24 de marzo de 2025
POLVORIN TRAS LAS REJAS
Cárceles, la otra pata de la seguridad
Sobrepoblación y detenidos sin condena es el paisaje habitual en las prisiones bonaerenses. El Gobierno busca ampliar las plazas con nuevas penitenciarías y alcaidías. Radiografía de un sistema en crisis
Hechos de inseguridad como la lamentable muerte de la niña Kim, en La Plata, pusieron una vez más al tema en el centro de la discusión pública, azuzado por la oposición en tiempos de contienda electoral.
La respuesta del gobernador Axel Kicillof fue el anuncio de varias medidas para intentar contener el delito, especialmente en el Gran Buenos Aires, entre ellas avanzar con el plan de infraestructura penitenciaria.
“Al final de nuestro mandato se van a haber construido más de 12 mil plazas nuevas, más de la mitad de las que se hicieron en 205 años”, anunció, detallando que ya hay “10 nuevas cárceles construidas y 11 en construcción”.
La promesa remite al Plan de Infraestructura Penitenciaria diseñado por el entonces ministro de Justicia bonaerense y actual intendente de La Plata, Julio Alak, que se propuso incrementar un 50% la capacidad del sistema para mejorar las condiciones de habitabilidad y promover la reinserción.
De acuerdo con datos de la cartera que conduce hoy Juan Martín Mena, la Provincia cuenta con 54 unidades penitenciarias; 4 alcaidías penitenciarias (a cargo del Servicio Penitenciario Bonaerense); 15 alcaidías departamentales (a cargo del Ministerio y del SPB) y una unidad de tránsito. En total suman 74 establecimientos, organizados en 12 complejos penitenciarios.
Datos suministrados por la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) reflejan que, al mes de febrero de 2025, 60.306 personas se encontraban privadas de libertad en el sistema provincial, lo que representó un aumento del 16% con respecto al mismo mes del año pasado y una variación mensual del 0,8% en relación al mes anterior.
Entre los ejes del Plan figuraron la construcción de las unidades penales de Florencio Varela y Moreno y el levantamiento de alcaidías departamentales en las localidades de Tigre, Mercedes, Tres de Febrero, González Catán (La Matanza), Ezeiza, Quilmes y Lanús, algunas de las cuales ya fueron terminadas, otras están en ejecución y unas pocas aún no se iniciaron.
Según el género, 56.720 detenidos son varones, 3.347 mujeres y 110 trans, mientras que no fue informado el de 120 reclusos.
En cuanto a la situación procesal, de los 60.186 presos existentes 29.121 están procesados, mientras que 30.156 tienen condena. Además, otras 909 personas se encuentran en otra situación procesal.
Desde la Comisión Provincial por la Memoria consideran que la solución no es la construcción de cárceles. “Cuando este plan se lanzó había un 108% de sobrepoblación, se construyeron más de 6.000 plazas y hoy seguimos teniendo un 108% de sobrepoblación. Lo que ocurre es que cada vez se detiene más, entonces es una carrera que nunca se alcanza. El problema que tenemos es a quién estamos deteniendo y por qué razón estamos deteniendo, pensando también en que es una cárcel que no va a permitir ninguna resocialización de nadie, porque no hay realmente planes educativos ni laborales que funcionen”, subrayan en la CPM.
En lo que se refiere a las obras para este año, está previsto un Presupuesto estimado en casi 133.000 millones de pesos, sin considerar las renegociaciones en curso.
En el caso de las obras en ejecución, las que cuentan con mayor presupuesto son la construcción de la Unidad Penitenciaria N° 63 de Moreno ($ 22.396.845.553), la alcaidía de Tres de Febrero ($ 17.328.688.089) y la alcaidía del distrito de Tigre, con un costo estimado en $ 16.742.949.572.
COMPLICADO, PERO AVANZA
Desde 2020, las obras que encaró el Gobierno en el sistema carcelario
En el año de 2020, y en el marco del plan destinado a mejorar y ampliar los centros de reclusión en territorio bonaerense, el Gobierno bonaerense llevó adelante la ampliación de la alcaidía de Campana y de las Unidades Penitenciarias 47 de San Martín y 28 de Magdalena, además de una nueva UP en Lomas de Zamora.
En 2021 se ampliaron la alcaidía Pettinato de La Plata y de Campana, las UP 26 , 32, 54 y 58 y se construyó la de Florencio Varela.
En 2022 se ampliaron las alcaidías de La Plata, Campana y Florencio Varela, además de las UP 21 (Campana), 23 y 24 (F.Varela) y se construyó la nueva alcaidía de Almirante Brown.
Además, en 2023 se amplió la UP 49 de Junín y se construyeron las nuevas alcaidías de Berazategui, Lomas de Zamora, La Plata (M.Romero), La Matanza (G. Catán) y Merlo, junto con las UP 59 y 60 en ésta última localidad. Finalmente, en 2024 se realizó la ampliación de la UP 29 de Melchor Romero, en la capital de la provincia de Buenos Aires.
ROBERTO CIPRIANO (CPM)
“La mitad de los presos en Provincia está con prisión preventiva”
El secretario de la Comisión Provincial de la Memoria, Roberto Cipriano, aseguró que la situación carcelaria es preocupante “porque la población se incrementa un 8 o 9 por ciento cada año, y la sobrepoblación está hoy en el 108%”. También mencionó la situación en las comisarías, donde “si bien el número llegó a ser de más de 7 mil personas, hoy están en 2.500”. En tal sentido, sostuvo que “la baja está vinculada a la política criminal y a la decisión de perseguir ciertos delitos y no otros, atrapando a los eslabones más débiles”.
Al respecto, sostuvo que “no hay una persecución del delito complejo sino al callejero, el pequeño delito, vinculado con el robo o tentativa de hurto de un celular, por ejemplo”. Cipriano señaló que “hoy tenés un 15% de la población encarcelada por consumo de droga, no de grandes narcotraficantes sino de personas que consumen o venden como modo de supervivencia. Y como muchos tienen antecedentes el sistema tiene mucha capacidad de retención”.
“A diferencia de lo que se dice sobre la puerta giratoria, no es cierto. La mitad de los que están presos en la Provincia está con prisión preventiva, cuando eso debería ser la excepción a la regla de la detención. Están sin condena, y para que te metan preso tenés que estar condenado por un delito. En realidad, lo que termina pasando es que se convierte en la regla porque también tenemos un funcionamiento de la justicia penal muy precario. Además de un montón de causas que arma la Policía para regular el delito en un territorio”.