El Gobierno nacional dejó trascender que trabaja en una iniciativa para modificar la Ley de Glaciares y permitir actividades económicas actualmente restringidas. Organizaciones ambientalistas advierten sobre los riesgos de contaminación de estas reservas estratégicas de agua.

Vía La Tecla Patagonia

Desde la Puna hacia el punto más austral de Argentina, a lo largo de la cordillera de los Andes, hay una diversidad de glaciares que constituyen la principal reserva estratégica de un recurso fundamental para la vida: el agua. Estos bienes, que son patrimonio de toda la población, están en riesgo desde que asumió el gobierno libertario de Javier Milei. A un primer intento fallido en la Ley Bases se sumó, la semana pasada, una nueva iniciativa que buscaría habilitar actividades económicas –principalmente, la minería- en áreas actualmente protegidas. Especialistas y ambientalistas advirtieron a La Tecla Patagonia sobre las implicancias de avanzar sobre estas reservas estratégicas de agua.

El 2025 fue declarado “Año Internacional de la Preservación de los Glaciares” por la Asamblea General de las Naciones Unidas. A contramano de ese espíritu de preservación de los recursos naturales, el Gobierno argentino busca avanzar con una modificación en la legislación que los expondría a su degradación.

La Ley Nacional de Glaciares Nº 26.639 fue sancionada el 30 de septiembre de 2010, con un fuerte consenso social. Su objetivo es proteger los glaciares, considerados “bienes de carácter público”, y del ambiente periglacial, es decir, la zona que los rodea y que funciona como regulador de recursos hídricos. La ley comprende que, además de significar una importante reserva de agua, los glaciares cuentan con una biodiversidad específica, son una fuente de información científica y generan un atractivo turístico único en el mundo.

En esa línea, la actual legislación prohíbe algunas actividades que pudieran afectar la zona, como la liberación de sustancias contaminantes; la construcción de obras de arquitectura o infraestructura; la exploración y explotación minera e hidrocarburífera; y la instalación de industrias. Para quienes no cumplan con estas restricciones, la ley prevé sanciones que van de multas y apercibimientos, hasta la orden del cese definitivo de la actividad.

La semana pasada, trascendió que el ministerio de Economía que conduce Luis Caputo prepara cambios sobre la reglamentación de la norma 26.639, que fija las regulaciones de las actividades que están permitidas en la zona periglaciar, para habilitar actividades económicas hoy no permitidas.

Si bien desde esa cartera dijeron a La Tecla Patagonia que, por el momento, no hay información oficial, dejaron trascender que los equipos técnicos de la Casa Rosada trabajan en una reducción de las zonas protegidas y, se cree que la intención es habilitar la actividad minera en zonas actualmente protegidas. No es casual que, entre quienes se encontrarían abocados a la redacción del decreto, se menciona a la secretaria de Energía, María Tettamanti; al titular de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González; y a los equipos técnicos de la Casa Rosada que coordina la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal.

Un antecedente que no pasó el filtro

A pocos días de asumir, el Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”. Entre los muchísimos puntos que buscaba cambiar la estructura social y económica del país, se encontraban modificaciones que flexibilizaban normas destinadas a la protección del ambiente, como la Ley de Glaciares, a la Ley de Bosques Nativos y la Ley de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema.

Respecto de la Ley Nº 26.639, la reforma buscaba quitar la protección sobre los glaciares descubiertos y cubiertos en el ambiente glaciar; y los de roca o escombros activos en el ambiente periglacial, ubicados en territorio nacional. Establecía que “los glaciares constituyen bienes de dominio público de la Nación o de las Provincias y aclaraba: “según el territorio en el que se encuentren”.

Además, consignaba que los glaciares deberían cumplir con una serie de requisitos para ser protegidos, como estar incluidos en el Inventario Nacional de Glaciares; contar con una perennidad continua de al menos dos años o más; contar con una dimensión igual o superior a una hectárea y tener una función hídrica efectiva y relevante ya sea como reserva de agua o recarga de cuencas hidrológicas.

En ese momento, un grupo de científicos del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), que pertenece al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), advirtieron sobre los riesgos de llevar adelante tal modificación. En una carta dirigida a los diputados, sostuvieron que las modificaciones propuestas eran "imprecisas e inconsistentes", que desvirtúan el espíritu de la ley 26.639, que contó con un amplio consenso social, y que no guardan relación con el concepto de “necesidad y urgencia” esgrimidos por sus impulsores.

También remarcaron que con la nueva norma se “restringe de forma sustancial la superficie bajo protección, excluyendo una enorme cantidad de cuerpos de hielo e ignorando el rol ecosistémico de los glaciares y el ambiente periglacial".

Esta propuesta, finalmente, quedó excluida de la denominada Ley Ómnibus. Pero el decreto que estarían redactando por estas horas en el ministerio de Economía, volvería sobre esos pasos. Distintas organizaciones sociales y ambientalistas se preparan para frenar la iniciativa con argumentos jurídicos y ambientales.

Organizaciones, políticos y ambientalistas, en alerta

Tras conocer la noticia que circuló en la semana en varios medios de comunicación, la diputada rionegrina de Vamos con Todos, Magdalena Odarda, difundió un comunicado manifestando su preocupación y sostuvo que “No podemos permitir que se cambie agua por dólares, que se hipoteque el futuro ambiental de nuestro país y de nuestra provincia. Esta ley es una conquista del pueblo argentino y debe cumplirse plenamente”, afirmó.

Además, informó que desde Río Negro se lanzó una campaña ciudadana de recolección de firmas para exigir la continuidad y el respeto irrestricto a la Ley 26.639, que ya ha reunido más de 500 firmas que serán presentadas próximamente en la Casa Rosada, como expresión del rechazo popular a cualquier intento de flexibilizar esta legislación.

Enrique Viale, abogado de la Asociación de Abogados Ambientalistas de Argentina (AAAA), le puso nombre y apellido a los cambios. En declaraciones periodísticas, sostuvo que “la modificación la escribieron los abogados de la Barrick Gold” y agregó que “es la misma que se quiso hacer en 2016 y que logramos pararla con las movilizaciones y que se quiso hacer con la Ley Bases”. Añadió que “es quirúrgica la modificación que se hace pero es suficiente para destruir estas fábricas de agua”.

Desde la organización ambientalista Greenpeace Argentina, la especialista en biodiversidad, Agostina Rossi Serra, precisó que modificar la ley actual “implicaría una seria regresión en las políticas ambientales del país. Además, ignoraría y vulneraría gravemente los compromisos internacionales asumidos por Argentina para enfrentar la crisis climática, así como el principio fundamental que impide retroceder en los niveles de protección ambiental ya alcanzados”.

Lucas Ruiz es Doctor en Ciencias Geológicas (IANIGLA- CONICET)

“La Ley de Glaciares busca proteger las reservas estratégicas”

Lucas Ruiz es Doctor en Ciencias Geológicas, experto en glaciología, geología glaciar y geocriología. Oriundo de Esquel, actualmente vive la mitad del tiempo en Chile y la otra mitad en Mendoza, donde integra el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

En diálogo con La Tecla Patagonia, el investigador explicó que el rol ecosistémico de los glaciares consiste en ser una reserva de agua porque “tienen la capacidad de acumular la precipitación nívea en forma de hielo y ese hielo puede perdurar cientos –o incluso miles- de años”. Además, “los glaciares funcionan como un regulador del caudal de los ríos de forma natural, como si fuera una especie de dique natural: cuando hay sobreabundancia de nevadas en la cordillera, los glaciares ganan masa y cuando estamos en período de sequía, ese hielo se derrite y entrega agua”, explicó.

“Lo que busca la Ley de Glaciares es proteger las reservas estratégicas de agua, sobre todo, para el futuro”, indicó el especialista. Preocupado por lo que podría suceder si se modifica esa legislación, sostuvo que “el antecedente que todos tenemos es lo que quisieron hacer en la Ley Bases”. Consideró que “obviamente, el objetivo de modificar la Ley de Glaciares no va a ser aumentar la protección, con la línea que tiene este gobierno”.

Sostuvo también que “es muy torpe no sentar en esa mesa a alguien de la cartera de Ambiente, porque esta es una ley ambiental y recordó que cualquier emprendimiento que quisiera llevarse adelante en la zona requiere de un estudio de impacto ambiental, que “se vuelve crítico para poder evaluar si esas obras van a afectar o no el normal funcionamiento del glaciar”.

Por último, Ruiz descartó que la modificación de la ley busque habilitar otro tipo de actividad más allá de la minera. Por un lado, existen múltiples estudios en la zona que dan cuenta de la presencia de minerales en el suelo. Por el contrario, sostuvo que “la geología de nuestra cordillera muestra que no hay nada que indique que pueda haber algún yacimiento de petróleo en zonas donde hay glaciares”.

Cristian Fernández, Coordinador del área de Legales de FARN

“Tendríamos que estar dando otra discusión”

Haciendo un poco de historia, Cristian Fernández, Coordinador del área de Legales de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), recordó que la Ley de Glaciares fue un proyecto de la entonces legisladora Marta Maffei, que luego lo retomó el diputado Miguel Bonasso, y contó con un amplio consenso social. “Incluso resistió el veto presidencial de Cristina Fernández de Kirchner cuando era presidenta”, recordó en diálogo con La Tecla Patagonia, y enfatizó: “un veto muy pedido por la provincia de San Juan y las empresas mineras”. Finalmente, el diputado Daniel Filmus insistió con la iniciativa.

Respecto de la modificación a la ley que tendría en carpeta el Gobierno, comenzó por remarcar que “un decreto jamás puede modificar el texto, el espíritu y la finalidad de una ley”. Agregó que “tampoco podría caminar una hipótesis de facultades delegadas –que se están por terminar, en julio-, porque no se le dio (al presidente) ninguna facultad delegada para modificar leyes de presupuestos mínimos ambientales”, agregó, “con lo cual ese decreto sería inconstitucional”, insistió.

Por otra parte, Fernández mencionó que, de avanzar con un decreto modificatorio, se estaría incumpliendo con normativa internacional a la que Argentina adhirió. “En primer lugar, con el Acuerdo de Escazú, que está vigente en nuestro país desde 2021, ratificado en Argentina a través de la ley 27.566 que, no solo nos da el acceso a la información pública ambiental, el acceso a la participación y el acceso a la justicia ambiental, sino que en los principios que establece hay uno crucial en este supuesto, si se confirmara esta intención presidencial, que es el principio de no regresión. Esto significa que una vez que se consigue determinado umbral de protección ambiental, la protección se puede ampliar hacia arriba pero nunca se pueden dar pasos hacia atrás”, fundamentó.

El abogado mencionó que el año pasado se aprobaron en Malargüe, Mendoza, 34 proyectos de minería, y ahora “probablemente se aprueben 27 más en Patagonia norte” que pueden afectar las nacientes de los ríos. En ese marco, “tendríamos que estar dando otra discusión, mucho más compleja, que ponga en el centro de la escena a la protección de los glaciares”.

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