionales, el que conllevó al abandono, paralización o neutralización de las
obras financiadas en dicho marco, como así también las que se financiaban con recursos provenientes del Tesoro Nacional”.

Entonces, indicaron que “en este contexto político y social, los planes provinciales implementados para coadyuvar al fortalecimiento de las instituciones universitarias presentes en el territorio bonaerense resultan insuficientes a los fines de extender la cobertura y mejorar la calidad del sistema universitario en beneficio de los/as bonaerenses”. Por lo tanto, crearon el Plan de Infraestructura Universitaria.

Luego, agregaron: “Para cumplir con el objetivo del mencionado Plan, la provincia de Buenos Aires, en la medida de su disponibilidad presupuestaria, podrá financiar la ejecución de obras nuevas y el reinicio de las obras que se encuentren en ejecución o paralizadas como consecuencia del incumplimiento incurrido por el Estado Nacional de las cláusulas de los convenios celebrados, de la supervisión de los avances de obras y consecuentemente del pago de los certificados de obra presentados”.
 

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