Pietragalla fue a la Justicia contra Bullrich, el CELS recurrió a tribunales internacionales, la PROCUVIN denunció los ataques al fotógrafo Grillo y la jubilada golpeada y el Ministerio de Seguridad Nacional denunció al periodista Diego Brancatelli.

Denuncias cruzadas por la represión a jubilados

La brutal represión desatada ayer por diversas fuerzas al mando de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, durante la marcha de jubilados, acompañados por hinchas de fútbol y organizaciones sociales y políticas, derivó hoy en denuncias cruzadas desde y hacia el gobierno.

El ex secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, denunció a Bullrich y al ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, por los delitos de privación ilegítima de la libertad, apremios ilegales y abuso de autoridad.

Pietragalla argumentó que los hechos acaecidos ayer “no pueden entenderse aisladamente sin el contexto de las declaraciones previas y posteriores de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, ni del anterior hecho similar, ocurrido en otra manifestación, el 12 de junio del 2024, también en las inmediaciones del Congreso”.

Por su parte, la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) realizó dos presentaciones paralelas, enfocadas respectivamente en el ataque al fotógrafo Pablo Grillo, quien permanece hospitalizado en grave estado tras haber sido alcanzado por una granada de gas lacrimógeno que le partió la cabeza, y en la agresión a la jubilada de 87 años Beatriz Blanco, quien también sufrió una herida en la cabeza tras ser arrojada al suelo por un efectivo policial.

Las denuncias de la PROCUVIN fueron presentadas ante la Cámara del Crimen, y quedaron bajo la órbita del juez Jorge López y del fiscal Daniel Togni.

Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) recurrió directamente a organismos internacionales: elevó sendas comunicaciones a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para advertir sobre el accionar represivo del gobierno de Javier Milei.

En tanto, el Ministerio de Seguridad Nacional también realizó su propia denuncia penal. Fue contra el periodista Diego Brancatelli, a quien acusa de los delitos de incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y atentado al orden constitucional y a la vida democrática, por un tuit en el que advirtió: “Se le empiezan a animar a la policía; se está perdiendo el miedo; ahora tienen que sumarse más hinchadas y más gente”.

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