¿ALGUIEN DIJO INTERNA?
La Tecla
Redacción
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Las vacantes en la Corte y el deadline que amenaza a la oposición antes del 10D
Axel Kicillof busca que le aprueben un paquete de leyes clave y se encuentra con demandas de bloques opositores. Las intenciones de negociar los jueces del máximo tribunal antes de que cambie la actual conformación de la Legislatura se ven complicadas por los plazos legales fijados en un decreto del 2004.
El gobernador, Axel Kicillof, presentó en la Legislatura los proyectos de Presupuesto, Fiscal Impositiva y endeudamiento por lo que ya comenzaron algunas charlas para lograr su aprobación. En medio de la interna en el oficialismo, sectores de la oposición demandan a cambio que se abra la negociación para la ocupación de cargos en la estructura administrativa y jurídica provincial. El tiempo urge y hay quienes pretenden que todo sea acordado y votado antes de que cambie la conformación de ambas Cámaras.
El Poder Ejecutivo activó a sus interlocutores entre los que se encuentran la secretaria General, Agustina Vila, y el intendente y diputado provincial electo, Mariano Cascallares. Al mismo tiempo, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, es otro de los que puede tomar esa tarea para acercar posiciones. Por supuesto, tanto el propio mandatario provincial como Pablo López (Economía) y Carlos Bianco (Gobierno) están al tanto de las conversaciones.
Es sabido que los diferentes bloques de la oposición exigen que se ponga sobre la mesa la discusión para ocupar los cargos que les corresponden históricamente y que hasta ahora no fueron designados. Entre ellos se encuentran el director del Banco Provincia, Consejo General de Cultura y Educación, y autoridades de las Cámaras de Diputados y Senadores.
Por supuesto, lo más codiciado es el botín de las vacantes en la Suprema Corte de Justicia bonaerense, pero no se trata de un camino fácil de desandar. Hay quienes desean y añoran que se aborde el tema y pretenden que sea aprobado antes del 10 de diciembre, día en el que cambiará la conformación de la Legislatura.
Según pudo conocer La Tecla, en el Poder Ejecutivo no están de acuerdo en poner en juego las sillas vacantes en el máximo tribunal por las tres iniciativas que envió. No obstante, en el entorno de la Gobernación plantean que sí están dispuestos a recibir propuestas de modificaciones a los proyectos y que hasta podrían charlar sobre cargos menores.
Lo cierto es que el oficialismo tendrá mejores condiciones para tales nombramientos después del 10D en el Senado ya que contará con 24 de 46 legisladores y no precisará de la oposición. En todo caso tendrá que lidiar con sus demonios internos para ponerse de acuerdo. Además, para aprobar los pliegos sólo precisa mayoría simple y no enfrentar el dolor de cabeza de llegar a los dos tercios.
Un punto que juega a favor a las aspiraciones de Kicillof tiene que ver con los plazos legales del proceso que implica el nombramiento de cortesanos y el mismo implica hasta poco más de un mes. El Decreto 735/04 establece un procedimiento obligatorio para la designación de magistrados de la Suprema Corte de Justicia, del Procurador y del Subprocurador General (que también está vacante). Según lo dispuesto, la facultad que otorga el artículo 175 de la Constitución Provincial al Poder Ejecutivo deberá ejercerse dentro de un esquema reglamentado que incorpora tres principios: publicidad de los candidatos, presentación de declaraciones juradas y posibilidad de observaciones ciudadanas.
El proceso se inicia con la publicación durante tres días consecutivos en el Boletín Oficial, en tres diarios de circulación nacional y en tres diarios provinciales. En esa publicación deben incluirse los nombres y antecedentes curriculares de las personas consideradas para cubrir la vacante, junto con su difusión simultánea en la página web del Ministerio de Justicia. Los postulantes deberán presentar una declaración jurada de bienes, que abarque los activos propios, del cónyuge o conviviente, los bienes gananciales y los de los hijos menores. Además, deberán informar su participación en asociaciones civiles o sociedades comerciales durante los últimos cinco años, los estudios jurídicos a los que pertenezcan o hayan pertenecido, y la lista de clientes o contratistas en ese período.
Una vez publicada la información, se abre un plazo de 15 días para que los ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, entidades académicas, asociaciones profesionales o de derechos humanos presenten observaciones o impugnaciones fundadas. Las presentaciones deben realizarse por escrito ante el Ministerio de Justicia y se aclara que no se considerarán las que resulten irrelevantes o que se basen en motivos de discriminación. Durante ese mismo período, la cartera podrá solicitar opiniones a instituciones o referentes de relevancia en los ámbitos judicial, académico o social, con el fin de ponderar los antecedentes y la idoneidad técnica de los candidatos.
Cumplido el plazo de recepción de observaciones, el Poder Ejecutivo dispone de otros 15 días para decidir si eleva o no la propuesta al Senado provincial. En ese lapso deberá fundar su decisión y, en caso afirmativo, enviar al Senado el nombramiento con todo lo actuado para que sea tratado en sesión pública, según lo previsto por la Constitución.
En total, el proceso de selección —desde la primera publicación en el Boletín Oficial hasta la eventual elevación al Senado— puede extenderse hasta 33 días: tres días de publicación, 15 para la recepción de observaciones y 15 para la decisión final del Poder Ejecutivo. Por ese motivo, el deadline amenaza a las intenciones de sectores de la oposición para que todo se apruebe antes del cambio de la Legislatura.
La Corte quedó con sólo tres de sus siete miembros: Daniel Soria, Hilda Kogan y Sergio Torres, tras los fallecimientos de Héctor Negri (2020) y Luis Genoud (2025), además de las renuncias de Eduardo De Lázzari y Eduardo Pettigiani. A su vez, en función de las cuatro vacantes, la presidencia de la Casación bonaerense integra el máximo tribunal a la hora de fallar, ese lugar fue ocupado por Florencia Budiño en 2024 y este 2025 lo ostenta Mario Eduardo Kohan. La situación se sostiene desde el 2024 y hasta el momento persisten las sillas vacías, una situación que le genera cuestionamiento del kirchnerismo a Kicillof.
El Poder Ejecutivo activó a sus interlocutores entre los que se encuentran la secretaria General, Agustina Vila, y el intendente y diputado provincial electo, Mariano Cascallares. Al mismo tiempo, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, es otro de los que puede tomar esa tarea para acercar posiciones. Por supuesto, tanto el propio mandatario provincial como Pablo López (Economía) y Carlos Bianco (Gobierno) están al tanto de las conversaciones.
Es sabido que los diferentes bloques de la oposición exigen que se ponga sobre la mesa la discusión para ocupar los cargos que les corresponden históricamente y que hasta ahora no fueron designados. Entre ellos se encuentran el director del Banco Provincia, Consejo General de Cultura y Educación, y autoridades de las Cámaras de Diputados y Senadores.
Por supuesto, lo más codiciado es el botín de las vacantes en la Suprema Corte de Justicia bonaerense, pero no se trata de un camino fácil de desandar. Hay quienes desean y añoran que se aborde el tema y pretenden que sea aprobado antes del 10 de diciembre, día en el que cambiará la conformación de la Legislatura.
Según pudo conocer La Tecla, en el Poder Ejecutivo no están de acuerdo en poner en juego las sillas vacantes en el máximo tribunal por las tres iniciativas que envió. No obstante, en el entorno de la Gobernación plantean que sí están dispuestos a recibir propuestas de modificaciones a los proyectos y que hasta podrían charlar sobre cargos menores.
Lo cierto es que el oficialismo tendrá mejores condiciones para tales nombramientos después del 10D en el Senado ya que contará con 24 de 46 legisladores y no precisará de la oposición. En todo caso tendrá que lidiar con sus demonios internos para ponerse de acuerdo. Además, para aprobar los pliegos sólo precisa mayoría simple y no enfrentar el dolor de cabeza de llegar a los dos tercios.
Un punto que juega a favor a las aspiraciones de Kicillof tiene que ver con los plazos legales del proceso que implica el nombramiento de cortesanos y el mismo implica hasta poco más de un mes. El Decreto 735/04 establece un procedimiento obligatorio para la designación de magistrados de la Suprema Corte de Justicia, del Procurador y del Subprocurador General (que también está vacante). Según lo dispuesto, la facultad que otorga el artículo 175 de la Constitución Provincial al Poder Ejecutivo deberá ejercerse dentro de un esquema reglamentado que incorpora tres principios: publicidad de los candidatos, presentación de declaraciones juradas y posibilidad de observaciones ciudadanas.
El proceso se inicia con la publicación durante tres días consecutivos en el Boletín Oficial, en tres diarios de circulación nacional y en tres diarios provinciales. En esa publicación deben incluirse los nombres y antecedentes curriculares de las personas consideradas para cubrir la vacante, junto con su difusión simultánea en la página web del Ministerio de Justicia. Los postulantes deberán presentar una declaración jurada de bienes, que abarque los activos propios, del cónyuge o conviviente, los bienes gananciales y los de los hijos menores. Además, deberán informar su participación en asociaciones civiles o sociedades comerciales durante los últimos cinco años, los estudios jurídicos a los que pertenezcan o hayan pertenecido, y la lista de clientes o contratistas en ese período.
Una vez publicada la información, se abre un plazo de 15 días para que los ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, entidades académicas, asociaciones profesionales o de derechos humanos presenten observaciones o impugnaciones fundadas. Las presentaciones deben realizarse por escrito ante el Ministerio de Justicia y se aclara que no se considerarán las que resulten irrelevantes o que se basen en motivos de discriminación. Durante ese mismo período, la cartera podrá solicitar opiniones a instituciones o referentes de relevancia en los ámbitos judicial, académico o social, con el fin de ponderar los antecedentes y la idoneidad técnica de los candidatos.
Cumplido el plazo de recepción de observaciones, el Poder Ejecutivo dispone de otros 15 días para decidir si eleva o no la propuesta al Senado provincial. En ese lapso deberá fundar su decisión y, en caso afirmativo, enviar al Senado el nombramiento con todo lo actuado para que sea tratado en sesión pública, según lo previsto por la Constitución.
En total, el proceso de selección —desde la primera publicación en el Boletín Oficial hasta la eventual elevación al Senado— puede extenderse hasta 33 días: tres días de publicación, 15 para la recepción de observaciones y 15 para la decisión final del Poder Ejecutivo. Por ese motivo, el deadline amenaza a las intenciones de sectores de la oposición para que todo se apruebe antes del cambio de la Legislatura.
La Corte quedó con sólo tres de sus siete miembros: Daniel Soria, Hilda Kogan y Sergio Torres, tras los fallecimientos de Héctor Negri (2020) y Luis Genoud (2025), además de las renuncias de Eduardo De Lázzari y Eduardo Pettigiani. A su vez, en función de las cuatro vacantes, la presidencia de la Casación bonaerense integra el máximo tribunal a la hora de fallar, ese lugar fue ocupado por Florencia Budiño en 2024 y este 2025 lo ostenta Mario Eduardo Kohan. La situación se sostiene desde el 2024 y hasta el momento persisten las sillas vacías, una situación que le genera cuestionamiento del kirchnerismo a Kicillof.