Con la actividad en caída, menos recursos en términos reales que hace dos años, sin endeudamiento ni Ley Impositiva, el ministro de Economía hace equilibrio para terminar el año con un déficit controlable

“Estamos haciendo malabares con los dos mangos que tenemos, esa es la realidad”. Desde el Gobierno de Axel Kicillof admiten que la situación económico-financiera de la Provincia es dificultosa en el marco de una actividad económica en caída que repercute en la recaudación, una demanda para que los salarios vuelvan a recuperar poder adquisitivo y un ajuste brutal del Gobierno nacional sobre los fondos que debieran derramar hacia las provincias por fuera de la Coparticipación. Además, sin una Ley Impositiva que hubiera permitido actualizar impuestos patrimoniales, sin endeudamiento aprobado y con una pelea política in crescendo con Javier Milei.

“Es una situación muy compleja. La Provincia tiene una coparticipación castigada, transferencias interrumpidas del Gobierno Nacional y un nivel de actividad que no repunta”, advierten en el entorno del Gobernador. Están convencidos que “la asfixia que Javier Milei intenta generar sigue sucediendo”. Pese a ello, aseguran que pueden sostener la gestión, e intentan mejorar indicadores, como por ejemplo la recuperación del poder adquisitivo de los empleados públicos a través de las paritarias, que se siguen realizando.

El Gobernador, Axel Kicillof, plantea una campaña electoral en la que se encarga de contrastar su modelo económico con el de Javier Milei.

Según datos oficiales, la variación acumulada del salario está por encima de la inflación en lo que va de 2025, con una alteración de precios por encima el 17% mientras que los sueldos estatales bonaerenses acumulan, con el último aumento válido hasta agosto un 22,9%. Para Economía es uno de los indicadores destacados en un contexto difícil, aunque reconocen que, pese que esta recuperación, todavía los salarios corren de atrás a la inflación si el cálculo incluye a 2024. También destacan en el Gobierno que se ha podido continuar con obra pública, aunque sea en un ritmo más lento que en el 2023, y subrayan la continuidad sin interrupciones de los programas alimentarios, cada vez con más demanda. Pequeños brotes verdes en un marco de campo arado.

El ministro de Economía, Pablo López, debe hacer malabares para sostener la gestión sin llegar al colapso financiero, en un año con niveles de recaudación similares a los de 2024, pero muy por debajo de 2023. Los cálculos estiman que la recaudación en términos reales es de aproximadamente 10 puntos menos que la de ese año. Debe agregarse el recorte de transferencias automáticas, que el Gobierno bonaerense reclama por un total de 12 billones de pesos.

En cuanto a la recaudación, se vio una caída interanual en el primer trimestre, pero en el Ejecutivo aseguran que esa tendencia se revirtió en el segundo. Una de las razones es que en los primeros tres meses de 2024 la Provincia cobró un anticipo extraordinario de Ingresos Brutos, herramienta no utilizada este año. Desde Economía aseguran que “en términos reales la recaudación se mantiene igual que el año pasado”, a la vez que destacan eficiencia en el cobro por parte de ARBA.

Augusto Costa y Cristian Girard, dos de los miembros del equipo económico que rodea al gobernador Axel Kicillof.

Igualmente, Ingresos Brutos empieza a acusar cada vez más el impacto de la caída en la actividad económica y el Ejecutivo se quedó sin Ley Impositiva, lo que le hubiera permitido incrementar la recaudación mediante los tributos patrimoniales. En ese sentido, ahora el Gobernador y su ministro de finanzas esperan con ansiedad una actitud positiva de la Legislatura para aprobar el proyecto de endeudamiento tras las elecciones del 7 de septiembre.

Aunque todavía faltan cuatro meses para cerrar el año, el Ejecutivo prevé un cierre de ejercicio parecido al del año pasado. Es decir, un leve superávit económico (ingresos operativos que superan a los gastos operativos), pero con déficit primario y financiero. En 2024 el déficit primario fue de -3% y el financiero de -5,8%. Aclaran que son niveles sostenibles y financiables para la Provincia. Parte de sostener estos índices es porque entra dinero de organismos multilaterales y las Letras de Tesorería continúan como una herramienta clave.

Si bien se han sacado algunos bonos puntuales para proveedores (y de hecho es un sistema aplicado por este Gobierno desde su inicio), no está en la idea del equipo económico cancelar deudas con un gran bono que llegue a todos los rubros, sino que se sostienen los que rollean obra pública y compras del sistema de salud.

Kiicllof y su área económica muestran preocupación por los indicadores macro y microeconómicos, y advierten un deterioro acentuado en los últimos meses, con un efecto directo en la situación social. Las alarmas se dispararon más en las últimas semanas por los sucesivos aumentos de las tasas de interés, medida retráctil del crédito. Para los economistas que pueblan el gabinete bonaerense la intención de Milei de sostener estable al dólar hasta las elecciones de octubre le costará muy cara a la actividad económica. Advierten, además, un incremento en la preocupación de la gente por el desempleo, mientas cuesta llegar más a fin de mes.

“En los últimos dos meses vemos una caída, que probablemente se pronuncie porque no se advierte ningún motor de la economía que pueda repuntar”, sostuvo un funcionario sobre lo que se percibe desde la Provincia. “Lo que más nos preocupa es que la economía no arranca y así la situación fiscal se ve afectada, además de estar afectada por los recursos que Milei recortó”, subrayó. En ese sentido, también apuntan que el discutido superávit fiscal del que se ufana el Presidente “se hace a costa de fondos de las provincias, recortes a jubilados y discapacitados, y con los recursos del Garrahan”. También rechazan capitalizar al stock de deuda los intereses, de modo de no computarlos en el resultado financiero. Claro que, en paralelo, ello aumenta la deuda, y eso no se puede ocultar.

Más allá de las diferencias políticas e ideológicas, lo cierto es que los recortes nacionales afectan sobremanera a la administración bonaerense, que intenta hacer equilibrio sobre una cuerda floja con vientos cruzados por los vaivenes de la macro, las consecuencias de la micro y los avatares políticos de afuera y de adentro.

La recaudación provincial en tiempos de crisis y ajuste nacional

Desde el Gobierno bonaerense detallaron que tres de cada cuatro pesos que recauda el Estado provincial proviene de Ingresos Brutos. Los aportantes en su mayoría vienen de la construcción, la industria y el comercio, entre otras actividades.

Producto de las medidas económicas del Gobierno nacional, fuentes oficiales aseguran que la actividad en PBA cayó 0,7 por ciento entre enero y mayo de este año comparado con el mismo período de 2023. La situación impacta de lleno en los sectores que generan más movimientos y provocan un efecto que golpea a grandes porciones de la sociedad. En función de eso, desde la Agencia de Recaudación (ARBA) sostienen que a pesar del panorama la recaudación mensual asciende a 1,2 billones. Asimismo, indican que la misma se mantiene gracias a medidas de alivio y paliativas que direcciones, sobre todo, a pequeñas y medianas empresas.

En el equipo económico de Axel Kicillof dicen que en Nación poseen “una visión macro financiera alejada de la economía real y no hay crecimiento económico”.

Cómo se compone el pasivo de 12 billones reclamados a Javier Milei

En público y en privado, Axel Kicillof y sus ministros repiten como un mantra que el Gobierno nacional le debe a la provincia de Buenos Aires 12,1 billones de pesos por transferencias no realizadas debido a la paralización de obras, discontinuidad de programas o el incumplimiento de compromisos asumidos. Pues bien, cómo se distribuyen esos recursos que de manera directa o indirecta el Estado bonaerense no ha percibido.

En rigor, 6.906.928 de millones (6,9 billones) no son fondos que Nación le debe al Gobierno de la Provincia, sino que se trata de dinero que el Gobierno de Milei no utiliza en obras públicas nacionales que han sido abandonadas o interrumpidas, y por las cuales el Ejecutivo bonaerense hace reclamos desde el año pasado y ahora busca la manera de quedarse con algunas de ellas para poder concluirlas.

En tanto, las deudas directas ascienden a 5.210.719 de millones (5,2 billones). Y la descomposición es la siguiente: 1,5 billones son fondos no girados por ANSES, que dejó de transferir a las cajas previsionales de la Provincia. Un poco más de 1.251.271 de millones corresponde al Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la Seguridad (FOFOFI). Algo menos de 1 billón pertenece al atraso del Gobierno por la compensación del Consenso Fiscal. Mientras que por el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) la Nación ha dejado de enviar unos 687.634 millones de pesos. El resto de las deudas corresponden a programas de salud, transporte y Desarrollo de la Comunidad.

En el caso del FONID el programa fue interrumpido y la Provincia los pagó el primer mes. Después mejoró el poder adquisitivo de los docentes con aumentos salariales pero sin hacerse cargo del Fondo de Incentivo.

En la calle 6 hablan de un 80 a 90 por ciento de interrupción en el envío de fondos por fuera de la Coparticipación, y esto se debe a que hay un par de transferencias que siguen vigentes. La más importante es la Jornada Extendida y Quinta Hora, de Educación. También hubo algún envío para el Servicio Alimentario Escolar (SAE). Al respecto, el ministro Andrés Larroque señaló: “En lo que va del año, lo único que recibimos del Estado Nacional fue una cuota de 25.842 millones de pesos. Es decir, no cubrimos ni un mes del Servicio Alimentario Escolar”.

El único Adelanto del Tesoro Nacional (ATN) recibido fue de 10.000 millones de pesos para que la Provincia lo transfiriera a Bahía Blanca para atender la emerçgencia ocasionada por la inundación de marzo. La Nación tiene un stock de ATN sin distribuir de 1,2 billones de pesos, lo que ha generado el reclamo de todas las provincias y la aprobación en Diputados de un proyecto de ley para que se coparticipen. El Gobierno, no obstante, piensa vetarlo. También piden los gobernadores que se coparticipe lo que va a fondos fiduciarios (que Nación no ejecuta) del impuesto a los combustibles.

Pago de deuda, permiso de Nación para usar remanente y endeudamiento

El próximo lunes 1 de septiembre vence el plazo para pagar el segundo y último vencimiento del año de servicios de deuda en moneda extranjera (el primero fue el 1 de marzo), por un total de 380 millones de dólares (son bonos en moneda estadounidense y en euros). En el Gobierno aseguran que los fondos para hacer frente al compromiso están asegurados y se depositarán en el transcurso de esta semana, por lo que se sostiene el refinanciamiento conseguido por la actual administración. Los próximos vencimientos de capital son en marzo y septiembre de 2026 y operan en los mismos niveles de este año y del pasado.

En paralelo, y mientras espera la aprobación del nuevo endeudamiento enviado a la Legislatura en mayo, el Ejecutivo pidió a Nación la autorización que necesita para usar el último tramo del remanente de endeudamientos anteriores. Sin precisar cuánto dinero le queda disponible por esa vía, en el entorno de Kicillof admiten que lo necesitarán para financiarse de septiembre en adelante.

A sabiendas que la campaña electoral devora la actividad y paraliza a la Legislatura, en el Ejecutivo esperan que después del 7 de septiembre puedan volver a sentarse con los legisladores para destrabar el pedio de endeudamiento de este año, por el equivalente en pesos a 1.045 millones de dólares.

En el mismo proyecto se pide ampliación de las Letras de Tesorería en pesos por un equivalente a 250 millones de dólares (que se sumarán al programa vigente de 300 millones) y la continuidad de las emergencias administrativas. Las tres herramientas son clave para que la Provincia no culmine el año con un déficit preocupante y sin una asfixia total.

Mensaje político que intenta revertir la parálisis de la obra nacional

Axel Kicillof y los ministros Gabriel Katopodis (Infraestructura) y Pablo López (Economía) anunciaron la semana pasada el envío a la Legislatura de un proyecto de ley para que se habilite al Ejecutivo a avanzar sobre obras nacionales que el gobierno de Javier Milei discontinuó.

Además del mensaje político, el Gobernador busca involucrar a todo el arco dirigencial en la necesidad de que el Gobierno Nacional dé respuesta sobre la obra pública parada y tener potestad para intervenir. Se le pide a Nación que transfiera las obras con su financiamiento, o intervenga ante organismos multilaterales de crédito para conseguir el dinero. En este punto surge, además, una queja: “El Gobierno Nacional no habilita esa ventanilla”, de los empréstitos para obra pública para la provincia de Buenos Aires cuando sí lo hace con otras jurisdicciones.

Son mil las obras nacionales paradas en el territorio bonaerense, y si bien el erario provincial no puede hacerse cargo de todas hay intención de completar algunas, sobre todo en el plano de viviendas, los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y el mejoramiento de algunas rutas, además de tres emblemáticas que Kicillof considera prioritarias. Si bien existe una barrera legal que dificulta la intromisión en jurisdicción nacional, la Provincia apela al “poder de policía”, como reconoció uno de los redactores del proyecto; con mayores posibilidades de intervenir sobre trabajos en los municipios. Por ejemplo, viviendas que se hacen en terrenos provinciales o municipales, o obras en Universidades. Es más dificultoso, por caso, en rutas o vías férreas, donde el comitente es el Estado nacional y no el provincial o el municipal.
El Gobernador mencionó puntualmente la Autopista Presidente Perón, el dragado del río Salado y la atención a Bahía Blanca para paliar las consecuencias de la catástrofe de marzo.

Sobre la autopista el objetivo es que Nación la ceda y la Provincia la termine. Sobre el Salado, donde reparten responsabilidades, el Gobierno bonaerense está en condiciones de iniciar el tramo 5 mientras que Nación no ha concluído su parte del 4. Lo que sí tienen claro en calle 6 es que es imposible hacerse cargo de toda la faraónica obra sobre el río que corta el territorio en dos.

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A menos de un mes de las legislativas, una encuesta de Trespuntozero revela que el 44,5% de los argentinos señala la corrupción como el mayor problema del país, desplazando a la inflación. El estudio también marca un retroceso en la imagen de Javier Milei (39,8% positiva) y un incipiente desencanto entre votantes libertarios, en un clima de fuerte polarización y desconfianza tras el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad.

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