No es novedad que la
apatía de los electores es un gran dolor de cabeza para la dirigencia política que se profundiza cada vez más. Mientras las distintas fuerzas intentan revertir el escenario, los cambios que se realizaron a nivel nacional y provincial atentan contra la participación por distintos factores.
Con las elecciones primarias suspendidas, habrá dos comicios totalmente distintos en territorio bonaerense. Serán solamente elecciones generales, la provincial primero y la nacional después, y cada una tendrá un sistema de votación diferente. La
Boleta Múltiple Partidaria (BMP) y la
Boleta Única de Papel (BUP), respectivamente.
Esto es un
dilema para quienes se dispongan a participar con el voto en las urnas y también para las autoridades de mesa, delegados y fiscales. Además de concientizar a las personas, el Estado deberá destinar un largo proceso de formación para los que deban tomar tareas y decisiones en los establecimientos de votación.
Pero esos no son los únicos problemas,
la confusión puede aumentar con la simultaneidad de las campañas y los cronogramas dispuestos en los que se entrecruzarán prohibiciones y tareas a desarrollar. Habrá acciones no permitidas en un proceso, pero habilitadas en el otro.
Mientras esté prohibido hacer
actos de campaña y proselitismo días antes de las elecciones legislativas de septiembre (los actos de Gobierno desde el 23 de agosto), habrá vía libre para poder hacerlo para las elecciones nacionales de octubre. Para esa fecha ya se conocerán los candidatos a diputados nacionales y estarán en la cancha para buscar sus votos, porque cuatro días después (el 27 de agosto) inicia la campaña nacional.
El 5 de septiembre finaliza la campaña provincial para los cargos por la
Legislatura, la emisión de propaganda y publicación y difusión de encuestas y sondeos. Es decir, comienza
a regir la veda, pero no hay nada que impida que los postulantes para la Cámara de Diputados de la Nación puedan continuar con sus acciones proselitistas.
Días atrás estalló la polémica por los cambios en los lugares de votación por lo que tanto desde el Gobierno bonaerense como los intendentes buscan la forma de hacer saber a la población dónde tiene que ir a votar. Hubo enojos por parte del Ejecutivo bonaerense y hasta
Axel Kicillof solicitó a la Justicia Federal que se revea la decisión.
El conflicto escaló con mayor beligerancia en
La Matanza, el distrito más grande de la provincia de Buenos Aires. Los cuestionamientos del intendente,
Fernando Espinoza, y de la vicegobernadora,
Verónica Magario, (ambos candidatos) se hicieron sentir y generaron un cimbronazo. El alcalde pidió que se modifique el esquema establecido y finalmente le dieron lugar.
La
Junta Electoral bonaerense resolvió aprobar la utilización del “plan alternativo de ubicación de mesas de votación para La Matanza”, propuesto por el
Juzgado Federal Nº 1 de La Plata con competencia electoral en el distrito Buenos Aires, a cargo de
Alejo Ramos Padilla. En ese marco, expresó que la Justicia realizó “un óptimo plan de ubicación de mesas receptoras de votos y que, en virtud del fallo de la Cámara Nacional Electoral, presentó en tiempo récord un plan alternativo de ubicación de mesas, el cual se aprueba en esta instancia”.
“Dicho trabajo fue posible gracias al esfuerzo de los funcionarios de la
Secretaría Electoral del referido Juzgado Federal, quienes diagramaron la distribución de mesas de forma tal que se reflejará de la mejor manera posible la distribución del año 2023”, especificaron.

Por su parte, el juez
Alejo Ramos Padilla dialogó con
La Tecla obre la controversia que generaron los cambios en los lugares de votación. También hizo referencia a la preocupación expresada por el gobernador, Axel Kicillof, sobre un posible incremento de ausentismo en las elecciones, y brindó su punto de vista al respecto.
El magistrado puso el foco sobre las modificaciones que se dieron en las reglas electorales y que las mismas fueron con poco tiempo de anticipación, incluso en el mismo año de ir a las urnas y a unos meses de la realización del acto eleccionario.
“Todos estos cambios generan un poco de confusión. Que se hagan en el año electoral, que no haya definición sobre el modo en que se resuelven las candidaturas”, explicó el magistrado sobre la suspensión de las PASO y el desdoblamiento en la provincia de Buenos Aires”.
En tanto, afirmó que
“cuando se modifican las normas electorales, los electores, la gente, no sabe qué es lo que tiene que ir a votar”. Asimismo, puso paños fríos y dijo que “todo eso se soluciona con una amplia campaña de difusión, pero las escuelas, según la ley, se tienen que informar 30 días antes. Es el plazo para que la gente se informe a dónde va a votar y pueda emitir su voto”.
“Puede ser que una persona tenga que caminar más cuadras que otras, pero seguramente no va a haber uno que se tenga que tomar dos colectivos, como muchas veces ocurría. Y si ocurre que quien proteste sea alguien al que eventualmente se le hizo un poco más lejos. Pero en los grandes números
el sistema va a hacer que todos voten en su circuito y que además todos los adultos mayores estén en su gran mayoría en escuelas que no tienen que subir las escaleras”, sostuvo el titular del Juzgado Federal N°1.
El interrogante sobre el nivel participación electoral es cada vez más grande y es una preocupación que ronda en toda la dirigencia, pero principalmente en el
peronismo. No hay reunión de dirigentes en las que se haga mención al tema y, mientras buscan cómo sortear la problemática,
surgen los reproches sobre las decisiones adoptadas. Los números hablarán el 7 de septiembre y luego vendrá la prueba del 26 de octubre, donde otra vez se evaluará si el desdoblamiento fue positivo o no.