El Juzgado Federal N°2 de La Plata, que subroga Alejo Ramos Padilla, dictó la medida y le pidió al Estado nacional que se abstenga de toda acción tendiente a implementar la iniciativa. Los detalles.

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El Gobierno nacional encontró un freno judicial a la medida que disponía convertir en Sociedad Anónima al Banco Nación (BNA). La iniciativa generó un amplio rechazo y particularmente críticas duras por parte de los trabajadores del sector.

Este martes el Juzgado Federal Número 2 de La Plata, a cargo del juez subrogante Alejo Ramos Padilla, dictó una medida cautelar interina que suspende la aplicación del Decreto 116/2025 firmado por el presidente, Javier Milei. El magistrado ordenó al Estado Nacional y al BNA "abstenerse de toda acción tendiente a su implementación" hasta que la Cámara Federal de Apelaciones de capital bonaerense resuelva sobre el fondo del asunto.

Asimismo, Ramos Padilla afirmó que el Banco Nación es "una entidad autárquica cuya creación compete al Congreso Nacional", y sostuvo que cualquier decisión sobre su transformación debe emanar exclusivamente del Poder Legislativo. "Para cambiar la condición jurídica del Banco Nación, establecida en su Carta Orgánica aprobada por Ley 21.799, se necesita una ley del Congreso de la Nación que lo declare sujeto de tal transformación", añadió.

Juez federal Alejo Ramos Padilla

El juez señaló que el decreto podría exceder las facultades delegadas por la Ley 27.742 (“Ley Bases”), que excluyó expresamente al Banco de la Nación Argentina de las entidades sujetas a privatización. Según el fallo, el Poder Ejecutivo no puede modificar el estatus jurídico del banco mediante la delegación legislativa, sino que requiere una ley formal que lo autorice. Asimismo, se concluyó que, al sancionar la Ley Bases, el Congreso Nacional y ambas Cámaras manifestaron de forma explícita su voluntad de excluir al Banco de la Nación Argentina del proceso de privatización, reafirmando así la intención legislativa de preservar su carácter público.

La medida cautelar interina se dictó al considerar que la puesta en vigencia del decreto podría provocar "actos de imposible reparación ulterior" y afectar derechos fundamentales de los trabajadores, usuarios y la integridad del sistema financiero nacional. Además, el magistrado requirió al Estado Nacional y al BNA que, en un plazo de cinco días, presenten un informe detallando el interés público comprometido.

La resolución de Ramos Padilla se dio mientras el expediente regresa a la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata que deberá definir si confirma o revoca la decisión dictada en septiembre por el magistrado.

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