Tras la fuerte represión del Gobierno en la marcha de jubilados e hinchas, la ministra Bullrich refuerza el mensaje del miedo y promete más dureza. Ofensiva judicial con la "Ley anti barras" y denuncia penal contra la jueza que liberó detenidos. El Senado y horas decisivas por los jueces de la Corte.

Cielo o infierno: 48 horas claves para un gobierno atrapado en su laberinto

Los principales encuestadores y analistas políticos fijan con claridad el comienzo de una curva descendente en la popularidad e imagen de Javier Milei y su gobierno: la participación del presidente en Davos, cuando cambió un discurso económico para atraer inversiones por el lanzamiento de una batalla cultural que no estaba en agenda de los argentinos.

La sucesión de bloopers y errores no forzados continuaron con el escándalo de las criptomonedas, la poco clara designación -por medio de un DNU- de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como jueces de la Corte. El primero no pudo asumir por el requisito de renunciar al juzgado por parte del máximo tribunal, el segundo en comisión y jurando entre gallos y medianoches.

El corolario, con algunos otros traspiés de por medio, fue la salvaje represión hacia la marcha de jubilados e hinchas de fútbol que tuvo lugar el pasado miércoles, que finalizó con más de 100 detenidos, heridos y un fotógrafo, Pablo Grillo, luchando por su vida tras ser alcanzado en su cabeza por una granada de gas lacrimógeno lanzada por un miembro de las fuerzas de seguridad sin respetar los protocolos para su uso.

La reacción del Gobierno fue al mejor estilo Patricia Bullrich: nadie actuó mal, respaldo total a todas las fuerzas que participaron del operativo y ofensiva antes que recular, poniendo en marcha una serie de iniciativas que refuercen el mensaje de que la mano dura seguirá y no habrá ni un paso atrás.

El presidente Javier Milei no se quedó atrás y reforzó la posición de uno de sus principales activos políticos, la ministra con elevados índices de apoyo por parte de una porción de la sociedad. "Los buenos son los de azul y los hijos de puta que rompen autos son los malos", expresó el mandatario en la ExpoAgro.

Desde el jueves pasado, Bullrich y diversas figuras del oficialismo recorren canales de TV, medios gráficos y radiofónicos y espacios de streaming para machacar con la idea de que las fuerzas federales y porteñas sólo respondieron a las agresiones de barrabravas, llegando incluso a lanzar la idea de que todo formó parte de un plan para concretar un golpe de Estado o, al menos, un intento de desestabilización.

El fotógrafo Pablo Grillo lucha por su vida tras se herido en su cabeza.

Montado en ese discurso victimista, el Gobierno nacional amaga con afinar detalles del operativo policial, ante una nueva convocatoria para el próximo miércoles. Para ello, la ministra de Seguridad sostuvo una reunión con las autoridades de las fuerzas, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, con la idea de delimitar el operativo que será desplegado en Congreso.

No se habla de mayor número de efectivos, sino de una mayor coordinación entre fuerzas para evitar "desbordes". Siguiendo esa idea, se habla de trazar una "zona estéril" para alejar a los manifestantes de las calles y avenidas, nucleando la protesta en la plaza; también se buscan acortar el tiempo de los cruces entre manifestantes y policías, para evitar que los enfrentamientos se extiendan y se salgan de control.

Se estima que el armamento utilizado será el mismo, pero habrá una profundización en materia de inteligencia previa sobre los manifestantes, así también como un arduo seguimiento de las diferentes etapas de la marcha: ingreso, movilización y desconcentración. Todo esto se realizará bajo un comando unificado.

Mostrar firmeza y decisión es el objetivo, una acción que también se traduce en una ofensiva judicial y legislativa. La primera se concretó esta manaña, cuando se conoció el texto de la denuncia realizada contra la jueza Karina Andrade por haber liberado a los detenidos durante la violenta jornada del miércoles pasado.

En cuanto a lo legislativo, el Gobierno presentará hoy la “ley anti barras”, que las considerará como una asociación ilícita, se castigará a los dirigentes de los clubes por connivencia y se le prohibirá ingresar al estadio a cualquiera que esté imputado, procesado o condenado en un proceso penal.

Otro punto clave es que, por primera vez, se le dará herramientas a la Justicia para avanzar contra los dirigentes de los clubes a quienes en el ministerio de Seguridad Nacional consideran como parte de esas organizaciones criminales.

Frente judicial

Luego de la prueba de fuego del miércoles, la pulseada entre el gobierno de Javier Milei y la oposición se trasladará al Senado de la Nación, donde podría comenzar a definirse el destino de los dos jueces que impulsó el Ejecutivo para ocupar sillones en la Corte Suprema.

Cabe recordar que García Mansilla ya juró como juez en comisión. Lo mismo ocurrió con Ariel Lijo, aunque los miembros de la Corte le exigieron que antes debía renunciar a su cargo de juez federal.

Una alianza estratégica entre el kirchnerismo, el senador radical Martín Lousteau y la larretista Guadalupe Tagliaferri podrían, tras firmar el dictamen en la comisión de Acuerdos para discutir el pliego de García Mansilla, poner en jaque la jugada del Gobierno.

Tras ese paso, y con seis firmas de los dos bloques de Unión por la Patria, este jueves a las 12 se llevará a cabo una sesión especial para rechazar la postulación de ambos, lo que mete a La Libertad Avanza en un laberinto con dos salidas posibles.

Una de las posibilidades es la de insistir, buscando nuevos apoyos. La otra, retirar los pliegos, como propusieron legisladores del oficialismo, para evitar una dolorosa derrota, que profundice la caída en la imagen del gobierno y del propio Javier Milei.

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