Mientras La Libertad Avanza y el PRO buscan sellar una alianza, la Fundación Pensar realizó un pormenorizado trabajo en el que advierte sobre las dificultades que atraviesa el país y el riesgo que corre un Gobierno que se sigue negando a los consensos.

Lapidario informe macrista sobre el rumbo institucional, político y económico

Por un lado, dirigentes del PRO buscan casi con desesperación cerrar un acuerdo electoral con La Libertad Avanza que les permita aunar fuerzas para la pelea electoral de la provincia de Buenos Aires. En paralelo, uno de los principales think tank del macrismo acaba de elaborar un informe que pone énfasis en las dificultades del Gobierno para cerrar con éxito su programa, sobre todo en el aspecto económico.

En esta oportunidad, el informe mensual de la Fundación Pensar se titula “Justicia para todos”, y comienza con un análisis del tema más candente por estas horas, que es la ratificación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner, pero una de las cuestiones más sustanciosas del trabajo es el análisis crítico del rumbo institucional, político y económico del país a un año de la sanción de la Ley Bases.

Sobre el reciente fallo de la Corte Suprema sobre la expresidenta, el documento reivindica la igualdad ante la ley y el rol de la Justicia como pilar de la República. Desde allí, el informe presenta un detallado balance del primer año de la sanción de la Ley Bases y advierte sobre los riesgos de una gestión sin consensos, con avances parciales y retrocesos estructurales, que amenaza con volver a frustrar otra oportunidad de desarrollo en la Argentina.

La fundación amarilla es clara en su diagnóstico: sin una justicia eficaz, sin estabilidad institucional, sin señales claras hacia el exterior y sin una educación que prepare a las nuevas generaciones para competir en el mundo, la Argentina corre el riesgo de volver a desperdiciar otra oportunidad. A un año de la Ley Bases, los datos son elocuentes: sólo 4 proyectos fueron aprobados bajo el RIGI, ninguna de las empresas públicas incluidas fue privatizada, el blanqueo laboral alcanzó apenas al 0,24% de los trabajadores informales, y el empleo formal continúa en retroceso mientras crecen los litigios.

Dice Pensar que la razón de fondo es que la estabilidad económica por sí sola no alcanza: sin una justicia creíble, sin reglas institucionales firmes, sin una política exterior inteligente y sin inversión real en el capital humano, ningún plan económico puede sostenerse ni escalar a una verdadera estrategia de desarrollo.

En su editorial, el exministro de Hacienda Hernán Lacunza sintetiza esta idea: “El desafío no es sólo estabilizar. Es transformar la estabilización en desarrollo. Y para eso, hace falta mucho más que ajuste fiscal: hacen falta reglas, instituciones y consensos. Hasta ahora, todo eso ha sido deficitario”.

Si bien se destaca la reducción de la inflación y el comienzo de la normalización del mercado cambiario, se advierte sobre “el incumplimiento de la meta de reservas comprometida hace apenas 70 días, aun en el período de mayor abundancia relativa por liquidación de la cosecha gruesa”. En tal sentido señala el escrito que en el segundo semestre del año se pondrá a prueba la capacidad de acumular reservas propias, condición requerida para que la baja del riesgo país garantice una renovación de deuda fluida en 2026.

“Muchas actividades productivas enfrentan problemas de competitividad, especialmente los transables del sector industrial. La paridad cambiaria abarata importaciones, el superávit comercial se reduce a la mitad, el manufacturero profundiza su déficit (importaciones por el ascensor creciendo al 30% interanual y exportaciones por la escalera al 5%), el excedente energético se mantiene pero deja de crecer y el saldo negativo del flujo de turismo receptivo-emisivo muestra tensiones en la trayectoria cambiaria de mediano plazo”, se señala desde Pensar.

También el informe apunta a los sueldos de los trabajadores al señalar que “los salarios reales, también tras rebotar desde mediados de 2024 encuentran límites y el ingreso disponible (restando los gastos fijos del hogar, como electricidad, gas, expensas, alquileres, transporte) se mantiene inferior al ingreso de fines de 2023”.

En otro orden, Silvia Lospennato, diputada nacional y vicepresidenta de Pensar, apunta directamente a la inestabilidad institucional como principal amenaza: “Los argentinos nos merecemos un cambio que no sea un péndulo oscilante con reformas que duran unos años y luego son revertidas por giros de 180 grados”.

En cuanto a la justicia, Martín Casares señala que “no puede seguir siendo la gran olvidada del desarrollo. Sin justicia, no hay confianza; y sin confianza, no hay desarrollo posible”. El coordinador del área de Justicia de la Fundación sostiene que, sin reglas claras ni justicia creíble, no hay inversión sostenible posible.

En el terreno internacional, Fulvio Pompeo, secretario de Relaciones Internacionales del PRO, alerta sobre los efectos del aislamiento creciente del país y sostiene que “la política exterior no es un compartimento aislado: es el reflejo de nuestra capacidad para gobernarnos con madurez, previsibilidad y respeto”.

Finalmente, el legislador porteño Sergio Siciliano pone el foco en el deterioro del principal activo estratégico: las personas. Y advierte señala que “El futuro depende de si vamos a animarnos a invertir, por fin, en lo único que realmente importa: lo humano”.

El informe incluye también artículos de Mora Jozami, directora de Casa Tres; Daiana Fernández Molero, diputada nacional; y Andrés Ibarra, exministro de Modernización.

EL INFORME COMPLETO

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