30 de agosto de 2025
RECLAMO
Advierten que la libre circulación de bitrenes pone en riesgo rutas y seguridad vial
Un informe cuestiona la Resolución 1196/2025, que habilitó a camiones de hasta 30 metros y 75 toneladas a transitar por toda la red vial nacional. Señala que la medida carece de estudios técnicos y trasladará a la sociedad los costos de infraestructura y siniestralidad.
Un informe de la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional advirtió sobre las consecuencias de la Resolución 1196/2025, que autorizó la libre circulación de bitrenes en toda la red vial del país.
La medida fue presentada por el Gobierno nacional como una herramienta para reducir costos logísticos, multiplicar la capacidad de carga y favorecer la reactivación económica. Sin embargo, el documento gremial sostiene que el impacto real podría ser negativo en materia de infraestructura, seguridad vial y costos sociales
El tránsito de camiones de hasta 30,25 metros de longitud y 75 toneladas de peso bruto incrementa las cargas dinámicas sobre rutas, puentes y alcantarillas. Esto, según el informe, implicará mayores costos de construcción, reparación y mantenimiento, que recaerán finalmente sobre el Estado y la sociedad
La extensión y peso de estas unidades reduce la maniobrabilidad y aumenta el riesgo de colisiones, especialmente en rutas de calzada simple. El gremio remarcó que los siniestros no solo generan gastos económicos en salud, seguros y daños materiales, sino también “costos sociales irreparables vinculados a la pérdida de vidas humanas”, en contradicción con la Constitución y compromisos internacionales en materia de seguridad
Hasta ahora, los bitrenes de mayor porte solo estaban autorizados en la autopista Rosario–Córdoba y con restricciones horarias en el tramo CABA–Zárate. La resolución amplía esa habilitación a toda la red, sin estudios técnicos previos que respalden la capacidad de las rutas nacionales.
El documento concluye que la decisión beneficia exclusivamente a un sector transportista, trasladando al conjunto de la sociedad los costos de infraestructura y siniestralidad. Entre sus recomendaciones, pide revisar la resolución, limitar la circulación de estos vehículos a corredores evaluados, exigir estudios de impacto y crear un fondo específico para financiar el mantenimiento vial y programas de seguridad.