Las cuentas están cada vez más flacas y cuestiones políticas hacen que la aprobación de un nuevo endeudamiento esté estancada en la Legislatura. La incidencia de una interna sin pausa y los pedidos de la oposición.

Kicillof no quiere quedarse sin nafta y piden financiamiento

Por Hernán Sánchez y Andrés Sosa

El problema es económico. La discusión es política. Y no habrá solución de uno sin consensos, tanto internos como con la oposición. En la provincia de Buenos Aires la situación financiera apremia y el arrastre de las políticas implementadas por Nación complica aún más el panorama. Los pedidos de Axel Kicillof por ahora no comulgan ni con la oposición ni con gran parte del oficialismo en la Legislatura. En el Ejecutivo ya fijaron sus prioridades hasta tanto no consigan financiamiento y se preparan pata ajustar más el cinturón.

Las arcas provinciales están cada vez más estresadas. El ministro de Economía les pide a sus pares del gabinete que “tengan paciencia” mientras retiene pagos a proveedores, ralentiza las partidas que llegan por cuotas y hace malabares para sostener el funcionamiento del Estado en medio de una caída recaudatoria, menos recursos nacionales y un mercado difícil para ir a buscar fondos utilizando el remanente de endeudamientos anteriores. En ese contexto, Pablo López necesita un alivio proveniente de un nuevo permiso de endeudamiento, que en su texto tiene mucho más que la posibilidad de salir al mercado del préstamo.

Sin embargo, el proyecto enviado en mayo, que el propio gobernador bonaerense intentó apurar con declaraciones públicas, volvió a quedar sumergido en el entramado político. Discusiones que se suponía aparecerían después del 26 de octubre se adelantaron por el apuro del Ejecutivo en sacar el endeudamiento.

El Gobierno bonaerense precisa con urgencia el financiamiento para poder cerrar el año de manera tranquila y trazar perspectivas hacia el período 2026-2027.

Se exponen las razones de manual como, por ejemplo, que no se habla de endeudamiento si antes no se fija un fondo para municipios. Incluso en Unión por la Patria abonan el reclamo de sectores de la oposición de que “si no está la plata de los intendentes, se terminó la discusión”. Pero todo va más allá, y sobre el escritorio aparecen también los cargos en organismos públicos, que interesan a todos los espacios; mientras que, por debajo de la mesa, en el oficialismo se juega el futuro de la presidencia de Diputados, la jefatura de los bloques y también la futura composición ministerial del gobierno.

Más allá de la importancia de los 1.045 millones de dólares, lo que necesita casi con más urgencia López es la autorización para extender el monto de las Letras de Tesorería por el equivalente en pesos a 250 millones de dólares. También es de suma necesidad contar con las emergencias que les permiten a los ministros ahorrar burocracia y disponer de mayores libertades para gestionar.

La situación se encuentra atada con alambres, y la semana pasada estalló un conflicto en el ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano. Decenas de personas que integran el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) reclamaban al Instituto de la Vivienda que agilizaran el pago de fondos adeudados por programas habitacionales y mantuvieron una protesta en La Plata durante horas. Dirigentes que responden a Juan Grabois se reunieron con la ministra Silvina Batakis y Diego Menéndez. Entre otros aspectos abordados, ambos les desmintieron la versión que tenían sobre una posible paralización total de las obras de viviendas provinciales.

El Senado bonaerense aloja a los principales proyectos que el Ejecutivo pretente que se aprueben y se dan grandes discusiones cruzadas en medio de la interna del oficialismo.

No es el único caso en el que se registran atrasos en el desembolso de fondos, y cada vez se escuchan más voces al respecto. Sectores vinculados a la obra pública aducen que desde el ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos (comandado por Gabriel Katopodis) las dilaciones en pagos de tareas ya ejecutadas alcanzan los 150.000 millones de pesos.

Para que los desembolsos se hagan efectivos, todos los ministerios deben esperar a que López los autorice y firme la habilitación. Los ministros pueden indicar qué prioridades poseen en sus carteras, pero la decisión es del Palacio de Hacienda. Por supuesto, el esquema, apoyado por Kicillof, genera fuertes discusiones entre pares del gabinete. La actualidad marca que mientras algunos le escribían mensajes cada tanto, ahora lo hacen prácticamente todos los días.

En el gobierno pretendían que se votara primero el endeudamiento y después discutir todo el resto con Presupuesto e Impositiva, pero la oposición se aferra a que hubo promesas incumplidas antes, para asegurar que es todo o nada. Ante esta situación, cerca de Kicillof mantienen la postura y no tienen intenciones de moverse.

En ese sentido, reiteran que su prioridad es pagar los salarios de los empleados públicos y garantizar el aguinaldo en diciembre. En caso de no contar con los fondos que piden, aseguran que no les quedará otra que sacar partidas de determinados sectores para destinarlas a los haberes de los estatales. “Se dejará sin destinar recursos a algunas obras”, comentan.

El mal trago en el Senado para el gobierno tiene un costo político para Verónica Magario y Kicillof por una derrota legislativa. “O se la bajan desde adentro o se los lleva puestos a los socios,” dijo un opositor sobre la ley en discusión y sobre las tensiones reinantes. Sectores internos del oficialismo se tiran la pelota unos a otros sobre el fracaso de la sesión. Desde espacios vinculados al kirchnerismo aseguran que Sergio Massa llamó para decir que no, a la vez que desde el propio riñón cristinista avalaban el reclamo del radicalismo de discutir todo ahora. Sin vueltas, así lo dijo la presidenta del bloque de Unión por la Patria en la Cámara alta, Teresa García, en la reunión de labor parlamentaria.

En la Cámara de Diputados, el bloque que conduce Diego Garcierena hizo un llamado al oficialismo para encontrar consensos.

“Primero el fondo para los intendentes”, es una frase que se escucha decir tanto en las oficinas de legisladores oficialistas como opositores. La negociación no es para nada fácil, ya que debe encontrar el consenso para alcanzar los dos tercios en ambas cámaras, mientras se busca que también se traten los cargos pendientes.

Lo que plantea el radicalismo es hablar del endeudamiento corto después de Ley fiscal y del Presupuesto. Es decir, tratar el pedido de Kicillof en última instancia y cuando todo lo demás esté definido. El diputado del bloque UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, planteó que no es posible evaluar la necesidad de la deuda ni las emergencias sin contar con la ejecución presupuestaria y el programa de endeudamiento de 2025, ni con el proyecto de Presupuesto 2026.

Entre otras iniciativas, propuso crear un Fondo de Libre Disponibilidad para los 135 municipios, distribuido por CUD, con montos y plazos definidos, para garantizar previsibilidad a los distritos. También reclamó consensos para completar la integración de la Suprema Corte bonaerense, normalizar el Banco Provincia y otros organismos que dependen del aval legislativo, y reafirmó que el diálogo es esencial para alcanzar acuerdos y evitar el estancamiento de la Provincia.

En este marco, López advirtió que las provincias enfrentan menos recursos por el retiro del Estado nacional de sus funciones y por la caída de la recaudación nacional, que en septiembre fue de casi 9% en términos reales, con una baja aún mayor del 11,2% en los tributos coparticipables. Señaló que la recaudación coparticipable acumulada está más de 10 puntos por debajo de 2023, y que la recaudación de IVA cayó 17%, lo que refleja la profundización del deterioro económico, con menor actividad, consumo y mayor desocupación.

El gobernador Axel Kicillof salió fortalecido con los resultados electorales y ahora busca reafirmar su liderazgo con proyectos claves en la Legislatura bonaerense.

También repasó la política de endeudamiento provincial desde 2019. Recordó que, al asumir, se enfrentaron con una deuda insostenible y vencimientos concentrados, producto del endeudamiento entre 2016 y 2019 cuando la Provincia emitió más de 5.000 millones de dólares en los mercados internacionales, un 87% más que en los dos mandatos previos. En tanto, remarcó que la sostenibilidad financiera es un proceso permanente, y destacó que el peso del pago de deuda en el presupuesto provincial bajó del 17,7% en 2019 al 7,1%, lo que permitió aumentar la inversión en escuelas, rutas y hospitales.

Llegar a la barrera que separa el año fiscal está lejos para un auto que marcha con la reserva y necesita auxilio de la Legislatura. El gobernador Kicillof buscó conseguir la nafta que le falta a un bajo precio. Se la negaron la semana pasada y le puede empezar a salir cada vez más cara. Previsor, el ministro Pablo López lleva el motor regulando, a la espera de muchas manos que le permitan darle el empujón final. Un empujón que hasta podría darle al Gobernador bonaerense el envión para administrar y gestionar tranquilo los dos próximos años, porque si no aparece esa ayuda coorre el alto riesgo de quedar parado.

La prioridad en los salarios y las variables que se manejan en PBA

La principal obligación a garantizar por parte del Gobierno provincial, además de cancelar deudas contraídas a través de distintos mecanismos, es el salario de toda la administración pública. En ese sentido, encara los últimos dos meses con una negociación paritaria por comenzar y el aguinaldo de diciembre en el horizonte.

En agosto, la provincia de Buenos Aires acordó un aumento salarial del 5% en dos tramos, 2,5% para ese mes y 2,5% en octubre, respecto de los haberes vigentes al mes de julio. El acuerdo con estatales, docentes, judiciales y médicos incluía una cláusula para retomar las negociaciones luego de aplicada la última cuota del incremento.

Fuentes consultadas por La Tecla adelantaron que, a la brevedad, comenzarán las reuniones de monitoreo de la situación económica, ya con las liquidaciones del segundo tramo de la suba realizadas. En esos encuentros el ministerio de Economía comparte a los dirigentes gremiales los datos duros en torno a la actividad en el marco de la crisis que atraviesa el país.

Tras las conversaciones informales, se prevé que existan novedades luego de que, el 14 de octubre, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difunda los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Desde ese momento y hasta los primeros 10 días de noviembre habrá tiempo para negociar salarios.

Quienes forman parte de la discusión paritaria, tanto desde el Gobierno como desde los sindicatos, se basan en algunas variables que consideran fundamentales. Estas son, según contaron a este medio, los últimos tres datos de la inflación, el comportamiento de la recaudación y la necesidad de recomponer los ingresos de los sectores que se encuentran más abajo en la pirámide salarial.

De todos modos, desde los gremios adelantaron que habrá un elemento de peso a la hora de evaluar las propuestas de aumento, y se trata del tipo de cambio que sostenga o no el Gobierno nacional. Una posible devaluación después del 26 de octubre -día de la elección- tiene en vilo a las conducciones sindicales y será clave para pensar en acuerdos que no se extiendan demasiado en el tiempo.

Municipios en alerta y en busca de llegar a diciembre sin sobresaltos

Las cuentas de los municipios de la provincia de Buenos Aires se ven afectadas ante cualquier movimiento en la macroeconomía y, en un contexto de crisis, comienzan a crujir las arcas. Es tan sensible la situación que los intendentes mantienen bajo siete llaves sus finanzas, pero la preocupación por el pago de salarios a sus trabajadores comienza a notarse.

En líneas generales, hay una división entre los distritos del Conurbano y los del interior, por lo que sus realidades suelen ser dispares. Los primeros casi no tienen dificultades para garantizar los haberes de los municipales, pero posan sus lamentos ante la falta de obra pública y el impacto en el territorio.

Luego del conflicto en Arrecifes -distrito de la Segunda sección conducido por el PRO-, en el que los trabajadores realizaron un paro por más de 20 días, emergió otro en Suipacha. El municipio de la Primera sección electoral, que tiene como intendente al camporista Juan Mancini, atraviesa un conflicto con sus empleados.

Según pudo conocer La Tecla, desde el municipio de Suipacha solicitaron un salvataje al Poder Ejecutivo para poder afrontar obligaciones. No obstante, la respuesta que encontraron no fue la que esperaban -al menos por ahora- ya que les plantearon que, sin la ley de endeudamiento es muy complicado poder financiar a los distritos.

En el Conurbano hubo un jefe comunal que se movió, y es Lucas Ghi, de Morón. El alcalde se reunió con el ministro de Interior, Lisandro Catalán, con la intención de que el Gobierno nacional retome obras públicas. Tras el encuentro, espera novedades por parte de la Casa Rosada.

Una reunión que pone en suspenso los acuerdos en el peronismo

La reunión entre Axel Kicillof y Cristina Fernández generó muchas expectativas en la previa, pero fue tan fría que ni siquiera hubo una foto entre ambos. Durante los primeros días hubo absoluta reserva sobre el encuentro mano a mano, que quedó opacado por el escándalo protagonizado José Luis Espert, el cual concluyó con su renuncia a la candidatura.

El acuerdo entre ambos campamentos fue salir con un mensaje similar, en el que resaltaron que fue “una buena reunión” y que se habló de sostener la unidad de cara a las elecciones del 26. El Gobernador después se refirió de manera breve y dijo a Canal 8 Stream: “Hablamos un poco de la campaña, de octubre, hablamos de cómo venimos”.

Por supuesto que intercambiaron opiniones sobre el estado de situación del país, pero no hubo tiempo para mucho más. Cristina ya adelantó que cree que Javier Milei podría devaluar a partir del 27 de octubre, pero Kicillof se mantiene cauto al respecto y evita emitir su pronóstico como economista públicamente.

Las diferencias continuaron entre el kirchnerismo y el kicillofismo, a pesar de que en la visita que hizo el mandatario a la expresidenta se charló de sostener la unidad. No obstante, CFK sostiene que, tras los comicios, será el momento de abrir las puertas de las discusiones para ir al hueso de las diferencias.

La expresidenta sí se sacó fotos con dos intendentes de la Séptima sección y el armador camporista de ese territorio. Maximiliano Wesner (Olavarría), Nelson Sombra (Azul) y el exlegislador César Valicenti hablaron sobre “una alternativa seria, clara y contundente hacia adelante”.

Nada ha cambiado en la lógica legislativa y se exigen otras recetas

Montado en un resultado electoral del cual se autopercibe, con justa razón, como el gran ganador, Axel Kicillof fantaseó con un cambio de condiciones en la relación del Ejecutivo con la Legislatura y, fundamentalmente, con los bloques oficialistas. Carlos Bianco, en su entrevista con La Tecla del 16 de septiembre, dijo que “cuando Cristina era presidenta y mandaba un proyecto lo votaban todos”. Y agregó: “Una vez que entra el proyecto y está validado por todo el mundo lo tienen que votar, porque de eso se trata una fuerza política y de eso se trata un bloque”. La realidad les acaba de dar una bofetada. El triunfo electoral no parece haber cambiado las condiciones ni puertas adentro ni puertas afuera.

En la Legislatura se escudan en que “no se puede conseguir un resultado distinto si la negociación es la misma que cuando fracasó el proyecto en mayo, o la misma que hubo cuando fracasó el Presupuesto el año pasado”. Así lo expresa uno de los integrantes de la bancada de Unión por la Patria, y lo avalan desde la oposición.

Sabe el Ejecutivo, además, que pese a las dificultades para llegar a los dos tercios, ahora podría ser más complejo después del 10 de diciembre, cuando los dos tercios dependan de los libertarios y sus socios del PRO. Hay quienes, sin embargo, dicen que “actualmente son demasiados espacios los con los cuales negociar; quizá después, aunque sean más duros, resulte más fácil porque sólo habrá que buscar un interlocutor entre los libertarios. Como sea, la necesidad hace que el Ejecutivo tenga que esforzarse por conseguir el endeudamiento en breve.

En ese sentido, sigue en plena vigencia el acuerdo entre el PRO, la UCR-Cambio Federal y la Coalición Cívica, quienes traban los dos tercios en Diputados, y así lo hicieron saber el jueves pasado mientras se debatía en la Cámara alta, a la vez que en el Senado los radicales consiguieron una mini victoria. En el juego de la política, dinámico y cambiante, no ha sido esta la única oportunidad en la que sectores del peronismo, en disputa con Kicillof, y espacios opositores se retroalimentan en sus necesidades.

Una de las cuestiones que también aflora, a modo de queja en el Parlamento, es que Kicillof mantiene a la Secretaria General, Agustina Vila, como interlocutora, “que puede resolver desde el punto de vista técnico, pero no resuelve cuando aparecen los planteos de los acuerdos políticos”, señaló el titular de una bancada opositora.

Una negociación demorada que se torna cada vez más compleja

El dejar pasar que Axel Kicillof aplicó para demorar las conversaciones por los cargos pendientes en la estructura provincial, -muchos de los cuales le corresponden a la oposición-, se le ha vuelto al Ejecutivo como un boomerang afilado. Cerrar los acuerdos se hace cada vez más difícil en un esquema de atomización opositora y de parcelaciones internas, donde todos piden, exigen y pretenden cobrar promesas incumplidas. Ahora, sin esa discusión de por medio, le será casi imposible al Ejecutivo avanzar en normativas clave.

Entre una serie de razones por las cuales explicó por qué buena parte del cuerpo legislativo no se sentará a hablar de endeudamiento si no se acuerdan otras cuestiones, el presidente de la bancada de la UCR-Cambio Federal en Diputados, Diego Garciarena, posteó en X que requieren “buscar consensos necesarios para lograr la integración de la Suprema Corte de Justicia que hoy funciona en minoría (3 miembros sobre 7); normalización del directorio del Banco Provincia así como de todos los organismos que requieran acuerdo de la Legislatura”.
Los principales cargos que están en danza son:

4 jueces de la Suprema Corte de Justicia, de los cuales la oposición irá en la búsqueda de dos, a sabiendas de que difícilmente consiga más de uno. En ese sentido, en el radicalismo aducen que les corresponde elegirlo a ellos porque es una promesa realizada incluso antes de las elecciones de 2023, y que no debiera influir la retracción de bancas que el partido tuvo en las dos últimas elecciones.

Subprocurador General de la Provincia, que debe designarse.

6 vacantes en el Tribunal Fiscal de Apelaciones, donde la oposición también debe tener lugares.

4 sillas del Directorio del Banco Provincia están con mandato prorrogado (una de ellas vacante por fallecimiento) , de las cuales la oposición reclama dos; pero también es un tema de debate interno acerca de a quién le corresponden las del oficialismo. Además, los otros 4 directores terminan mandato el 1 de enero de 2026 y hay quienes pretenden que se pongan ahora sobre la mesa los 8 directores.

Quedan por designarse titulares de las empresas del Grupo Bapro, que también se reparten entre oficialistas y opositores.

El mandato del Contador General de la Provincia está vencido.

Están caducos los mandatos en el Consejo General de Educación donde la oposición cuenta con 2 lugares. Estas designaciones son aprobadas por la Cámara de Diputados.

Las internas en la oposición también juegan un rol protagónico

Verónica Magario buscó construir una mayoría con sectores de la oposición y así presionar a los 21 senadores de Unión por la Patria para que votaran el endeudamiento y no quedaran como quienes trababan el proyecto, desnudando otra vez, y descarnadamente, la interna. Necesitaba 10 manos y las buscó conseguir con el bloque de UCR-Somos Buenos Aires, integrado por Agustín Máspoli y Alejandro Cellillo; con el sector del PRO que no adhiere a La Libertad Avanza; con Joaquín De la Torre (unibloque de Derecha Popular); y con los tres miembros de Unión Liberal.

Christian Gribaudo, a cargo de la bancada de PRO (9 integrantes), se comprometía a aportar los votos de él y de Marcelo Leguizamón, Yamila Alonso, María Emilia Subiza y Juan Manuel Rico Zini. El resto del PRO, y los bloques de La Libertad Avanza y de UCR-Cambio Federal no acompañaban. Sin embargo, con lo que nunca podía contar la vice era con el bloque de Unión Liberal, pese a que mantuvo conversaciones positivas con su titular, Sergio Vargas. Es un secreto a voces que ese espacio tiene línea directa con Sergio Massa, y el tigrense es de los que abonan la teoría de que antes de discutir endeudamiento hay que cerrar todos los acuerdos.

Pero todas estas negociaciones hicieron mella en distintos campamentos. Juntos hasta antes del cierre de listas, pero ahora separados, los radicales trasladaron cuitas internas a la institucionalidad. Haciendo valer que son más (6), en la reunión de Labor Parlamentaria, desde el bloque UCR – Cambio Federal reclamaron la vicepresidencia cuarta de la Cámara, que tiene Cellillo, y propusieron a Nerina Neumann. La movida quedará sólo como anécdota si el exintendente de General Alvear no renuncia, porque tampoco se hará una sesión especial para removerlo, como exige el reglamento; pero deja expuesto al legislador.

También en el PRO la sensación de implosión interna sobrevoló densamente los pasillos del Senado. El bloque hubiera quedado con votación dividida si el endeudamiento llegaba al recinto, y desde el PRO de Diputados llegaban señales que en la Cámara baja había mayor consenso, puertas adentro, dsobre el camino a tomar. Pero el Senado tiene la particularidad de que, tanto ahora como después, los sectores amarillos disidentes podrían armar una bancada mayor de la que formarían los PRO amigos de los libertarios.

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