La gestión de varios de jefes comunales está bajo el microscopio en los deliberativos. En ocasiones, el conflicto termina en denuncia, y en otras en interpelación. Los apuntados y los que “zafaron”
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“Esta noche, en este recinto, hay un pacto destituyente”, vociferó el intendente vecinalista de 25 de Mayo, Ramiro Egüen, denunciando un supuesto plan urdido por kirchneristas y libertarios para sacarlo del sillón comunal. Fue días atrás, cuando el Concejo Deliberante debatía la creación, en ese ámbito, de una comisión investigadora.
Este tipo de prácticas legislativas convive con otras herramientas que, con mayor o menor justificación, esgrimen los bloques -generalmente de la oposición- para jaquear el poder de los jefes comunales y sus oficialismos.
Entre otros recursos, se recurre a pedidos de informes y solicitudes de interpelación, con el objetivo de conseguir información en algunas ocasiones, o avanzar sobre posibles casos de irregularidades, en otras.
Las diferencias se dirimen, a veces, también en la Justicia, con varios casos en la provincia de Buenos Aires donde los intendentes deben afrontar procesos penales o administrativos, como es el caso de los mandamases de Campana, Sebastián Abella y de 9 de Julio, María José Gentile, ambos del PRO.
La historia también tiene marcados algunos mojones en cuanto a una medida extrema como es la destitución, y que generaron enormes controversias.
En Pinamar, el entonces alcalde Blas Altieri fue removido de su cargo en julio de 2012, tras ser suspendido por 90 días. Se lo acusó, entre otras cosas, de haber adjudicado viviendas sociales a familiares, amigos y funcionarios municipales, siendo reemplazado por el edil Hernán Muriale.
En ese mismo distrito de la costa atlántica, cinco años antes, fue destituido su colega Roberto Porretti, luego de ser condenado a dos años y medio de prisión por el delito de tentativa de extorsión por exigir dinero a un local bailable para no clausurarlo. También Horacio Tellechea, exintendente de Necochea, fue destituido en 2013 por irregularidades en su gestión. Años después fue condenado a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional.
Otros casos fueron los del bahiense Rodolfo Lopes, separado por el Concejo, igual que Marcelo Coronel, de General Rodríguez.
Se suman los intendentes de Baradero, Aldo Carossi; de Luján, Graciela Rosso, y de Mercedes, Carlos Selva, junto con José Luis Pérez, de Balcarce, quien renunció antes de ser enjuiciado y Jorge Rossi, de Lomas de Zamora, obligado a dimitir luego de que la Justicia Federal le fijara una multa diaria si no comenzaba con obras destinadas a sanear la cuenca Matanza-Riachuelo.
CAMPANA Una pasión cruzada por denuncias
La pasión por el automovilismo y la función pública pusieron al intendente de Campana, Sebastián Abella (PRO), en serios aprietos. La Justicia investiga la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de fondos, tras la denuncia de los concejales peronistas de presuntos vínculos con proveedores del municipio que son, a su vez, sponsors de su auto de competición (participaba en la categoría nacional TC Pista, en la que debutó en el año 1998).
Al respecto, los opositores evaluaron que “el año pasado anunció que subía a la categoría Turismo Carretera (TC), lo cual significa un salto cualitativo de la competencia y cuantitativo, porque los recursos que se necesitan para poner un auto en la pista son superiores”. A esto se suma que, a partir de enero, pidió una serie de licencias para ir a correr, luego de sancionarse varias emergencias, otro cuestionamiento para el alcalde. Finalmente, el concejal Alejo Sarna sostuvo que sumaron otra denuncia, al detectar que “la empresa proveedora PRISMA (constructora) tiene la misma dirección que una agrupación política del cuñado de Abella”.
CRUCES EN CORONEL SUAREZ Una interpelación que dejó disímiles resultados para unos y otros
Días atrás, el intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero (UxP), fue sometido a una interpelación en el Concejo Deliberante, a partir de una moción promovida por la edil Evangelina Arroquy, de la Alianza Juntos. Tras la misma, el jefe comunal vecinalista alineado a Kicillof aseguró que “entre otras cosas hablaban de qué había pasado con el CDI, el Centro de Desarrollo Infantil, que no se había terminado, lo mismo que con otras obras de Nación que quedaron paralizadas. Obviamente, les contesté lo que ellos sabían, que esas son obras paralizadas del gobierno anterior y que ahora el gobierno de Axel iba a empezar a terminarlas. Y quedaron paralizadas por el gobierno al que ustedes le fiscalizaron en las elecciones, así que no se tienen por qué sorprender”. El alcalde añadió que “otro tema fue sobre lo que se había gastado en el área de juventud, y los mandé a mirar el RAFAM, ahí está todo detallado. Y si no lo vieron les explicamos cómo funciona, porque todo es público y totalmente transparente. Además, plantearon algo sobre los fondos que se habían gastado en el frigorífico, que eran no sé cuántos millones, pero no hicieron bien las cuentas porque los 160 millones gastados en el año incluían sueldos y salarios. Entonces, cuando le expliqué que el 80% era sueldo y salario no tuvieron respuesta a nada”.
A su turno, la concejal opositora destacó que el jefe comunal “confirmó desconocer la información existente en el RAFAM”, atribuyendo incluso esa falencia a la oposición, y admitió “el incumplimiento de la Ordenanza del Fondo de Financia-miento Educativo”. También apuntó a la reducción del horario del personal municipal, sobre el que mencionó expresiones de disconformidad de los trabajadores, cuando Moccero señaló que “el cien por ciento está de acuerdo con la medida”. Además, Evangelina Arroquy añadió que el intendente “admitió no haber avanzado en gestiones para erradicar el basurero municipal a cielo abierto”, y que ”demostró desconocer el mal funcionamiento de las plantas depuradoras”.
LOBOS Y SAN ISIDRO Dos alcaldes PRO que zafaron de responder a sus opositores
Dos intendentes del PRO pudieron “zafar” de la interpelación, pedida por la oposición con diferentes argumentos. Uno de ellos es el alcalde de Lobos, Jorge Etcheverry, a quien el bloque de UxP apuntó por un convenio firmado con la empresa CECAITRA y por la implementación de cámaras de fotomultas en las avenidas Yrigoyen y Arévalo de ese distrito, además de las rutas 205 y 41.
Finalmente, el Concejo Deliberante rechazó la interpelación gracias al voto del presidente del cuerpo, Agustín Soto (interino): luego de empatar en ocho ediles con la oposición hizo uso del doble voto previsto en el reglamento.
Otro que eludió el mismo requerimiento fue el jefe comunal de San Isidro, Ramón Lanús, quien a poco de transitar su mandato recibió críticas de parte del sector radical vinculado al ex mandamás sanisidrense Gustavo Posse. El bloque de “Acción Vecinal San Isidro es Distinto” presentó un proyecto de decreto para convocar a una sesión especial de interpelación a Lanús, ante lo que consideró “reiterados hechos delictivos” en distintas zonas del distrito, que finalmente no prosperó.
BRAGADO El caso de los “súper proveedores” tiene todavía final abierto
En este distrito de la Cuarta sección electoral, la oposición impulsó un pedido de interpelación al intendente Sergio Barenghi (UxP) por la rendición de cuentas del ejercicio 2024. A la cabeza del reclamo estuvo la concejala Daniela Monzón (LLA), apuntando a la participación de proveedores del municipio “cuya actividad no estaría alineada con los rubros facturados”.
Con diez votos contra ocho, el pedido fue desestimado, aunque la oposición (PRO y LLA) logró convocar a una sesión especial para “desentrañar mecanismos irregulares en la adjudicación de contratos a una firma vinculada al secretario de Gobierno, José Luis Quarleri”, señalaron. Al respecto, explicaron que un proveedor sin empleados registrados recibió -en el periodo 2024- contratos por casi 100 millones de pesos para tareas diversas, desde plomería hasta transporte de personas.
“Contratar de modo tan concentrado, sin licitación transparente, no sólo arroja sombras de favoritismo, sino que también desincentiva la competencia y erosiona la confianza ciudadana”, dijeron.
ARDE 25 DE MAYO Escándalo y acusaciones con una comisión investigadora en ciernes
Un escándalo de proporciones ocurrió en este distrito, luego de que el intendente Ramiro Egüen se presentó sin aviso previo en la sesión del Concejo Deliberante, donde se trataba la formación de una comisión investigadora a iniciativa de la oposición.
Luego de confrontar con ediles del kirchnerismo y La Libertad Avanza, partido al que se había pasado tras llegar al poder de la mano del GEN de Margarita Stolbizer, el jefe comunal lanzó una gravísima acusación. “En este recinto hay un pacto destituyente entre el kirchnerismo, el PRO de (Claudia) Lobosco y La Libertad Avanza, que se quieren llevar puesto a la institucionalidad, a la gobernabilidad”, sostuvo.
Tras pedir que presenten solicitudes de informes, no comisiones investigadoras, si quieren información, Egüen denunció que “vivimos un hecho muy grave: un intento de golpe institucional que buscó afectar la gobernabilidad y la voluntad popular del pueblo de 25 de Mayo, que el 23 de octubre de 2023 me eligió intendente municipal”.
En tal sentido, la edil Yamila Galdós, del bloque Partido Justicialista, defendió el derecho y la obligación de los concejales de revisar las cuentas del Ejecutivo, recordando que el alcalde, a poco de asumir, se atribuyó facultades extraordinarias al declarar la emergencia económico-financiera, de salud y otras. “Lleva un año y ocho meses sin contestar pedidos de informes y nada ha pasado por el Concejo Deliberante salvo el mes y medio que tuvimos en la rendición de cuentas”, reclamó.
La comisión investigadora podría quedar conformada esta semana, tras el cuarto intermedio dispuesto por el Concejo Deliberante, con número para hacerlo.
NUEVE DE JULIO Denuncias y pedido de destitución contra una intendenta del PRO
El gobierno de María José Gentile se vio jaqueado desde el inicio del mandato. La intendenta PRO sufrió la primera denuncia y pedido de informes al descubrirse que una empresa privada del distrito estaba extrayendo tierra de un canal (se debatió si era municipal, nacional o provincial, porque era sobre terrenos del ferrocarril). El Ejecutivo argumentó que el permiso había sido otorgado por su antecesor, Mariano Barroso, del mismo partido, aunque la oposición sostuvo que nunca hubo una contraprestación de la empresa. Se presentó denuncia penal vía Fiscalía, una causa que aún no tuvo resolución.
La segunda denuncia fue luego de la firma de un convenio con la empresa israelí Nandi. “Estaban utilizando un espacio municipal en el polo educativo San Cayetano, y luego se descubrió que no había contraprestación. Además, estuvo metida una concejala del PRO, Inés Ormaechea, porque el marido de ella era el representante de la empresa en Argentina”, señalaron desde la oposición.
A raíz de eso se creó una comisión investigadora, que recolectó pruebas, y en base a eso La Libertad Avanza pidió la destitución de la intendenta. La UCR y el peronismo no acompañaron el pedido, pero avanzaron con una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público, que tampoco tuvo final en la Justicia.
Finalmente, los libertarios ampliaron la denuncia del caso Nandi porque en dicho polo educativo funcionaba también un curso de coaching ontológico. Según señalaron, el mismo cobraba unos $80.000 por inscripto sin ninguna autorización.
