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Jueves, 3 julio 2025
Argentina
31 de marzo de 2025
PARTICIPACIÓN

Desde la UCR insisten en reglamentar la iniciativa y la consulta popular en la Provincia

El diputado radical Emiliano Balbín volvió a presentar un proyecto, que incluye ahora la posibilidad de contemplar las iniciativas surgidas desde los municipios.

Desde la UCR insisten en reglamentar la iniciativa y la consulta popular en la ProvinciaDesde la UCR insisten en reglamentar la iniciativa y la consulta popular en la Provincia
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El diputado provincial Emiliano Balbín, del bloque UCR-Cambio Federal, retomó un proyecto para reglamentar los mecanismos de consulta popular en la provincia de Buenos Aires, añadiendo otro tipo de iniciativas. 

“Estamos impulsando un instrumento que, de alguna manera, nos lleve a mejorar la gobernabilidad del sistema, la relación entre democracia y pueblo“, aseguró el legislador radical.

La iniciativa, impulsada por primera vez en 2019 por el exlegislador y actual concejal radical en La Plata, Diego Rovella, plantea la reforma de las leyes orgánicas municipales para incluir la posibilidad de que los ciudadanos presenten propuestas e iniciativas de manera directa.

En sus fundamentos, Balbín asegura: “Rescato el espacio abierto a nivel municipal, porque estamos convencidos de que estos institutos van a funcionar mucho más plenamente a nivel municipal”, y considera que “el perfeccionamiento, en la práctica, de estas formas de democracia semidirecta, reforzará la idea de democracia”.

Desde la UCR insisten en reglamentar la iniciativa y la consulta popular en la ProvinciaEn cuanto a su instrumentación, la iniciativa establece que cualquier elector podrá impulsar una iniciativa popular y llevar un proyecto de ley a la Legislatura bonaerense para ser considerado. En tanto que, deberá contar con la adhesión de al menos el 3% del padrón electoral utilizado en la última elección provincial y reunir las firmas dentro del plazo de un año.

Además, para iniciar el trámite, los promotores deberán presentar el proyecto ante la Junta Electoral con un respaldo mínimo del 0,1% del padrón y se exigirá que las firmas sean certificadas por un escribano o funcionario judicial.

Los ciudadanos podrán elegir en qué Cámara se iniciará el trámite parlamentario, y deberá ser tratada en un plazo máximo de seis meses. “La iniciativa popular no puede quedar en letra muerta. Necesita una reglamentación clara que garantice su aplicación efectiva“, sostiene el texto del proyecto.

Una de las novedades con respecto al proyecto de Rovella es que se agrega la posibilidad de que la práctica pueda llevarse a los municipios, potenciándola por la proximidad de los actores locales, la cercanía con las problemáticas y la posibilidad de generar soluciones concretas.

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