El Instituto de Previsión Social atraviesa una compleja situación de arrastre que se agravó con la falta de recursos provenientes de Nación. Los desafíos para revertir la crisis

El efecto motosierra se hizo sentir una vez más sobre las tierras bonaerenses. Frente al millonario recorte de fondos, el Gobierno provincial se presentó ante la Corte Suprema de Justicia para exigir a la Nación el pago de una deuda que, según estimaciones oficiales, asciende a 12,1 billones de pesos.

Dentro de este total, el Instituto de Previsión Social (IPS) estima que 1,7 billones corresponden exclusivamente a fondos previsionales que la Nación no transfiere desde 2024. Esta deuda complica aún más los números del organismo, que ya registraba un déficit creciente que atenta al manejo cotidiano.

Estos recursos, que corresponden a los incumplimientos de asistencias por parte de ANSES y que fueron establecidos por ley, deben ser girados a las provincias que administran cajas previsionales no transferidas. Buenos Aires cuenta con tres: el propio IPS, la caja de la Policía y la del Banco Provincia (BAPRO). No es el primer reclamo y los anteriores todavía duermen en los tribunales nacionales.

La falta de estos recursos genera tensiones financieras severas, ya que son considerados esenciales para sostener el pago de jubilaciones, pensiones y otras prestaciones.
Con esta mora se acrecienta la sospecha sobre un desfinanciamiento a drede, que le permitiría al Gobierno nacional avanzar en su proyecto de absorción de todas las cajas previsionales. Según especialistas en la materia, hay un objetivo de debilitar financieramente las cajas para luego avanzar con un proceso de “armonización” bajo un mismo régimen controlado por el Poder central.

Este mecanismo permitiría al Ejecutivo nacional evitar el pago de la deuda acumulada y, al mismo tiempo, sumar nuevas fuentes de aportes para su sistema previsional, además de centralizar todas las prestaciones jubilatorias.

El IPS enfrenta, además, problemas estructurales de larga data que agravan el cuadro actual: alta dependencia de aportes provenientes del sector docente, reducción del número de contribuyentes por el pase masivo a la categoría de monotributistas durante la gestión de María Eugenia Vidal, otorgamiento de jubilaciones anticipadas y déficit creciente derivado de la insuficiencia de ingresos. A esto se suman las demoras en el reconocimiento de pensiones por discapacidad a nivel nacional —que no registra nuevas altas desde hace más de un año y medio—, lo que ha incrementado la demanda de solicitudes en la órbita provincial.

Frente a este escenario, la administración bonaerense ha agotado las vías de diálogo sin obtener respuestas. Marina Moretti, presidenta del IPS, expresó a La Tecla: “Hemos hecho todo, hemos dialogado, yo por lo menos he tenido que seguir interactuando con las otras cajas, con la Administración Central y, sin embargo, no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Por eso la judicialización es una medida extrema. Y así y todo, tampoco tenemos la respuesta y esto no es para un gobierno, estamos hablando de los recursos previsionales de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, los trabajadores del sector público, los municipales, los de la Administración Central, los docentes, los médicos, los enfermeros, todos los que trabajan en el sector público”.

Estos recortes no sólo complican las finanzas provinciales, que deben compensar las faltantes con fondos propios, sino que también afecta directamente a miles de beneficiarios. Según datos oficiales del IPS correspondientes a junio de 2025, el número total de beneficiarios asciende a 370.545 personas. En cuanto a los haberes, el promedio contributivo es de $1.105.794.

Esta judicialización representa un nuevo capítulo en la tensión entre Nación y Provincia, donde el “efecto motosierra” no sólo recorta fondos, sino que pone en jaque la sostenibilidad del sistema previsional bonaerense.

Fuentes del Gobierno provincial indican que, de no resolverse, podría derivar en mayores ajustes locales o retrasos en pagos, como así también en las prestaciones de servicios para el sector vulnerable que comprende a los beneficiarios del Instituto de Previsión Social.
Con el clima electoral, cobran relevancia los reclamos de los diferentes organismos. El IPS no es ajeno a la compleja situación que atraviesa la administración provincial y la falta de recursos complejiza su gestión cotidiana. La Justicia tendrá la última palabra respecto a los billones que no transfiere Nación. La batalla está abierta y el final es incierto.

Nación cortó el chorro: las deudas con la Provincia

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, denunció que “el Gobierno nacional le debe 12,1 billones de pesos a la Provincia” y confirmó que, ante la falta de respuestas, se presentó “un nuevo pedido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación reclamando esos fondos”.

Según precisó, el reclamo incluye deudas directas ($3,04 billones), saldos de obras públicas comprometidas y actualmente paralizadas por la Nación ($6,90 billones) y deudas estimadas por la discontinuidad o retrasos en programas nacionales ($2,16 billones).

Bianco advirtió que “hubo avances en causas similares impulsadas por otras provincias”, pero remarcó que “no se registran movimientos en la que Buenos Aires presentó en abril de 2024”, lo que, a su entender, refleja una demora injustificada.

El funcionario señaló que la falta de esos recursos compromete obras estratégicas, programas sociales y el financiamiento de políticas públicas esenciales para millones de bonaerenses.

Marina Moretti – Presidenta del IPS

“Desde el año 2024 nosotros no recibimos un solo peso”

La presidenta del Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires, Marina Moretti, advirtió que dentro de la deuda de 12 billones de pesos que la Provincia reclama a la Nación, “hay casi 1,7 billones, o sea $1.683.000 millones, que son fondos previsionales, reclamados judicialmente desde el año pasado”.

En ese sentido, cuestionó que “la Justicia por ahí no trata de la misma manera a las distintas jurisdicciones”. La funcionaria subrayó que “esos fondos no son discrecionales ni parte de una asistencia que la Nación puede o no elegir, sino que son recursos de todas las provincias que tenemos cajas no transferidas. Y nosotros tenemos tres: el IPS, que presido, la caja de la Policía y la del Banco Provincia (BAPRO)”.

En esta línea agregó que “son fondos establecidos en leyes muy claras cuando muchas provincias transfirieron sus cajas y las que no lo hicimos cedimos recursos a la Nación, pero seguimos administrando las cajas”. Moretti recordó que “desde el año 2024 nosotros no recibimos un solo peso de algo que es de igual importancia que la coparticipación. La única diferencia es que no es automática la transferencia. Entonces, hay un incumplimiento muy grave y la deuda es de una cifra sideral”.

Como ejemplo, la titular del IPS graficó que “es parte de lo que el Gobierno Nacional viene haciendo en otras áreas, con la gravedad que acá tiene una obligación. Nosotros estamos viendo cómo aumenta la solicitud de prestaciones de pensiones por discapacidad porque sabemos que hace un año y medio que la Nación no da una sola alta, tampoco en pensiones por discapacidad. Entonces, a nosotros nos aumenta la solicitud y le debe pasar a todas las jurisdicciones”.

También, la funcionaria provincial dejó en claro que “una indicación clara del Gobernador es que nosotros tenemos que seguir sosteniendo las prestaciones que tienen casi 370.000 jubilados en la provincia. O sea, el esfuerzo lo estamos haciendo los bonaerenses porque el Gobierno Nacional desertó de su responsabilidad”.

Ariel Samana – abogado y especialista previsional

“Al gobierno nacional le corresponde y tiene la obligación de transferir”

El abogado Ariel Samana, especialista en Derecho de la Seguridad Social, dialogó con La Tecla y explicó que “el problema del IPS radica en una cuestión que es lamentable y tiene que ver con los aportes, porque la mayor cantidad de ellos vienen de la docencia. Después hay municipios, organismos descentralizados del gobierno central y del gobierno provincial”.

Según el letrado, “ya hubo una limpieza en la época de (María Eugenia) Vidal, donde pasaron a muchas personas como monotributistas, con lo cual dejaron de aportar y esa caja empezó a tener problemas más graves todavía, además de la falta de giro del acuerdo que existe ya hace muchos años por la transferencia de trabajadores”.

En ese sentido, recordó que “había muchos trabajadores docentes que eran de escuelas nacionales y fueron pasados al IPS. Esto es del año ’94 para acá”. Además, señaló que “el problema ahora radica en que empezaron a haber, antes del gobierno de Vidal, jubilaciones anticipadas y luego falta de financiamiento por la falta de cantidad de aportes”, lo que, sumado al incumplimiento en los envíos de fondos nacionales, profundiza la crisis previsional bonaerense”. También afirmó que “desde que asumió Milei, no transfirieron un peso” correspondiente a los fondos previsionales que la Nación debe girar a la provincia de Buenos Aires.

“El Gobierno nacional tiene la obligación de transferir y por eso los elementos para accionar judicialmente los tiene la provincia de Buenos Aires”, sostuvo el letrado, y agregó que la falta de envío de recursos “no es un hecho aislado”, sino parte de “una estrategia que ya está clara en distintos ámbitos, no solamente en el tema previsional”, subrayó Samana.

Según explicó, “si Nación tiene la finalidad de armonizar, lo primero que va a hacer es lograr quebrar ese lugar, esa caja —por ejemplo, previsional o la que fuera—. ¿Para qué? Para tener después el aval político de decir ‘mirá, esto lo vamos a armonizar’, que en realidad no significa otra cosa que absorber una caja previsional porque es deficitaria”. Samana afirmó que, con este mecanismo, “el Gobierno nacional se salva de dos cosas: una, de pagar ese dinero —de la deuda de transferencia— y, por otro lado, absorbe una caja más de aportes”.

A tribunales: la batalla judicial por los fondos previsionales en crisis

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a través de la Fiscalía de Estado, formalizó una nueva presentación judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El reclamo busca una medida cautelar que obligue al Gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, a reponer las transferencias adeudadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a la Provincia.

Esta acción, anticipada por la administración bonaerense, se enmarca en un conflicto creciente por recortes presupuestarios que afectan las finanzas provinciales y el sostenimiento de las cajas previsionales no transferidas.

Los montos adeudados por la gestión Milei incluyen anticipos recibidos y adeudados por la Nación; la actualización de los anticipos correspondientes a 2023 (calculados con base en 2018); los fondos del anticipo 2024 junto con su respectiva actualización (basada en 2020); y las diferencias entre el déficit de la caja no transferida y los anticipos sin actualizar de los ejercicios 2018, 2019 y 2020.

Fuentes oficiales destacaron que estos recursos son esenciales para cubrir jubilaciones, pensiones y otras prestaciones, equiparables en importancia a la coparticipación federal. El recurso presentado no sólo exige el pago inmediato de la deuda, sino que también solicita la fijación de una audiencia conciliatoria entre las partes, citando como precedentes casos similares resueltos por la Corte en provincias como Santa Fe y Córdoba. Esta medida apunta a acelerar la resolución del conflicto, ante la falta de avances en reclamos previos, como el iniciado en abril de 2024, donde ya se denunciaba la paralización de transferencias.

TIC TAC

Con Taiana a la cabeza, así quedó la lista de diputados de Fuerza Patria en la Provincia

El ex senador nacional y ministro de Defensa tendría el N° 1 de la boleta peronista en territorio bonaerense. Grabois participará del frente en el lugar 3, mientras que la massista Jimena López será la segunda en la lista. La nómina completa. El diputado nacional Itaí Hagman estará al frente de la nómina porteña.

NOTICIAS MÁS VISTAS

IPS complicado y al borde del estallido

El Instituto de Previsión Social atraviesa una compleja situación de arrastre que se agravó con la falta de recursos provenientes de Nación. Los desafíos para revertir la crisis

OTRAS NOTAS

Con Taiana a la cabeza, así quedó la lista de diputados de Fuerza Patria en la Provincia

NOTICIAS MÁS VISTAS

Con Taiana a la cabeza, así quedó la lista de diputados de Fuerza Patria en la Provincia

Cristina y Grabois se quedaron con el premio grande de la lista bonaerense

Conmoción por la muerte de Alberto Martín

De Playboy a diputada: una ex vedette acompañará a Espert en la lista libertaria

Es oficial: la UCR bonaerense está fuera de Provincias Unidas