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Liberan acceso al Puerto La Plata y relocalizan a familias que ocupaban las vías del tren
La medida fue ordenada por el juez federal Alejo Ramos Padilla luego de un conflicto de larga data. Asimismo, para la reubicación coordinó con el Gobierno bonaerense y la municipalidad de La Plata.
Un asentamiento irregular instalado en las vías del tren, que obstruía el transporte al Puerto La Plata y ponía en riesgo la vida de quienes vivían allí, fue reubicado por decisión del juez federal Alejo Ramos Padilla. Actualmente el acceso encuentra plenamente operativo y con todas sus vías despejadas. Las familias que se habían instalado en esa zona en el 2009 fueron reubicadas en módulos habitacionales construidos en el “Barrio Nuevo” de la localidad de Ringuelet.
En 2009 se detectó la presencia de viviendas precarias en la traza del tren entre Empalme Museo y calle 129 de la capital bonaerense que afectaban el normal tránsito al ingreso al puerto de la ciudad. En ese entonces, el Consorcio Gestión del Puerto La Plata inició sin éxito actuaciones en la justicia provincial para recuperar el control de la zona.
Con el paso de los años, el asentamiento creció bloqueando parcialmente las vías del tren y generando riesgos de descarrilamiento, lo que habilitó luego la intervención de la Justicia Federal. En 2019, el Consorcio denunció nuevamente la situación, esta vez ante el Juzgado Federal N°1 de La Plata, por entonces a cargo del Juez Adolfo Ziulu y destacó que se impedía el tránsito normal de los trenes de carga y que personas ajenas al ferrocarril habían saboteado el sistema de frenos de una formación.
Las denuncias en la causa FLP 37639/2019, caratulada “N.N. s/ DETENCIÓN O ENTORPECIMIENTO DE LA MARCHA DE TRENES y ENTORPECIMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS (ART. 194)”, mencionaban con énfasis que el carbón que se dirige a COPETRO no tiene otra modalidad de transporte y tampoco la arena que ingresa por el puerto desde Entre Ríos hacia Vaca Muerta Neuquén (YPF). En septiembre de 2020, el Consorcio del Puerto realizó una ampliación de la denuncia, dando a conocer que se habían asentado nuevas viviendas sobre las vías del tren.
Para el juez Alejo Ramos Padilla, quien asumió al frente del Juzgado Federal N°1 de La Plata en marzo de 2021, el tren constituye una fase de un proceso económico de importancia estratégica a nivel nacional y “su obstrucción afecta el desarrollo productivo que descansa en el tren como vía de interconexión para dar respuesta a los requerimientos vinculados con el comercio nacional e internacional y las industrias locales, abasteciendo tanto a la Refinería de YPF, el Astillero Río Santiago, Copetro y el resto de las plantas productoras y empresas radicadas en el cordón industrial adyacente al Puerto La Plata”.
En este sentido, manifestó que “no sólo resulta un recurso indispensable para el buen funcionamiento del puerto, entendido este como la terminal fluvial de comercialización y distribución de bienes y servicios, tanto con perspectiva nacional como internacional; sino que también desempeña un papel importante en el cordón industrial ubicado en la zona de Berisso y Ensenada. El puerto cuenta para ello con sistemas de carga, descarga, acopio y procesamiento que requiere de una continuidad operativa. Para su pleno desarrollo y esplendor, es necesario contar con una adecuada conexión ferroviaria del Puerto La Plata con el resto del país. El entorpecimiento del paso del tren por las vías del Ramal Río Santiago puede afectar los intereses económicos del país y la provincia y también los derechos de los miles de trabajadores del cordón industrial ubicado en la zona del Puerto La Plata”.
Los informes de expertos y peritos ferroviarios y las inspecciones oculares que realizó el propio magistrado confirmaron que la ocupación no solo obstaculizaba el tránsito ferroviario, sino que también representaba un peligro inminente para los habitantes del asentamiento y un obstáculo al funcionamiento de las empresas del polo industrial que se sitúa alrededor del puerto.
Por ello, desde el Juzgado, se dispusieron medidas urgentes para que no se genere un nuevo descarrilamiento o una pérdida humana y para garantizar el adecuado tránsito de la única vía ferroviaria que todavía estaba en funcionamiento.
Con las primeras acciones mientras se cursaba la pandemia, luego se iniciaron reuniones con el gobierno de Axel Kicillof, la intendencia de La Plata, entonces a cargo de Julio Garro, la empresa concesionaria que presentó la denuncia y otras áreas específicas del gobierno provincial, especialmente la Subsecretaría de Hábitat de la comunidad, bajo el mando de Héctor Rubén Pascolini.
Si bien el objeto de la causa quedó delimitado exclusivamente al entorpecimiento del servicio del ferrocarril en la denominada Zona Crítica, la situación habitacional de las familias también fue abordada por el Juzgado, que reparó especialmente en la cantidad de niños, niñas y adolescentes que allí vivían.
Al respecto, Ramos Padilla consideró que esto “responde además a principios y normas internacionales y nacionales que forman parte del bloque constitucional y el orden público, como la seguridad pública, la protección a la vida y a la integridad física de las personas, el derecho a una vivienda digna y a un medio ambiente sano, entre otros. Para que esos derechos sean respetados y garantizados, las personas que actualmente habitan ese barrio popular no pueden permanecer en la zona de vías. Pesa sobre el Estado la obligación de relocalizarlas”.
Además, el magistrado recordó los estándares internacionales que existen en la materia a la hora de realizar desalojos, por cuanto se debe “lograr la aceptación y colaboración de las personas que habitan la zona crítica, quienes deben comprender la importancia de abandonar el lugar –que habitaban desde hacía muchos años– por los peligros que para sí mismos y para su entorno su permanencia en el lugar genera”. Ello en virtud de que el paso de las locomotoras a centímetros de donde se ubicaban las viviendas precarias importaba un riesgo concreto para la integridad física de quienes habitaban la traza del ferrocarril.
La reubicación de las familias
En una primera instancia de acuerdos y tras numerosas reuniones de las mesas de trabajo promovidas por el juzgado federal, la Municipalidad de La Plata y el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad ofrecieron terrenos en el barrio El Retiro para la construcción de módulos habitacionales.
Sin embargo, esta medida generó conflictos con vecinos de El Retiro, quienes se opusieron a la llegada de nuevas familias. Las protestas en la zona retrasaron el inicio de las obras y obligaron a las autoridades a abrir otra instancia de diálogo para destrabar el proceso. Finalmente, se dispuso que las familias fueran relocalizadas en el “Barrio Nuevo”, ubicado en las calles 115 y 517 de Ringuelet.
En septiembre de 2024, se finalizó la primera etapa del desalojo y traslado, retirando las casillas y los materiales que afectaban el tránsito de la vía interrumpida, pero aún quedaban viviendas en la zona de las vías que serían desocupadas en una segunda etapa, cuando se construyeran los módulos que permitieran la reubicación del resto de las familias. Trabajaron de manera mancomunada personal de la Subsecretaría de Hábitat del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia, del Ministerio de Seguridad, y funcionarios de la Municipalidad de La Plata, tanto de la gestión de Julio Garro como de Julio Alak.
A mediados de enero de este año, finalizó la reubicación de todas las personas y, luego de una inspección, se constató que en la zona ferroviaria se encontraba totalmente despejada, se colocaron portones de cerramiento y se llevaron adelante otras medidas para evitar nuevos asentamientos, recuperándose plenamente el funcionamiento de las dos vías del tren, quedando la custodia del lugar en manos del Consorcio del Puerto.
Con este nuevo estado de situación, el titular del Juzgado Federal N°1 de La Plata dispuso el pasado 17 de enero el archivo de la causa.
En 2009 se detectó la presencia de viviendas precarias en la traza del tren entre Empalme Museo y calle 129 de la capital bonaerense que afectaban el normal tránsito al ingreso al puerto de la ciudad. En ese entonces, el Consorcio Gestión del Puerto La Plata inició sin éxito actuaciones en la justicia provincial para recuperar el control de la zona.
Con el paso de los años, el asentamiento creció bloqueando parcialmente las vías del tren y generando riesgos de descarrilamiento, lo que habilitó luego la intervención de la Justicia Federal. En 2019, el Consorcio denunció nuevamente la situación, esta vez ante el Juzgado Federal N°1 de La Plata, por entonces a cargo del Juez Adolfo Ziulu y destacó que se impedía el tránsito normal de los trenes de carga y que personas ajenas al ferrocarril habían saboteado el sistema de frenos de una formación.
Las denuncias en la causa FLP 37639/2019, caratulada “N.N. s/ DETENCIÓN O ENTORPECIMIENTO DE LA MARCHA DE TRENES y ENTORPECIMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS (ART. 194)”, mencionaban con énfasis que el carbón que se dirige a COPETRO no tiene otra modalidad de transporte y tampoco la arena que ingresa por el puerto desde Entre Ríos hacia Vaca Muerta Neuquén (YPF). En septiembre de 2020, el Consorcio del Puerto realizó una ampliación de la denuncia, dando a conocer que se habían asentado nuevas viviendas sobre las vías del tren.
Para el juez Alejo Ramos Padilla, quien asumió al frente del Juzgado Federal N°1 de La Plata en marzo de 2021, el tren constituye una fase de un proceso económico de importancia estratégica a nivel nacional y “su obstrucción afecta el desarrollo productivo que descansa en el tren como vía de interconexión para dar respuesta a los requerimientos vinculados con el comercio nacional e internacional y las industrias locales, abasteciendo tanto a la Refinería de YPF, el Astillero Río Santiago, Copetro y el resto de las plantas productoras y empresas radicadas en el cordón industrial adyacente al Puerto La Plata”.
En este sentido, manifestó que “no sólo resulta un recurso indispensable para el buen funcionamiento del puerto, entendido este como la terminal fluvial de comercialización y distribución de bienes y servicios, tanto con perspectiva nacional como internacional; sino que también desempeña un papel importante en el cordón industrial ubicado en la zona de Berisso y Ensenada. El puerto cuenta para ello con sistemas de carga, descarga, acopio y procesamiento que requiere de una continuidad operativa. Para su pleno desarrollo y esplendor, es necesario contar con una adecuada conexión ferroviaria del Puerto La Plata con el resto del país. El entorpecimiento del paso del tren por las vías del Ramal Río Santiago puede afectar los intereses económicos del país y la provincia y también los derechos de los miles de trabajadores del cordón industrial ubicado en la zona del Puerto La Plata”.
Los informes de expertos y peritos ferroviarios y las inspecciones oculares que realizó el propio magistrado confirmaron que la ocupación no solo obstaculizaba el tránsito ferroviario, sino que también representaba un peligro inminente para los habitantes del asentamiento y un obstáculo al funcionamiento de las empresas del polo industrial que se sitúa alrededor del puerto.
Por ello, desde el Juzgado, se dispusieron medidas urgentes para que no se genere un nuevo descarrilamiento o una pérdida humana y para garantizar el adecuado tránsito de la única vía ferroviaria que todavía estaba en funcionamiento.
Con las primeras acciones mientras se cursaba la pandemia, luego se iniciaron reuniones con el gobierno de Axel Kicillof, la intendencia de La Plata, entonces a cargo de Julio Garro, la empresa concesionaria que presentó la denuncia y otras áreas específicas del gobierno provincial, especialmente la Subsecretaría de Hábitat de la comunidad, bajo el mando de Héctor Rubén Pascolini.
Si bien el objeto de la causa quedó delimitado exclusivamente al entorpecimiento del servicio del ferrocarril en la denominada Zona Crítica, la situación habitacional de las familias también fue abordada por el Juzgado, que reparó especialmente en la cantidad de niños, niñas y adolescentes que allí vivían.
Al respecto, Ramos Padilla consideró que esto “responde además a principios y normas internacionales y nacionales que forman parte del bloque constitucional y el orden público, como la seguridad pública, la protección a la vida y a la integridad física de las personas, el derecho a una vivienda digna y a un medio ambiente sano, entre otros. Para que esos derechos sean respetados y garantizados, las personas que actualmente habitan ese barrio popular no pueden permanecer en la zona de vías. Pesa sobre el Estado la obligación de relocalizarlas”.
Además, el magistrado recordó los estándares internacionales que existen en la materia a la hora de realizar desalojos, por cuanto se debe “lograr la aceptación y colaboración de las personas que habitan la zona crítica, quienes deben comprender la importancia de abandonar el lugar –que habitaban desde hacía muchos años– por los peligros que para sí mismos y para su entorno su permanencia en el lugar genera”. Ello en virtud de que el paso de las locomotoras a centímetros de donde se ubicaban las viviendas precarias importaba un riesgo concreto para la integridad física de quienes habitaban la traza del ferrocarril.
La reubicación de las familias
En una primera instancia de acuerdos y tras numerosas reuniones de las mesas de trabajo promovidas por el juzgado federal, la Municipalidad de La Plata y el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad ofrecieron terrenos en el barrio El Retiro para la construcción de módulos habitacionales.
Sin embargo, esta medida generó conflictos con vecinos de El Retiro, quienes se opusieron a la llegada de nuevas familias. Las protestas en la zona retrasaron el inicio de las obras y obligaron a las autoridades a abrir otra instancia de diálogo para destrabar el proceso. Finalmente, se dispuso que las familias fueran relocalizadas en el “Barrio Nuevo”, ubicado en las calles 115 y 517 de Ringuelet.
En septiembre de 2024, se finalizó la primera etapa del desalojo y traslado, retirando las casillas y los materiales que afectaban el tránsito de la vía interrumpida, pero aún quedaban viviendas en la zona de las vías que serían desocupadas en una segunda etapa, cuando se construyeran los módulos que permitieran la reubicación del resto de las familias. Trabajaron de manera mancomunada personal de la Subsecretaría de Hábitat del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia, del Ministerio de Seguridad, y funcionarios de la Municipalidad de La Plata, tanto de la gestión de Julio Garro como de Julio Alak.
A mediados de enero de este año, finalizó la reubicación de todas las personas y, luego de una inspección, se constató que en la zona ferroviaria se encontraba totalmente despejada, se colocaron portones de cerramiento y se llevaron adelante otras medidas para evitar nuevos asentamientos, recuperándose plenamente el funcionamiento de las dos vías del tren, quedando la custodia del lugar en manos del Consorcio del Puerto.
Con este nuevo estado de situación, el titular del Juzgado Federal N°1 de La Plata dispuso el pasado 17 de enero el archivo de la causa.