22 de octubre de 2025
COMPLICADOS
Villa Gesell: la Justicia pone la lupa sobre el manejo de fondos municipales
Un informe de la Unidad de Delitos Económicos revela posibles desvíos de recursos destinados a obras públicas. Los funcionarios implicados niegan perjuicio patrimonial, pero la Procuración considera que sus descargos no los eximen de responsabilidad.
La Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos, elevó un informe al fiscal interviniente en el marco de una causa que investiga presuntas irregularidades en la administración de fondos públicos del Municipio de Villa Gesell.
El expediente, fechado el 1 de agosto de 2025, analiza las declaraciones del secretario de Hacienda, Víctor Ciriaco, la tesorera municipal, Silvia Jorge, y del exsecretario de Hacienda, Jonathan Tranon , todos involucrados en maniobras administrativas vinculadas al uso de fondos destinados a obras públicas entre 2015 y 2016.
Según la investigación, los funcionarios habrían aplicado parte de esos fondos a plazos fijos con fines distintos a los previstos originalmente, sin reintegrar los intereses generados, lo que podría configurar una malversación de caudales públicos. También se detectaron pagos sin respaldo documental y movimientos de cuentas fuera de los criterios establecidos por la Ley Orgánica de las Municipalidades.
El informe señala que en los expedientes aparecen firmas y autorizaciones vinculadas a Jonathan Tranon , en ese momento responsable político del área de Gobierno, quien habría avalado parte de las órdenes de pago y la tramitación de expedientes observados por los auditores.
El Honorable Tribunal de Cuentas (HTC) ya había advertido sobre estas maniobras en revisiones anteriores, al detectar irregularidades en la imputación de intereses y la utilización de recursos afectados a obras. En sus descargos, Ciriaco, Jorge y Ugalde sostuvieron que actuaron conforme a las normas administrativas vigentes y que no existió perjuicio patrimonial para el Municipio.
No obstante, el informe judicial concluye que las explicaciones presentadas no alcanzan para eximirlos de las responsabilidades penales que se les imputan. La investigación continúa bajo la órbita de la Procuración General bonaerense, en el marco de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos.