La disolución de la ANMAC y su fusión con el RENAR bajo el Ministerio de Seguridad desataron cuestionamientos sobre el manejo de fondos durante la gestión de Juan Pablo Allan. Críticas de ONGs y expertos señalan irregularidades en la rendición de cuentas, la eliminación del Fondo de Prevención de la Violencia Armada y una flexibilización en el control de armas lo que podría aumentar la violencia en Argentina

Un negocio para pocos que afecta a muchos: Allan, blanco de críticas por los fondos de la ANMAC

El programa Desconfiados, que se emite de lunes a viernes a las 13 horas por Cadena Río, expuso la situación del presunto manejo irregular de los fondos de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). Esto generó un fuerte debate, especialmente tras la eliminación del organismo y su fusión con el Registro Nacional de Armas (RENAR) bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.

En el foco de los cuestionamientos se encuentra Juan Pablo Allan, exdirector ejecutivo de la ANMAC, y actual candidata a primer concejal en La Plata por La Libertad Avanza, cuya gestión ha sido señalada por dudas sobre la transparencia en el destino de recursos millonarios y la rendición de cuentas.

Organizaciones civiles y expertos advierten que estas medidas representan un retroceso en las políticas de control de armas y podrían haber facilitado el uso discrecional de fondos públicos.

La disolución

La ANMAC, creada en 2015 por la Ley 27.192 para regular el control de armas de fuego, explosivos y materiales controlados, fue disuelta el 1 de julio de 2025 mediante el Decreto 445/2025 firmado por el presidente Javier Milei.

Esta norma transformó la agencia en el RENAR, un organismo más antiguo y con menor autonomía, que ahora opera como una entidad dentro del Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich.

La medida, justificada por el Gobierno como una optimización de recursos y reducción de gastos, implicó la pérdida de la autarquía de la ANMAC y la centralización de sus funciones, incluyendo la fiscalización de la Ley de Armas y Explosivos.

Uno de los aspectos más controvertidos de esta fusión es la eliminación del Fondo de Promoción de Políticas de Prevención de la Violencia Armada (FPVA), un mecanismo financiado por tasas y aranceles recaudados por la ANMAC.

Estos recursos, que antes se destinaban específicamente a programas de prevención de la violencia armada, como el Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas, fueron absorbidos por el presupuesto general del Ministerio de Seguridad.

Críticos sostienen que esta absorción genera dudas sobre el destino de los fondos, ya que no hay mecanismos claros de rendición de cuentas ni obligación de destinarlos exclusivamente a la prevención.

"Esto podría convertirse en una 'caja para la política', permitiendo un uso discrecional sin transparencia", advierten fuentes especializadas, aludiendo a sospechas de irregularidades en la gestión previa.

Juan Pablo Allan, abogado platense y exsenador provincial por La Plata (2015-2023), asumió la dirección ejecutiva de la ANMAC en diciembre de 2023, designado por Bullrich.

En febrero de 2025, circularon rumores sobre su posible salida del cargo debido a tensiones con Bullrich, presuntamente relacionadas con el manejo de fondos.

Organizaciones como la Red Argentina para el Desarme han cuestionado su rol, alegando que bajo su dirección se avanzó en una desregulación del mercado de armas, incluyendo la reducción de la edad mínima para acceder a ellas a 18 años y la suspensión de planes de desarme voluntario.

Un negocio de pocos que afecta a muchos

En diálogo con Desconfiados, Sidonie Porterie, directora del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales e integrante de la Red Argentina para el Desarme, ha expresado una profunda preocupación por la disolución de la ANMAC y su fusión con el RENAR.

Según Porterie, esta medida representa "un retroceso enorme", ya que implica dar de baja a un organismo creado por ley que buscaba fortalecer el control sobre la circulación y tenencia de armas en el país.

Señaló que la decisión se tomó en el marco de la ley Bases y representa una vuelta al "viejo registro, que era una creación de periodo de dictadura y que estaba concebido bajo un paradigma registral, no como un organismo de control".

Además, criticó la eliminación del Fondo de Promoción de Políticas de Prevención de la Violencia Armada, que se financiaba con tasas y aranceles. "Con la eliminación de la ANMAC se dio de baja todo el presupuesto", explicó, quien añadió que ahora dependerá de lo que pueda disponer el Ministerio de Seguridad, dejando de ser una obligación legal destinar recursos a la prevención de la violencia con armas de fuego.

La Red Argentina para el Desarme, también alertó sobre otras medidas que se han tomado recientemente, como la baja de la edad de acceso a las armas de 21 a 18 años y la habilitación de fusiles semiautomáticos para la población civil. Consideran que estas políticas "tienen que ver con bajar la edad de acceso a las armas" y "habilitar un mercado de las armas más amplio, más flexible, bajando los controles".

Finalmente, Porterié advirtió que estas medidas representan "un negocio de pocos y en realidad un riesgo que se traslada a toda la comunidad de una manera absolutamente irresponsable y sin consensos ni sociales ni políticos".

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